El Ayuntamiento de Barcelona acordó iniciar los trámites para retirar la Medalla de Oro que concedió al rey Juan Carlos I en 1992, en ocasión de los Juegos Olímpicos realizados en esa ciudad.
El único punto de orden del día llevado a la sesión plenaria, por ERC y Junts, también incluye el retiro de cualquier otro título honorífico y reconocimiento personal al rey emérito.
La propuesta surgió días después del traslado de residencia del rey Juan Carlos I fuera de España. Tras las informaciones públicas sobre presuntos hechos, al margen de la ley, del anterior Jefe del Estado.
El planteamiento de retirar la Medalla de Oro otorgada por ese Ayuntamiento contó con los votos de los concejales de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Quince votos en total.
Asimismo, fue reprobado el Gobierno de Pedro Sánchez por considerar que ha tenido «complicidad activa en la salida clandestina» del monarca del país.
En ese sentido, Barcelona En Común (BComú) se abstuvo. «Los independentistas no quisieron suprimir la reprobación al Gobierno de coalición», dijo la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau.
Este fue el mismo motivo esgrimido por el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni (PSC), para votar en contra.
Ciudadanos y PP exigieron que no se celebrase el pleno por considerar ilegal que de debatiera sobre la monarquía y la autodeterminación. Por tanto, votaron en contra. Mientras que Manuel Valls y Eva Parera, no asistieron presencial ni telemáticamente.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento desestimaron los recursos interpuestos por Ciudadanos y el partido de Manuel Valls contra la convocatoria de este pleno extraordinario.
Barcelona y el rey Juan Carlos
El pleno impulsó el retiro de los títulos honoríficos y reconocimientos personales a Juan Carlos I. Asimismo, el texto aprobado refirió que “la monarquía española es sucesora del régimen franquista «para lo cual cita le ley de Sucesión de la Jefatura del Estado de 1946».
Al mismo tiempo reprobó al Ejecutivo por su “colaboración necesaria” en la marcha del monarca fuera de España. Por ello, se exige al presidente Pedro Sánchez y a la vicepresidenta Carmen Calvo a que den explicaciones.
También se instó a implementar las reformas legislativas para poder investigar a la monarquía, derogar los delitos de calumnias e injurias contra la Corona.
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