Por Manuel Domínguez Moreno
El consorcio Minorbis-Grupo México, que ni siquiera es tal según la juez del caso Aznalcóllar al no pasar de una “declaración de buenas intenciones” y no haber acreditado esta circunstancia, acrecienta la sombra de la sospecha a su alrededor a cada paso que se da para esclarecer la supuesta “transparencia” con que recibió, según la Junta de Andalucía, la adjudicación de la reapertura de la tristemente famosa mina de Aznalcóllar (foto), en Sevilla.
Mientras Grupo México –la principal empresa minera del país, propiedad de Germán Larrea, la segunda mayor fortuna de México tras Carlos Slim– ha tenido que frenar un proyecto minero en Perú al detectar el Gobierno de este país sospechas de soborno a un líder social, en España, la concesionaria Magtel –la entidad que se encuentra detrás de Minorbis– está siendo investigada por la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, por otras irregularidades en distintas concesiones, después de que un funcionario de la propia Administración autonómica haya denunciado estos casos ante la juez.
La propia presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, ha querido desviar la atención de este nuevo presunto caso de corrupción institucional, del que asegura que se enteró por la prensa, al afirmar que se trata tan solo de una pelea entre dos empresas, después de culpar a sus propios funcionarios de las acusaciones judiciales.
Díaz pedía “no convertir en un caso de corrupción lo que es una pelea entre dos empresas por una adjudicación de un concurso”. La presidenta andaluza en funciones, tras recibir tres “noes” consecutivos a su investidura, considera “evidente” que algunos “lo quieren hacer es generar ruido en la campaña electoral”. Pero este supuesto “ruido” ha caído en manos de una juez de Sevilla, que ha dado instrucciones concretas a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para que estudie con detenimiento otras adjudicaciones recibidas por Magtel a lo largo de los últimos gobiernos socialistas en Andalucía, con Manuel Chaves y José Antonio Griñán al mando.
El funcionario denunciante detalla las numerosas adjudicaciones que la Junta de Andalucía ha otorgado a Magtel a través de un conglomerado de empresas de diferentes categorías que actúan supuestamente a modo de pantalla. En este caso se encuentra por ejemplo la empresa pública Sandetel, que según el denunciante podría haber sido beneficiada con concesiones millonarias a través de empresas pantalla tras las que figuran presuntamente “hombres de paja”.
Magtel, la matriz que se encuentra detrás de Minorbis, tiene entre sus filas a un ex alto cargo de la Junta de Andalucía como asesor externo.
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