Deforestación, degradación de ecosistemas, disminución y contaminación de ríos, desplazamiento forzoso de comunidades indígenas son algunos de los rasgos característicos del Amazonas, que se contraponen con violencia ante la generosidad y utilidad de esa gigantesca tierra. En el estado Amazonas, al sur de Venezuela, un escenario desgarrador se hace visible a través de registros satélitales: una creciente minería ilegal que horada sin descanso su suelo. Mineros expulsados de Brasil y movilizados de Colombia ahora anidan esos espacios, dejando una huella depredadora a su paso.
La minería ilegal no es nueva. Para 2018, esta actividad ilícita se extendía por 4.472 localidades en la totalidad del Amazonas. En Venezuela, hasta 2020 se contabilizaron 1.781 puntos de minería ilegal en los estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar. Próximos a las cuencas de los ríos Caroní, Causa, Cuyuní y Cuchivero, según datos de Wataniba.
A mayo de 2023, en el territorio compartido por el pueblo ye’kwana y sanema —una subfamilia de la comunidad yanomami con aproximadamente 1244 personas— se habían detectado 70 focos adicionales de minería ilegal en Venezuela. La organización precisó, con información satelital, que se han deforestado 934 hectáreas.
Los expertos, consultados por Mongabay Latam, afirman que la minería ilegal en territorio ye’kwana y sanemá viene en aumento desde la pandemia. Una posible causa serían las expulsiones de mineros de otros focos como los brasileños, que fueron desalojados del territorio yanomami por Lula Da Silva a principios de 2023. Los ye’kwana dicen que estos mineros brasileños junto con colombianos son los que introducen la maquinaria que ha intensificado la actividad extractiva.
María Eugenia Grillet, investigadora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela, conoce de esta situación. Señala que “la minería ilegal en el Amazonas venezolano es la principal amenaza ambiental y social del país”.
Minería ilegal en Venezuela
La experta advierte que «Venezuela es el único país amazónico con tasas de deforestación exponencial. Con un promedio anual de 120 hectáreas deforestadas”, refiere. Y “un acumulado en los últimos 20 años de 30.265 hectáreas de pérdida de cobertura vegetal, equivalente a la Isla de Granada”, ubicada en el Caribe.
En específico, el territorio ye’kwana y sanema ocupa 3.450.406 hectáreas en el estado Amazonas y al menos 934 hectáreas han sido arrasadas por la minería ilegal, indica el último monitoreo satelital de Wataniba. Toda la actividad minera está prohibida en esa zona desde 1989.
El daño ambiental está distribuido en los dos municipios que se superponen con el territorio ye’kwana y sanema: Manapiare y Alto Orinoco. En el primero, donde se detectaron 48 focos de minería ilegal, se presentaron 612 de las 934 hectáreas deforestadas a mayo de 2023. Mientras que Alto Orinoco, en el que se identificaron 32 puntos de minería, se ha registrado una pérdida de 322 hectáreas. Wataniba además ha recibido denuncias que apuntarían a la aparición de 3 nuevos focos de minería ilegal en Manapiare y 18 en Alto Orinoco. Esta acción aniquiladora no se detiene.
Amazonas es el depósito de diversidad biológica más grande del globo. Contiene el humedal tropical y la reserva de agua dulce más vastos del mundo. Además, viven 47 millones de habitantes -incluyendo 2,2 millones pertenecientes a pueblos indígenas- y se hablan alrededor de 300 idiomas. El Amazonas ocupa parte de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Pero lo que allí sucede afecta al planeta.
Extranjeros se adentran con maquinaria pesada
Datos del Panel Científico por la Amazonía (PCA) y la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, precisan que el 17 % de la cuenca de la Amazonía ha sido deforestada y el 17 % del bioma se ha degradado. La evidencia indica que algunas áreas se están convirtiendo en fuentes de carbono en lugar de sumideros.
En cuanto a la pérdida histórica de bosques, de acuerdo con datos de la plataforma Global Forest Watch (GFW) el municipio de Alto Orinoco perdió 57.500 hectáreas de bosque primario húmedo. Y en Manapiare 31.500 hectáreas, entre el 2002 y el 2022. Pero, además, entre enero y julio de este año se registraron 109.955 alertas de deforestación en Alto Orinoco y 156.034 en Manapiare, lo que quiere decir que la amenaza persiste.
Tina Oliveira, bióloga venezolana y coordinadora de Sistemas de información Socioambiental de Wataniba, comenta que la minería ilegal en Venezuela viene en crecimiento desde 2016. Pero que en 2020 con la pandemia se intensificó. “En los territorios Ye’kwana-Sanema la minería ilegal era prácticamente inexistente antes de 2016. Fecha de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, la cual también coincidió con la agudización de la crisis económica del país y los elevados precios del oro”, sostiene.
Un líder indígena del pueblo ye’kwana, que habló bajo anonimato, cuenta a Mongabay Latam, que “hay muchos que no son indígenas que están entrando. Y están usando a algunos pobladores para penetrar la zona. Hemos pedido que respeten nuestra naturaleza y nuestro sitio sagrado. Esta minería contamina el agua, el río y destruye”.
Todo cambió para mal, dice, cuando estas personas externas llevaron retroexcavadoras y dragas.
Guerrilla y minería ocupan territorios venezolanos
En algunos focos de minería ilegal de oro como el del río Cunucunuma, en el Alto Orinoco, el líder indígena del sector Cacurí y sus habitantes han resistido y logrado que no entre la minería con maquinaria pesada. Estos equipos los llevan mineros ilegales colombianos; “allí trabajan elenos y los de las FARC”. Se refiere a los miembros de las guerrillas colombianas Ejército de Liberación Nacional, también conocidos como elenos, y a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Asimismo, María Teresa Quispe, directora de Wataniba, comenta que es clave que exista una planificación binacional en territorios fronterizos cuando se trata de delitos ambientales. Considerando la violencia que ha traído la desmovilización de los miembros de las FARC hacia esas localidades. También comenta que el alza internacional del precio del oro como un factor importante, junto con la crisis económica venezolana que ha incentivado el crecimiento de la minería aurífera.
Las organizaciones SOS Orinoco y Wataniba dieron detalles de cuatro de los focos de minería ilegal que están afectando a los ye’kwana. Se trata del foco de Yahanama (Yajanama o Yajanamaña) en el río Padamo, el del río Cunucunuma, el de simarowochi en el río Metacuni y por último, el del caño Iguapo todos en el municipio Alto Orinoco, del estado Amazonas.
En el sector Yahanama, en el río Padamo, hay presencia de mineros brasileños o garimpeiros expulsados de su país. Tras los operativos militares ordenados por Lula Da Silva a principios de 2023, explica Aimé Tillett, antropólogo venezolano. “Allí han estado entrando garimpeiros a raíz de los desalojos en Brasil. De 40 a 50 garimpeiros se mudaron al Padamo”.
Controles o descontroles policiales
Aimé Tillett considera que en el foco de Yahanama hay tres temas relevantes, entre los muchos que inquietan a habitantes y analistas. El primero es que la presencia de garimpeiros en esta zona es nueva. Segundo, en el Yahanama en el río Padamo, los brasileños están más dentro del territorio venezolano, cuando históricamente habían estado cerca de la frontera. Y destaca en tercer lugar, que la Policía Federal brasileña ha realizado operativos contra los garimpeiros en territorio venezolano, sin que sea claro si esas acciones han tenido permiso o colaboración de los cuerpos de seguridad venezolanos.
Además, en el territorio de los pueblos ye’kwana y sanema, hay dos pistas aéreas cerca de dos focos que pueden prestar servicios a las comunidades. Pero también proveer insumos y logística para la minería ilegal, según expertos consultados.
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