La misión oficial de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a China sigue levantando polvareda. Desde mayo, cuando visitó al gigante asiático, han surgido declaraciones tergiversadas, aclaraciones y hasta pedidos de dimisión. Michelle Bachelet resiste y ahora confiesa las presiones que ha tenido para no publicar su informe sobre los derechos humanos en China.
Esa fue la primera vez en 17 años que Beijing recibe a un alto funcionario de Derechos Humanos de la ONU. La mirada de los gobiernos occidentales y de las organizaciones de derechos humanos recaían sobre la actuación de Bachelet en China. País acusado de oprimir y discriminar a las minorías musulmanas uigures en la localidad de Xinjiang.
La expresidenta de Chile aclaró entonces que su estadía no fue utilizada para hacer un “trabajo de investigación” sobre esas minorías étnicas, aunque sí visitó un centro de detención que al parecer estaba fuera de servicio. “Fue una oportunidad para mantener un diálogo directo. Plantear nuestras preocupaciones. Y allanar el camino para que haya interacciones trascendentes de forma más regular en el futuro», dijo.
Señaló además que «en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, he planteado preguntas y preocupaciones sobre la aplicación de medidas antiterroristas y de desradicalización y su amplia aplicación. En particular su impacto en los derechos de los uigures y otras minorías predominantemente musulmanas». Sin embargo, varias ONGs y activistas de los derechos humanos la criticaron y pidieron su renuncia.
La alta comisionada afirmó que las presiones para no publicar su informe sobre los derechos humanos en China han sido muy fuertes.
Dilaciones y presiones sobre informe de Bachelet y China
Bachelet aseguró que “las presiones” no disuadirán a su organismo de divulgar el informe sobre China. «¿He estado bajo presión? Siempre hemos estado bajo presión desde varios lados, por todas partes y en todas las situaciones, diría yo». En este caso «estuve sometida a grandes presiones para publicar o no publicar (el informe), pero no son estas presiones las que harán que lo publique o que renuncie a su publicación», agregó.
El informe abordaría la situación de los derechos humanos de los uigures, una minoría asentada en la provincia noroccidental de Xinjiang. Según varios países occidentales, principalmente EE UU y organizaciones independientes, Pekín ha internado a más de un millón de uigures y miembros de otras etnias musulmanas locales en «campos de reeducación» en Xinjiang, y ha impuesto «trabajos forzados» y «esterilizaciones».
Bachelet reconoció que había recibido una carta firmada por unos cuarenta países que le pedían que no publique el informe que su oficina prepara desde hace un par de años sobre esa situación. Y cuya elaboración se retrasó cuando el Gobierno chino aceptó que la alta comisionada visitara el país el pasado mayo.
La alta comisionada, cuya gestión concluye el 31 de agosto, indicó en esta ocasión que esa visita era prioritaria. Era una oportunidad única para ver de primera mano lo que ocurría en el país. Y tener un contacto directo con familiares de uigures que estuvieron o están en esos campos de internamiento.
Además, confió que había tenido «reuniones» con representantes de países que le pedían publicar lo antes posible el referido informe. Hace varios meses prometió que haría antes de concluir su mandato al frente de la mayor estructura internacional de derechos humanos. «Estamos trabajando fuertemente para hacer lo que prometí», recogió la agencia DW.
Activistas cansados de esperar
En una conferencia de prensa en la que hizo un balance de su gestión, Bachelet adelantó que se están revisando los comentarios efectuados por el Gobierno chino al informe. Un procedimiento habitual para este tipo de publicaciones y con el que se busca corregir inexactitudes o valorar medidas que podrían no haberse tomado en cuenta.
Muchas organizaciones de derechos humanos muestran impaciencia ante tantas dilaciones y temen, que en el procedimiento, China moldee el contenido a su antojo. «Nuestra preocupación es que, cuanto más tiempo se espera antes de publicar el informe, más probable será que se encubra», dijo Renee Xia, directora de la Red de Defensores de los Derechos Humanos de China.
Asimismo, Sophie Richardson, directora de Human Rights Watch para China, consideró que la postura de Bachelet era «lamentablemente inadecuada», dado el supuesto trato de China a los uigures. Por su parte, Michele Taylor, embajadora de derechos humanos de Estados Unidos en Ginebra, pidió que se publicara el informe, afirmando que «el mundo merece un relato independiente y honesto» de la situación.
Grupos de defensa y la diáspora uigur afirman que más de un millón de musulmanes han sido detenidos en Xinjiang desde 2017. Hacinados en campos de «reeducación» construidos para los sospechosos, a menudo arbitrariamente, de radicalización islámica.
El Gobierno chino niega estas acusaciones y asegura que las cárceles secretas son simples centros de formación profesional.
Entretanto, Bachelet insistió en que trataría de hacer lo que «prometió»: publicar el informe antes de que termine su mandato. Sin embargo, no confirmó del todo que esta promesa se hará realidad.
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