Autoridades españolas valoran mecanismos de protección para venezolanos. La crisis económica que atraviesa Venezuela produjo en los últimos años el éxodo de cerca de tres millones de personas, según la Organización de Naciones Unidas. Aunque el principal destino es Colombia por ser un país fronterizo, naciones como Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Estados Unidos y España también se convirtieron en punto final de muchos afectados por la escasez de alimentos básicos y medicina.
La forma de conseguir su permanencia legal es un elemento que ha concentrado la atención de los gobiernos. En unos los permisos temporales de permanencia se han visto como la solución. En otros, los migrantes han recurrido a fórmulas como solicitar condición de refugiados o de asilado.
Sobre este último mecanismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en España señaló que “las autoridades españolas están valorando la adopción de una solución adecuada para los solicitantes de asilo de Venezuela que no sean reconocidos como refugiados, sin que exista actualmente una posición definitiva”.
Acnur sostiene que actualmente no existe en España ningún procedimiento específico en curso para garantizar la permanencia por razones humanitarias a venezolanos.
Información sobre protección internacional para nacionales venezolanos en España https://t.co/31M08RiEaL pic.twitter.com/GMRiKatfgT
— ACNUR España (@ACNURspain) October 22, 2018
No obstante, la Audiencia Nacional ha comenzado a aplicar un criterio para otorgar permiso de residencia por razones humanitarias a ciudadanos venezolanos que no cumplen los requisitos habituales del derecho al asilo. En este caso sufrir persecución por razones políticas o religiosas en su país.
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Cinco sentencias por razones humanitarias
Desde junio cinco sentencias dictadas tomaron como base la dificultad para acceder a comida, medicamentos o vivienda en Venezuela. Se les reconoce a los interesados la protección humanitaria. Toma en cuenta que obligarles a regresar a su país de origen pondría en riesgo su vida.
Entre otros textos, los jueces aluden al dictamen sobre prácticas de derechos humanos para 2017 del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos titulado “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017”.
También los magistrados atienden a un escrito publicado el 18 de marzo de 2018 por Acnur bajo el título de Nota de Orientación sobre el flujo de venezolanos.
En este texto se pide a los gobiernos que adopten “respuestas pragmáticas de protección” para los nacionales venezolanos que garanticen su residencia legal, su acceso a derechos básicos como la salud y educación y la no devolución a Venezuela.
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Para quienes solicitan asilo, la autoridad competente para tramitar cada caso es la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. Si la intención es manejar otro procedimiento, la recomendación de Acnur es valorar la mejor opción de acuerdo a cada circunstancia personal. Esto de la mano de un abogado especializado.
“Acnur quiere aclarar que la tramitación y resolución de las solicitudes de protección internacional en España y cualquier otra cuestión relativa a su situación administrativa en este país es competencia de las autoridades españolas”, sostuvo.
La agencia de la ONU para los refugiados indicó que cualquier aclaratoria puede hacerse a través del correo electrónico spama@unhcr.org. Indicar en el asunto “Información Venezuela”.
España concedió nacionalidad a cuatro venezolanos
Este viernes, España concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza a cuatro venezolanos, entre ellos dos diputados opositores y una abogada de derechos humanos.
Se trata de una decisión discrecional que se adopta «cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales», informó la ministra portavoz, Isabel Celaá.
El Ejecutivo español aprobó los reales decretos para otorgar la nacionalidad al director de orquesta Gerardo Jesús Estrada Martínez y al diputado Alexis Xavier Lope-Bello Colmenares, perteneciente al partido Voluntad Popular (VP) de Leopoldo López.
El exalcalde de Chacao y líder de VP cumple en su domicilio de Caracas una condena de casi 14 años por los hechos violentos ocurridos durante una manifestación opositora de 2014.
Otro de los recién nacionalizados es Luis Germán Florido Barreto. El también parlamentario presentó en julio una denuncia ante la Fiscalía venezolana contra el presidente Nicolás Maduro por haber incurrido presuntamente en corrupción durante la campaña electoral, reseñó EFE.
Informó Celaá que también le fue concedida la nacionalidad a la abogada Tamara Suju, directora del instituto checo de derechos humanos CASLA. Esta organización presentó varias denuncias por torturas contra el Gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Según el Gobierno español, la razón de que les haya sido concedida la nacionalidad es que se trata de «personas muy vinculadas a España»: el director de música, por razón profesional; y los otros tres, por razones familiares.
https://www.youtube.com/watch?v=ahz5wh0nUzw
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