La urbanización avanza a un ritmo muy acelerado. La mitad de la población mundial vive ahora en ciudades y se prevé que esta cifra aumente a dos tercios para 2050. Las ciudades enfrentan enormes desafíos ambientales, socioeconómicos y espaciales y, aunque pueden ser centro para el desarrollo económico, también pueden exacerbar las desigualdades. ONU-Habitat, el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, recibió el mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1978 para abordar los problemas del crecimiento urbano. Hoy, colabora con gobiernos y socios locales para definir la visión urbana del mañana.
Con oficinas en más de noventa países, ONU-Hábitat, promueve el desarrollo de asentamientos humanos social y ambientalmente sostenibles y una mejor calidad de vida para todas las personas en las ciudades y comunidades. El propósito es que las ciudades se conviertan en motores inclusivos y asequibles del crecimiento. Y en tal sentido, se impulsa el cambio transformador en las ciudades y los asentamientos humanos a través del conocimiento, el asesoramiento sobre políticas públicas, la asistencia técnica y la acción de colaboración.
Se trata de no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás para reducir la desigualdad espacial y la pobreza en las comunidades urbanas y rurales, aumentar la prosperidad compartida en ciudades y regiones, actuar por la acción climática y mejora del entorno urbano y promover la prevención y respuesta efectiva ante las crisis urbanas.
Arquitecta y urbanista especialmente enfocada en el desarrollo urbano sostenible, Beatriz Jordao tiene una amplia experiencia en proyectos de inversión en infraestructuras, así como en proyectos de mejoramiento integral de barrios e incremento de resiliencia urbana.
Afirma que el 70% de la infraestructura que se necesitará para albergar el crecimiento de la población urbana global en 2030 aún no se ha construido. ¿Cómo deben diseñarse los entornos urbanos para que sean sostenibles y eficientes?
La idea de que el 70% de la infraestructura que se necesitará en los próximos años aún no se ha construido surge de las proyecciones demográficas de Naciones Unidas, que muestran que la población urbana crecerá en esa proporción en los próximos años. Es decir, se estima que las ciudades albergarán, para el año 2050, aproximadamente 3.000 millones de nuevos habitantes. Ahora bien, este crecimiento va a ser muy desigual en el mundo: mientras que en algunas regiones como Europa y América este crecimiento será relativamente bajo y fundamentalmente concentrado en las grandes ciudades, en África y algunos países de Asia el crecimiento será enorme.
Lo que nos lleva a otra reflexión mucho más relevante: este crecimiento se dará en su mayoría en lugares que tienen muy pocos recursos para abordarlo. Incluso, hoy en día, muchos lugares de África, Asia y América Latina tienen dificultades para acomodar el crecimiento de su población. Así que, si bien esta idea de que el 70% de la infraestructura está por construirse podría invitar al optimismo, debe entenderse, en primer lugar, como un enorme reto, que no es precisamente técnico.
Con respecto a la manera en que deben diseñarse los entornos urbanos, los preceptos de diseño que deben seguirse están ampliamente recogidos en la Nueva Agenda Urbana –más concretamente en el apartado referente a la dimensión de sostenibilidad espacia– y se refieren a objetivos tales como: evitar la expansión de la huella urbana, propiciar la mezcla de usos y la inclusión social y garantizar el acceso equitativo a equipamientos y espacios públicos.
El impacto climático en las ciudades impulsa la transición ecológica. ¿Cuáles son los principales riesgos que afrontamos?
Hay tres niveles principales de riesgos derivados del cambio climático. En primer lugar, están aquellos riesgos evidentes que son bastante conocidos, como por ejemplo el incremento de los desastres naturales, que ya empezamos a ver; la subida del nivel del mar, que afecta principalmente a las ciudades costeras; el aumento de las temperaturas y el efecto isla de calor, entre otros.
Luego hay unos riesgos que podríamos calificar de segundo nivel: el impacto en algunas actividades económicas urbanas, en los sistemas alimentarios, en las cadenas de suministro, en el costo de la energía, en el incremento de los costes de los sistemas de salud y en los sistemas de protección, así como el impacto en las finanzas municipales que son fundamentales para sostener los servicios urbanos, entre otros.
Y, finalmente, hay un tercer nivel de riesgos, que debería preocuparnos igualmente o incluso más, que son los impactos sobre el cuerpo social, tanto en los individuos, como en la sociedad en su conjunto. Vemos cada día el aumento de la conflictividad social, que puede derivar tanto en el quiebre de consensos sociales largamente aceptados, como en la puesta de manifiesto de situaciones que deben corregirse.
Luego hay que entender que estos riesgos de los que hablamos tienen una alta probabilidad de suceder, y es por ello por lo que el incremento de la resiliencia surge como un elemento fundamental en los próximos años.
¿Está reñida la resiliencia con la salud y el bienestar social?
En las últimas décadas, la resiliencia se ha convertido en un concepto directamente asociado a la sostenibilidad bajo una lógica casi incontestable: en un contexto de crisis diversas, multifactoriales y recurrentes derivadas del cambio climático, no se puede ser sostenible si no se tiene la capacidad de reponerse de forma rápida a estas crisis.
Por tanto, la primera parte de tu pregunta es fundamental: la resiliencia tiene que ser un elemento transversal en todos los procesos de transformación que estamos viviendo y que viviremos en las próximas décadas, llámese cambio climático, crisis energética, crisis sanitaria, etc. Ahora bien, hemos señalado que el impacto será en varios niveles, y la respuesta desde un punto de vista de resiliencia tiene que ir también en diferentes niveles, como recientemente ha demostrado la pandemia.
“En las últimas décadas, la resiliencia se ha convertido en un concepto directamente asociado a la sostenibilidad, bajo una lógica casi incontestable: en un contexto de crisis diversas, multifactoriales, y recurrentes derivadas del cambio climático, no se puede ser sostenible si no se tiene la capacidad de reponerse de forma rápida a estas crisis. : la resiliencia tiene que ser un elemento transversal en todos los procesos de transformación que estamos viviendo y que viviremos en las próximas décadas, llámese cambio climático, crisis energética, crisis sanitaria, etc.”
Tenemos que prepararnos, obviamente, para atender mejor las emergencias derivadas de los desastres naturales, y, en ese sentido, fortalecer los planes de emergencia, los cuerpos de bomberos, etc. Pero si hablamos de resiliencia de manera transversal, tenemos que prepararnos y anticiparnos a la situación de las personas que se quedarán sin empleo, o prepararnos mejor para el abordaje de la conflictividad social que puede surgir derivada de la presión inmigratoria que se espera por los efectos del cambio climático.
Por tanto, la resiliencia, lejos de estar reñida con la salud y el bienestar social, es fundamental para mejorarlos. Piensa que la atención sanitaria preventiva no deja de ser una forma de incrementar la resiliencia, así como algunos programas sociales como el derecho a paro pueden considerarse igualmente una forma de resiliencia social.
¿Hasta qué punto será determinante concienciar a la población de este cambio?
Concienciar a la población tiene que ser lo primero, pues la conciencia colectiva es la que puede llevar a que los líderes y tomadores de decisiones adopten las medidas necesarias. Lo vemos claramente en la forma en que prácticamente todas las empresas han incorporado a sus productos e imágenes la sostenibilidad ambiental. Hace unos años esto era impensable, y ello ha sucedido fundamentalmente por la conciencia colectiva que se ha adquirido sobre el tema.
Ahora bien, es importante señalar que cuando aludimos a concienciar a la población es necesario tener una visión muy amplia de la población a la que nos referimos. Esto incluye al ciudadano común, pero también, y con una cuota mayor de responsabilidad, a otros actores, como son los gobiernos, el sector privado, el tercer sector, los medios de comunicación, etc.
Desde ONU-Hábitat no dejamos de promover los procesos participativos en la planificación y gestión de las ciudades, no solo como una forma de incrementar la democracia, sino también de trabajar el sentido de responsabilidad compartida, la necesidad de que todos nos involucremos responsablemente en el diagnóstico de los problemas y en la formulación de soluciones.
Desde el punto de vista de la cuenta de resultados de una empresa, ¿es rentable la sostenibilidad?
Quisiera reformular tu pregunta desde el enfoque de empresa hacia el enfoque de sociedad. ¿Es rentable para la sociedad la sostenibilidad? Nuestra respuesta es que absolutamente sí. No solo porque negar este principio nos coloca ante un problema moral y filosófico, sino porque diversos estudios económicos lo demuestran. Y también la historia nos ha dado muchas lecciones al respecto: la planificación urbana moderna surge principalmente como reacción a las miserables condiciones de vida de los barrios pobres tras la revolución industrial en Europa. Invertir en planificar las ciudades, en crear espacios mejores, más ventilados e iluminados, tuvo una importancia significativa para aumentar la esperanza de vida de las personas, lo que a su vez ha tenido un impacto en el incremento de la eficiencia productiva en nuestras sociedades.
Si hiciéramos una “cuenta de resultados” de lo que representó la inversión en crear ciudades mejores a finales del siglo XIX y principios del XX en Europa, veríamos que el saldo ha sido tremendamente positivo. Y este ejemplo podemos llevarlo a diversos campos: la educación, por ejemplo: ¿cuánto ha permitido incrementar la productividad de nuestras sociedades invertir en formación pública? También cuestiones mucho más concretas: los parques de bomberos. ¿Sale a cuenta tener un parque de bomberos?
Si miramos las pérdidas materiales generadas por el gran incendio de Londres del siglo XVII, o el de Chicago a finales del XIX, concluiremos que seguramente los parques de bomberos son inversiones casi marginales en relación a las pérdidas que nos evitan. Más allá de estos argumentos que tienen un claro enfoque economicista, tenemos que entender como sociedad que estamos hablando de que el cambio climático, por ejemplo, podrá acabar directa e indirectamente con cientos de millones de vidas humanas, de pérdidas irreparables de ecosistemas y diversidad natural, todo ello de un valor inestimable.
La Agenda 2030 marca las metas para el desarrollo sostenible y la Nueva Agenda Urbana orienta sobre cómo conseguirlas. ¿En qué consiste el modelo de ciudad compacta, mixta, integrada y conectada que propugna?
El modelo de ciudad compacta, mixta, integrada y conectada que promovemos desde ONU-Hábitat no es ninguna novedad; básicamente se trata de la ciudad mediterránea que bien conocemos en España. Son ciudades con cierta densidad, que podríamos calificar de media o media alta; bien conectadas a través del espacio público; con diversidad de usos distribuidos en esquemas pluricentrales y que promueven la mezcla social. Cualquier ciudad española tiene en su centro y en sus ensanches ejemplos claros de este modelo de ciudad. Es decir, no estamos hablando de nada nuevo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la planificación urbanística fomenta a veces otra cosa.
Desde mediados del siglo XX, no solo en España, sino en prácticamente todo el mundo, se ha venido promoviendo el crecimiento urbano a través de los modelos de ciudad propuestos por el movimiento funcionalista: es decir, la ciudad extendida, dispersa, con usos segregados, totalmente dependiente del automóvil, contraria en todo caso a la idea de la ciudad compacta.
Y este modelo, que es tremendamente nocivo desde el punto de vista de la sostenibilidad, se ha impuesto en el mundo con sus diferentes variantes. Piensa que en España tan solo en la última década del siglo XX (entre 1990 y 2000), mientras la población se incrementó un 4%, la superficie ocupada por las ciudades se incrementó en aproximadamente un 26%. Es decir, un 650% más que la población.
Por suerte, hoy existe un consenso casi absoluto en los beneficios que conlleva la ciudad compacta, y, cada vez más, en España, los planes y proyectos urbanos incorporan principios de ciudad compacta. Un buen ejemplo de ello es que estemos todos cada vez más familiarizados con el modelo de ciudad de 15 minutos. Básicamente, esto significa que, en una ciudad compacta, todos los servicios básicos vitales (escuelas, hospitales, tiendas y oficinas) se pueden ubicar en un radio de 15 minutos. Este concepto fue incluido en el Informe Mundial de Ciudades de ONU-Hábitat, presentado en el Foro Urbano Mundial en Katowice en junio de 2022. Lamentablemente, no es la realidad en muchas otras partes del mundo.
La sostenibilidad debe poner a las personas en el centro. ¿De qué forma se plantea la regeneración urbana para que el desplazamiento de la población no sea un efecto colateral inevitable?
Es muy difícil incrementar la calidad de vida en un barrio determinado y evitar, al mismo tiempo, que no se vuelvan atractivos para grupos de personas que no habitan en ese barrio; esa es, en términos generales, la razón principal que podríamos llamar “genérica” de la “gentrificación” o del “aburguesamiento” de los barrios, y que suele derivar como consecuencia no deseada de los procesos de regeneración urbana. De hecho, quienes impulsan los procesos de regeneración muchas veces –no siempre– “aspiran” a que se genere gentrificación.
Sin embargo, hay diferentes formas de llevar a cabo estos procesos de forma que el impacto sobre la población que vive en esas áreas sea menor. La Nueva Agenda Urbana establece como uno de sus ejes fundamentales la prosperidad urbana sostenible e inclusiva y oportunidades para todo el mundo. Es decir, que mientras reconocemos que el desarrollo urbano tiene fuertes implicaciones en la generación de riqueza, entendemos que deben existir mecanismos para que esa generación de riqueza pueda ser aprovechada para el beneficio de todos.
Por tanto, ¿qué creemos que se debería hacer? Lo primero, garantizar que los procesos de regeneración urbana tengan un carácter integral, es decir, que no se concentren únicamente en mejorar el medio físico, sino que también mejoren las condiciones socioeconómicas de las personas que viven en ese sector. Lo segundo es garantizar la información y la participación de los residentes en la toma de decisiones. La gente debe estar al tanto de los riesgos que implican las mejoras de un área determinada, así como de los mecanismos que pueden implementarse para evitar procesos de gentrificación.
Ninguna decisión de mejora de barrios o regeneración urbana debería tomarse sin el acuerdo de quienes viven en ella, y en sus alrededores, que también frecuentemente se ven afectados por esos procesos. Y el tercer elemento es partir de un diagnóstico detallado para diseñar intervenciones diferenciadas que tengan un menor impacto en términos de gentrificación: no es lo mismo, por ejemplo, intervenir en un área semivacía de la ciudad –como puede ser Madrid Nuevo Norte, por ejemplo–, que intervenir en un área donde viven muchos ciudadanos o donde existe una actividad económica. Las fórmulas aplicadas no pueden ser las mismas, pues en las segundas se estaría elevando el riesgo de gentrificación.
Más del 20% de la población mundial vive en viviendas inadecuadas, una situación que afecta no solo a su dignidad y a su salud, sino que les impide disfrutar de otros derechos. ¿El acceso a la vivienda como derecho fundamental es uno de los principales problemas?
Sin duda alguna, el acceso a una vivienda adecuada tiene un impacto enorme en la vida de las familias y las personas, no solo porque es un derecho social en sí mismo, tal como lo reconocen los tratados globales, sino que, además, constituye la base sobre la que se sustentan muchos otros derechos: derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a la seguridad, a la privacidad, entre otros. Y, a pesar de que gran parte de los países reconocen dentro de sus marcos legales la existencia de dicho derecho, a diferencia de lo que sucede con otros sistemas sociales –como la salud o la educación–, son contados los países que garantizan el derecho en su forma más amplia.
En parte, por esta razón que ONU-Hábitat viene apoyando el llamado del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien aboga por un Nuevo Contrato Social. Desde nuestro punto de vista este Nuevo Contrato Social tiene que tener la asequibilidad de la vivienda adecuada como uno de sus ejes.
Y una última consideración muy importante: desde ONU defendemos el derecho a una vivienda adecuada, y hacemos énfasis en el adjetivo: una vivienda adecuada debe tener siete elementos: seguridad de la tenencia; adecuación física y acceso a servicios, como el agua, la electricidad, etc.; asequibilidad; habitabilidad, con materiales dimensiones, aislamiento, ventilación e iluminación adecuados; accesibilidad; ubicación en relación son los equipamientos urbanos, los sistemas de transporte y las oportunidades de empleo, y adecuación cultural.
La desigualdad urbana es mayor ahora que hace 25 años, y esta es una de las razones por las que el secretario general de la ONU ha pedido un nuevo contrato social que conjugue los imperativos económicos de crecimiento y productividad, y los imperativos sociales de redistribución y protección social. ¿Cómo debe plantearse este contrato social?
Creo que es importante analizar muy bien el contexto en el cual se da el llamado del secretario general a acordar un nuevo contrato social. Desde Naciones Unidas tenemos una hoja de ruta para la humanidad que es la Agenda para el Desarrollo Sostenible o Agenda 2030. Alcanzar los objetivos planteados en esta agenda permitiría sin duda ubicar a la humanidad en una posición mucho mejor en relación con los temas que planteas en la pregunta.
Ahora bien, lo que ha planteado el secretario general es que, adicionalmente a las dinámicas e inercias existentes en nuestros sistemas políticos y económicos que permitan hacer las transiciones necesarias para alcanzar esos objetivos, además de eso, insisto, hemos tenido por medio una pandemia, una crisis socioeconómica derivada de la pandemia, crisis ambiental, crisis energética, crisis de cadenas de suministros e incremento de la conflictividad global, cuestiones que han tenido y siguen teniendo un impacto significativo en temas cruciales como la brecha social, la división ente países ricos y pobres, la sostenibilidad ambiental y económica, la paz y justicia globales, entre otros.
Por ello, el secretario general lo que pone sobre la mesa es la necesidad de alcanzar acuerdos con A mayúscula, y, por eso, apela a la idea del Nuevo Contrato Social, que históricamente se asocia con momentos de gran transformación social. En su discurso, enumera algunos elementos que deberían formar parte de ese nuevo contrato social, pero hace particularmente énfasis en dos aspectos: acceso universal a la salud y acceso a una renta básica. Desde ONU-Hábitat hemos propuesto añadir otro pilar que es el de la vivienda adecuada.
Hace unas semanas estuvimos junto con el Gobierno Vasco en Bilbao en el Congreso Euskal Hiria debatiendo entre expertos sobre este tema, y también surgieron aspectos, entre ellos la educación. Pero, sin duda, lo que apunta el nuevo contrato social es proveer a los seres humanos que formamos parte de este planeta de los mecanismos e insumos más básicos para poder garantizar nuestra subsistencia, que hoy claramente están amenazados.
ONU-Habitat ha constituido Coalición Local 2030, que tendrá su sede permanente en Bilbao, para cerrar la brecha y no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás bajo el lema “Actuar local para ser global”, entre ricos y pobres, zonas rurales y urbanas. ¿Cómo parar el gran éxodo del campo a la ciudad en busca de una vida mejor?
Desde ONU-Hábitat entendemos que, tal y como señalan prácticamente todos los estudios demográficos, la urbanización global es una tendencia indetenible, y a pesar de que el proceso de urbanización ya ha tenido lugar en una parte importante del mundo –empezando por los países de renta alta del norte global, aunque también en América Latina y algunos países de Asia, donde la población urbana supera el 75% del total–, aún quedan algunos países donde el proceso de urbanización está en pleno desarrollo, incluyendo la mayoría de los países africanos e incluso gigantes como China e India.
Por tanto, desde ONU-Hábitat entendemos que los procesos de urbanización deben respetar las dinámicas internas políticas, económicas y sociales de cada uno de los países. Y aseguramos que, además de ser una tendencia indetenible, es una oportunidad para alcanzar el desarrollo sostenible. Eso sí, como reza el lema el de la Agenda 2030, sin dejar a nadie –y a ningún lugar– atrás. Esto quiere decir que los gobiernos deben implementar políticas urbanas y territoriales que aprovechen los beneficios y externalidades positivas de los procesos de urbanización para mejorar las condiciones también de los pequeños poblados y las áreas rurales. De esta forma, podremos hacerlos atractivos y garantizar que quienes deciden quedarse en estos lugares disfrutan de condiciones de vida y oportunidades equiparables a las personas que deciden emprender el camino a la ciudad.