Rara vez una solución sencilla sirve para un problema complejo. Aunque a veces cuesta darse cuenta. Pechar a las emisiones de CO2 parecía una salida mágica para reducir uno de los más perniciosos elementos para el medio ambiente. El coste de las fuentes de energía más contaminantes ayudaría a avanzar en el uso de alternativas ecológicas. Pero, una vez más, es demasiado bueno para ser cierto. Y lo que es peor, no se soluciona el problema y se crea otro.
La prueba está aquí. Las subastas para la compra de derechos de emisión de CO2 para generar electricidad acaban de alcanzar otro récord. El viernes pasado se ubicaron en torno a los 34,80 euros por tonelada. Este martes bajaron un poco, a 34,54. Aun así, están por encima de los 30 euros de 2006, la cotización más alta hasta la fecha.
La medida se puso en marcha en 2005, con la intención de reducir las emisiones de gas a la atmósfera. Pero la realidad es que, por ahora, nos ha puesto cuesta arriba pagar la factura y nada de ayudar al medio ambiente.
El impacto de la ola de frío
Cuando llegó una prueba de fuego (o de hielo) comenzaron a aparecer los baches en la Ley 1/2005, que regula la reducción de emisiones de CO2. ¿Qué ocurrió? Al llegar la ola de frío se disparó un efecto dominó. Las bajas temperaturas dispararon la demanda de energía. La producción renovable bajó por la ausencia de sol y viento. Para compensar el déficit, las centrales térmicas de gas incrementaron su producción.
Con esto, aumentan las emisiones de CO2. Y suben los costes y la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. O sea, pierde el medio ambiente, y pierden los consumidores. Veamos por qué.
Un freno a las renovables
El crecimiento de las renovables en el mix energético, durante los últimos años, había tenido un doble impacto. Menores costes menor impacto ambiental que las que emplean combustibles fósiles. Esta situación contribuyó fuertemente a mantener un pecio particupalrmente bajo. De hecho, en 2020 alcanzó mínimos de 15 años.
Pero Filomena, el frío y el invierno en general se ha combinado para darnos días más cortos y nublados, además de mayor estabilidad atmosférica. Esto se traduce en menos luz solar y menos vientos. Y, a su vez, menor generación fotovoltaica y eólica. Y además, se incrementa el consumo eléctrico, principalmente en términos de iluminación, calefacción y tiempo en casa.
En este entorno, la industria eléctrica echa mano de las centrales térmicas de carbón o de ciclo combinado. Esta última dota al sistema de estabilidad, pues asegura la generación cuando las renovables no pueden producir a máxima capacidad. No obstante, termina resultado más cara y menos amigable con el ambiente.
Un efecto no deseado
Para tratar de evitar esta situación fue creado mercado de derechos de emisión de CO2. Su objetivo es estimular la producción renovable y el autoconsumo de energías limpias, además de estimular la reducción del consumo de energías no renovables.
En concreto, penaliza la producción de cada tonelada de CO2, que es un gas de efecto invernadero, desencadenante de cambio climático. Para lograr una mayor reducción los GEI, se prevé que el precio de los derechos de emisiones de CO2 siga subiendo como mecanismo de estimulación y penalización.
En los actuales momentos, el precio del gas y de las emisiones de CO2 se encuentran en máximos, por encima de los 35 euros por tonelada. Esto supone que los costes de producción de los ciclos combinados se hayan incrementado y todo ello haya repercutido posteriormente en sus ofertas.
Todo esto no quiere seguir otra cosa. El mercado derechos de emisiones de CO2 solo ha servido para subir los precios de la electricidad, vía impuesto, sin lograr un una alternativa verdaderamente estable al uso de los combustibles fósiles y, por los tanto, reducir los gases de efecto invernadero que son arrojados a la atmósfera.
Ganan los especuladores
El comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero está regulado por la Ley 1/2005, del 9 de marzo, que se puso en marcha el 1 de enero de 2005. Su objetivo era fomentar la reducción de emisiones de CO2 en los sectores industriales y de generación eléctrica, de acuerdo con los planes de la Unión Europea. Pero ha demostrado que tiene agujeros que facilitan hasta operaciones ficticias de compraventa de derechos entre empresas de la UE -también españolas- con compañías extracomunitarias.
La ley de oferta y demanda termina dominando el mercado. Hasta ahí, no hay nada de extrañar. Pero también se le agrega una fuerte carga especulativa. El precio medio de la tonelada de CO2 en las últimas 5 sesiones se sitúa en 33,87 euros. O lo que es lo mismo, un 37% más que la media de precios de 2020. Y los bancos e inversionistas terminan aprovechando esta circunstancia.
Y también el Gobierno
Otro factor importante a considerar en el sector eléctrico es el impuesto del 7% a la generación. Fue originalmente puesto en vigor en 2012, en tiempos de Mariano Rajoy. Lo suspendió Pedro Sánchez durante seis meses, para volverlo a aplicar a partir del 1 de abril de 2020.
Los analistas estiman que este impuesto ha aumentado el precio del mercado eléctrico español una media de 5,5% de media, pasando a ser uno de los más caros de Europa.
Al impuesto a la generación se suma la carga fiscal de la Ley 15/2012, con el céntimo verde a los hidrocarburos y las tasas a la nuclear y la hidráulica. Estos tributos afectan a productores eléctricos nacionales y a los consumidores.
Es importante recordar que la luz tiene IVA de 21%. En el precio de este servicio, 60% corresponde a impuestos y cargas reguladas, decididas por el Gobierno. El aumento del tributo a las emisiones de CO2 se ha disparado, lo que ha redundado en el incremento de la factura. Y por ahora el Ejecutivo ha dejado bien claro que no tiene intención alguna de rebajarle la carga impositiva a la electricidad.
Esto quiere decir que lo que se paga por el servicio de luz va principalmente a cubrir los impuestos, las ganancias especulativas en el mercado de las emisiones de CO2 y los beneficios de las empresas. Queda, entonces, poco para hacer mantenimiento e inversiones. La transición hacia las renovables pasa a un segundo plano.
Sufre el pequeño consumidor
La consecuencia directa de este aumento de los costes la sufren los consumidores. Todos. En una época donde el desempleo se está disparando. Mientras, el 65% de las familias cree que ha disminuido su calidad de vida y el 50% ha visto una reducción de sus ingresos, la electricidad ha subido un 27% respecto a este mismo periodo de 2020.
Mientras, en el caso de los grandes consumidores, el Consejo de Ministros dio luz verde a finales de 2020 al Estatuto de los Consumidores Electrointensivos. Esta medida que beneficiará a 612 empresas de alto consumo eléctrico (grandes fábricas y plantas de producción industrial, entre otras), al conseguir rebajar su recibo de la luz, tal y como venían solicitando desde hace años.
El Estatuto aprobado dota a los grandes consumidores de electricidad de un marco jurídico y económico que proporciona seguridad y certidumbre a sus costes energéticos. Su propósito es mejorar su competitividad internacional, al disminuir el diferencial del precio que pagan por la luz respecto con competidores de otros países.
En la práctica, todo este encaje de bolillos ha servido para llenar las arcas del Gobierno y subsidiar a los grandes consumidores. Pero la lucha contra el cambio climático y el pequeño consumidor quedan desprotegidos. Hay buenas intenciones .
Las inversiones en espera
La solución no es sencilla. Resulta evidente que se requiere reforzar el sistema renovable con respaldo de gas natural para que sea confiable, diversificado y competitivo. Solo de esta manera se atenderá la demanda creciente en tiempos como la actual ola de frío, sin incrementar excesivamente las tarifas ni afectar el medio ambiente.
Y la base para lograrlo ya existe. Después de todo, España figura como el sexto mercado más atractivo para invertir en energías renovables. Lo dice el informe Climascope 2020 de Bloomberg NEF que, por primera vez, incluye información de 29 países desarrollados.
La clasificación la lidera Chile, que ya ocupaba el segundo lugar el año anterior, con una puntuación de 2,85, mientras que España es sexta con 2,59 puntos. Sin embargo, es difícil alegrarse con estos datos. Si apenas el invierno se muestra inclemente y se dispara el consumo de energías fósiles para producir electricidad. Las cosas no cuadran.
Frente a la crisis económica que agobia a España (y aquí los informes no son tan optimistas como el Climascope) se requieren soluciones. Por ahora, el aumento en los costes a las emisiones de CO2, beneficia al Gobierno y a las empresas. Pero afecta al medio ambiente y a las personas. ¿Cuáles son entonces las ventajas?
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