El ingreso mínimo vital (IMV), que surgió como una iniciativa de la Seguridad Social para ayudar a las familias más vulnerables, no termina de llegar a ese colectivo tan doblemente necesitado, ahora con la pandemia. Este sistema, que es apoyado por la UE y organismos financieros internacionales, sigue presentando trabas burocráticas. Algunos beneficiarios reportan que no necesitan el aporte, mientras que otros lo reciben sin siquiera haberlo solicitado. Entre ambos quedan los que lo necesitan y no lo reciben.
Desde su entrada en vigor, en junio pasado, los solicitantes se han quejado de dilaciones y complicaciones que les impedían acceder a ese beneficio. Luego el Gobierno aprobó modificaciones a la norma, en cuanto a retroactividad, plazos y condiciones, que buscaban aligerar los trámites. Ahora, un grupo de familias dicen recibir la ayuda de oficio, sin necesitarlo. Incluso están dispuestas a renunciar a ella.
La Asociación Víctimas del Paro ha recibido denuncias de que la Seguridad Social ha otorgado la prestación con base en datos no actualizados. Las personas que están recibiendo el aporte señalan tener ingresos suficientes en la actualidad e intentan renunciar al beneficio.
Joaquín García, presidente de la asociación, cuestiona los procedimientos para obtener el ingreso mínimo y las inequidades que genera. “El IMV se da erróneamente a algunas personas. Mientras muchos hogares sin ingresos, siguen viendo como pasan los días, semanas y meses y no les dan respuesta desde el 15 de junio que lo solicitaron. Después de haber gastado tiempo, y hasta dinero, para poder solicitarlo”.
Beneficiarios del IMV sin necesitarlo y sin solicitarlo
En estos cuatro meses el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha contabilizado casi 750.000 solicitudes de la prestación no contributiva y, según el Ministerio de Inclusión Social, a la fecha resultan 136.000 familias beneficiarias del IMV.
Del total de solicitudes, más del 7,5% se ha recibido por duplicado, 40% ha llegado con la documentación incompleta y otra parte, sin certificado de empadronamiento. Además, se han denegado cerca de 36.800 planillas. Más de la mitad de los casos se debe a que exceden los límites de renta y/o patrimonio fijados como requisitos para obtener este ingreso contra la pobreza extrema.
La situación no ha mejorado. Persisten los obstáculos, las imprecisiones y las desigualdades. Advierte García que uno de los problemas consiste en que se le esté dando prioridad a personas que ya cuentan con alguna ayuda. Incluso “se está dando el IMV a algunas personas que no lo solicitan porque no lo necesitan». Estas familias beneficiarias están comunicando su situación a través de redes sociales. Han intentado ponerse en contacto con la Seguridad Social y están dispuesto a renunciar a ese ingreso.
En la Seguridad Social aseguran que “a las personas que han resultado beneficiarias del IMV es porque cumplen los requisitos”. Se han tomado en cuenta en función de los ingresos de 2019 para hacer el cálculo. También indican los efectos positivos de las modificaciones de los trámites, aprobado en Consejo de Ministros del 22 de septiembre.
Empleos para todos
En momentos de decrecimiento económico, cierre de empresas y desempleo, los gremios solicitan otras ayudas igualmente duraderas para apuntalar a los más afectados por la crisis sanitaria. Sugieren intensificar el diálogo social y extender en el tiempo la cobertura de los ERTE, entre otros.
Un sondeo de Cepyme indica que 52% de las empresas estima recortar el empleo en 2021, secuela de la emergencia por la COVID-19. Asimismo, prevén que la segunda oleada y las renovadas restricciones sociales, elevará las quiebras en el comercio con 67.500 cierres. Además de las pérdidas de ingresos y puestos de trabajo en los sectores de la restauración y hostelería, grandes dinamizadores del empleo.
La Asociación Víctimas del Paro propone un Plan Estatal de Trabajo y Actividad para los desempleados. En especial, en los hogares sin ingresos que ni siquiera cumplen los requisitos para ser beneficiarias del IMV.
En España 12,3 millones personas (26,1% de la población) se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en 2019. Esta cifra preocupantemente alta no incluye el impacto de la pandemia.
Joaquín García considera “urgente y prioritario” trabajar en el Plan. Invita al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Inclusión Social y otros entes afines a acelerar esta propuesta orientada a evitar un mayor descalabro en los niveles de pobreza y desprotección de los más vulnerables.
“Estamos hablando de incorporar a unas 200.000 o 250.000 personas, sin derecho al ingreso mínimo. Hay cientos de trabajos y actividades que podrían realizar”, indicó García.
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