El Gobierno remitió a Bruselas el plan presupuestario 2021 con las metas macroeconómicas, de déficit fiscal y manejo del gasto. También, con un compendio de medidas sociales, que están dirigidas a asegurar el poder adquisitivo de la población en tiempos de pandemia. En el caso de los pensionistas públicos, se prevé una revalorización de sus ingresos en 0,9%.
El texto, que se envió a la Comisión Europea en el lapso previsto, incluye un dossier detallado de las cuentas públicas, sus adecuaciones y reformas, en un contexto de emergencia sanitaria. Se precisan las tasas de referencia de déficit luego de haberse suspendido las reglas fiscales. También el límite de gasto no financiero de los nuevos presupuestos, que incorporarán 27.000 millones de euros adelantados de los fondos europeos.
Asimismo, el presupuesto recoge los lineamientos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que comprende una inversión de 72.000 millones de euros entre 2021 y 2023.
El incremento a los pensionistas públicos se corresponde con la previsión del Ejecutivo del deflactor del PIB y del índice del IPC para 2021, que augura un alza del 0,9%. Este mismo porcentaje fue el aplicado este año para 9,8 millones de pensiones contributivas, más de 655.000 de clases pasivas y 451.156 pensiones no contributivas. Además de 195.000 pensiones por hijos a cargo con discapacidad mayor o igual al 65%, con un coste total de 1.406 millones de euros.
Se supo que este aumento, establecido en el plan presupuestario, deberá ser negociado por el Ejecutivo con los partidos políticos y los agentes sociales.
Metas del plan presupuestario 2021
El plan presupuestario está dirigido fundamentalmente a apoyar el crecimiento económico y el empleo. A su vez, busca reforzar los servicios públicos y la canalización de los fondos europeos para propiciar la recuperación tras la crisis por la COVID-19.
El esquema se sustenta en un límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, de 196.097 millones de euros; es decir, 53,7% más que el aprobado en febrero. Incluye transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas por 13.486 millones. También, a la Seguridad Social por 18.396 millones y parte de los fondos europeos por 27.436 millones.
Además, incluye el nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno, que prevé una caída del PIB del 11,2% este año y una tasa de paro del 17,1%. Habla de un crecimiento del 7,2% en 2021, que podría ser de 9,8%, teniendo en cuenta los fondos europeos, y un desempleo de 16,9%.
Respecto al déficit público, se maneja que sea del 11,3% del PIB este año, como secuela de la pandemia. Mientras tanto, el cálculo para la deuda pública es que repunte al 118% del PIB al cierre del año.
No obstante, el Tesoro Público decidió reducir en 15.000 millones de euros el volumen de financiación previsto para 2020. Esto implica que las emisiones netas del ejercicio serán de 115.000 millones y la financiación bruta de 282.137 millones.
Sinceración de cuentas y presupuesto plurianual
El director de análisis presupuestario de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Ignacio Fernández-Huertas, analizó el alcance del plan presupuestario 2021 junto a tres economistas que componen la cátedra del Foro Futuro.
Los especialistas coincidieron en que es más adecuado un presupuesto plurianual que uno anual. Que se aborde desde el consenso político y que incluya las reformas que se han demandado desde hace años en pensiones, educación, sanidad. En Administración pública o en materia de contratación, en todo aquello que flexibilice la economía.
Fernández-Huertas afirmó que este presupuesto debe priorizar la respuesta a la emergencia. “Las cuentas deben servir para seguir afrontando una crisis que todavía no ha concluido. Para potenciar la recuperación y para evitar y reducir los efectos estructurales de la COVID-19 sobre la economía”.
Sin embargo, pidió poner los pies en la tierra al abordar ese plan y las ayudas de la UE. “Estamos viendo estos días grandes alabanzas sobre el dinero europeo que nos va a permitir financiar un déficit sin límite. Justo para realizar las transformaciones digitales, energéticas o sociales que España necesita. Pero nadie habla del hecho de que luego habrá que pagarlo”.
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