Conforme avanzan los días y Joe Biden hace nuevos anuncios de cara a su eventual toma de posesión, van marcándose sustanciales diferencias con respecto a las políticas del gobierno de Donald Trump. El caso de Venezuela ha sido una incógnita, aunque también se vislumbran cambios a partir de la llegada del demócrata a la Casa Blanca. Si bien no hay nada seguro aun, cada vez es más evidente que la nueva administración establecerá una línea de acción muy distinta a la que Washington mantuvo estos cuatro años. Negociar con Maduro podría ser una opción.
Mientras tanto, Donald Trump, quien aun no ha reconocido oficialmente el triunfo de su rival, mantiene la presión sobre el régimen de Maduro. Lejos de abandonar sus acciones, sigue anunciando sanciones contra la dictadura y sus colaboradores.
Trump se mantiene firme
Acercarse a negociar con el régimen de Maduro -hacia donde parece apuntar la política de Biden- sería una estrategia diferente a la que mantuvo Donald Trump. El mandatario republicano insistió en que solo negociaría los términos de la rendición de Maduro.
En este sentido, se ha mantenido firme en la imposición de sanciones contra los funcionarios del régimen y sus aliados internacionales. Se trata de una ruta de la cual Trump no se ha apartado, ni siquiera ante su eventual salida de la Casa Blanca.
Este viernes, Washington dio a conocer nuevas medidas contra quienes apoyan al régimen de Maduro.
El Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado anunciaron sanciones contra la empresa Ex-Cle Soluciones Biométricas, encargada del sistema automatizado en las elecciones legislativas del 6 de diciembre. La medida se toma por su rol en unos comicios que fueron denunciados por Washington como una «farsa».
Ex-Cle C.A., subsidiaria en Venezuela de una empresa argentina del mismo nombre, tiene contratos por «millones de dólares» con el régimen de Nicolás Maduro, que no está reconocido por casi 60 países, entre ellos Estados Unidos.
Washington acusa a Ex-Cle Soluciones Biométricas C.A. de «respaldar materialmente al presidente ilegítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, lo que incluye proporcionar bienes y servicios que el régimen de Maduro empleó para llevar a cabo las fraudulentas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020″.
Washington también sancionó a Guillermo Carlos San Agustín y a Marcos Javier Machado Requena por haber actuado «para o en nombre» de Ex-Cle C.A.
Las acciones no se detienen
«Aquellos que buscan socavar las elecciones libres y justas en Venezuela deben rendir cuentas. La dependencia de Maduro de empresas como Ex-Cle C.A., así como de la firma tecnológica CEIEC de la República Popular China recientemente sancionada, para manipular los procesos electorales no debe dejar ninguna duda de que las elecciones legislativas del 6 de diciembre fueron fraudulentas y no reflejan la voluntad del pueblo venezolano», dijo el Departamento de Estado en un comunidao.
«Instamos a todos los países comprometidos con la democracia a que condenen las fraudulentas elecciones del 6 de diciembre y los continuos esfuerzos del régimen ilegítimo por destruir la democracia en Venezuela», agrega la nota.
Por su parte, Nicolás Maduro desestimó las sanciones adoptadas por el gobierno de Estados Unidos contra Ex-Cle C.A. «Me enteré que el inefable, el impresentable Mike Pompeo hoy sacó unas sanciones estúpidas», afirmó en un acto en la Asamblea Nacional Constituyente. Este organismo, compuesto solo por chavistas, es rechazado por la mayor parte de la comunidad internacional.
El propósito de las sanciones
Estos anuncios son una muestra de la política que ha mantenido el gobierno de los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump hacia el régimen chavista. Desde el año 2017, Washington ha sancionado a personas, empresas y entidades petroleras asociadas con el régimen de Maduro, tanto dentro como fuera de Venezuela.
Estas medidas están diseñadas para asegurar que Maduro y sus colaboradores no se beneficien de las operaciones ilegales de minería de oro. Tampoco de las actividades petroleras estatales o de otras transacciones comerciales. Intentan cortar el financiamiento a las actividades criminales del régimen y su sistemática violación de los derechos humanos.
Un buen ejemplo son las sanciones petroleras. La actividad de los hidrocarburos constituyen la principal fuente de ingresos de Venezuela. Al contarla, se trata de frenar las actividades del régimen.
Maduro y sus aliados dicen que las sanciones son culpables de la crisis económica. Pero los problemas en Venezuela comenzaron mucho antes. Además, el gobierno de Estados Unidos solo impone sanciones a personas y empresas partidarias de Maduro. Y no disminuye la cantidad de asistencia que contribuye a Venezuela.
Washington aportó más de 656 millones de dólares en ayuda para el pueblo venezolano entre 2017 y 2019. El presidente Trump propuso en el presupuesto fiscal de 2021 incluir 205 millones de dólares para atender las necesidades de salud y agrícolas de los venezolanos.
Cambio de rumbo
Mientras, los asesores de Joe Biden apuntan en otra dirección. Se estarían preparando para negociar con el régimen de Nicolás Maduro. Aseguran que su intención es buscar soluciones que acaben con la crisis económica y humanitaria por la cual atraviesa Venezuela.
La meta, dicen, será impulsar elecciones libres y justas en el país suramericano. Es decir, el nuevo gobierno estaría abierto a negociar con Maduro, para lograr una solución exitosa. También se está evaluando qué sanciones podrían levantarse en caso de que el régimen coopere con la restitución de la democracia en el país.
Biden espera contar con la cooperación por parte de los principales aliados internacionales del régimen. Para ello, ofrecería un marco de nuevas relaciones de los Estados Unidos con Rusia, China, Irán y Cuba, a cambio de que colaboren con la resolución de la crisis en Venezuela.
Dos visiones distintas
Este cambio de política ha sido uno de los asuntos más controversiales en las futuras relaciones de la Casa Blanca con América Latina. Desde la campaña presidencial, ha causado mucho ruido el posible regreso a la política de Barack Obama, de acercamiento y levantamiento de las sanciones a la dictadura cubana. También su posible repercusión en el mantenimiento del régimen chavista en Venezuela, además de la propagación de este tipo de sistemas por el resto del continente.
De hecho, muchos exiliados cubanos resienten la decisión del presidente Barack Obama de normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba en 2014. Para los analistas políticos en el sur de la Florida, la derrota de Biden en ese estado se debió, al menos en parte, a ese resentimiento.
Si bien las sanciones y el desconocimiento al régimen no han logrado que Maduro abandone el poder, hay dudas sobre los efectos que pueda tener el acercamiento que posiblemente tome Biden.
La disidencia cubana denunció que la política de apertura hacia La Habana, establecida por Obama, sirvió para dar un respiro a la dictadura castrista. En la oposición venezolana existe el temor de que algo así puede suceder en el caso de Maduro y sus colaboradores.
Los que apoyan el cambio de estrategia de Biden, apuestan a que las negociaciones sirvan para que la dictadura chavista acepte dar algunas concesiones democráticas, que le brinden a los venezolanos una mayor libertad. Eso es precisamente lo que esperaban que ocurriera en Cuba, pero jamás sucedió.
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