El Gobierno de Italia evalúa qué hacer para reprender a Autostrade per l’Italia, empresa encargada de la construcción del puente que colapsó en Génova el pasado martes, que dejó un saldo de 38 muertes.
Desde el ministerio del transporte reconocieron que manejan varias opciones. Retirar la concesión de Autostrade per l’Italia y multar a la concesionaria parecen ser alternativas más viables.
«Las opciones que estamos mirando son la revocación completa, la revocación de solo la parte de la A10 o una multa, pero una multa de 150 millones de euros es demasiado baja», dijo a Reuters el viceministro de Transporte.
Autostrade per l’Italia, propiedad de Atlantia, opera la autopista A10 que conecta la frontera francesa con Génova. El pasado martes, un puente se hundió en este trecho y produjo la muerte de 38 personas.
Durante los hechos, unos 35 vehículos particulares y 3 camiones cruzaban el puente y resultaron afectados. Posteriormente, las autoridades informaron que una sección de 50 metros de la estructura se desplomó. El techo de una fábrica y los edificios aledaños se encontraban debajo de la construcción y fueron afectados.
La reacción de Autostrade per l’Italia
Como era de esperarse, Autostrade per l’Italia de inmediato expresó sus condolencias por las víctimas. «Autostrade per l’Italia expresa sus condolencias por las víctimas del viaducto Polvecera en la autopista A10… y agradecemos a los rescatistas por sus extraordinarios esfuerzos», indicaron en un comunicado.
Como respuesta inmediata, la compañía informó que se realizaban obras para reforzar los cimientos de la construcción al momento del derrumbe. También añadió que la estructura se encontraba bajo una supervisión continua.
La operadora indicó que colaboraría con las autoridades para determinar las causas del desastre. Por eso, sostuvieron una reunión para determinar de qué manera podían reconstruir el puente de la forma más «rápida, eficiente y segura».
Los términos del contrato de concesión prevén sanciones para este tipo de incidentes. En este caso, la empresa está sujeta a una multa de hasta 150 millones de euros.
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