En Bolivia más de 1.000 operaciones mineras artesanales están talando árboles, desviando cursos de ríos y escarbando la tierra en busca de oro. Detrás de esa actividad que da soporte a los pequeños mineros y reactiva económicamente las localidades mineras, hay una contundente dispersión de mercurio por el aire, el agua y el suelo. El uso del mercurio, lleva a Bolivia a convertirse en uno de los mayores importadores del mundo de esa sustancia tóxica. Junto con China, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y la India.
Esta extracción intensiva de los yacimientos auríferos en el país suramericano, se realiza incluso en áreas protegidas reconocidas por las Naciones Unidas dada su amplia diversidad de vida silvestre.
El Convenio de Minamata es un tratado mundial para proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos del mercurio. Considerado por la OMS como uno de los 10 principales productos químicos de mayor preocupación para la salud pública. El tratado lleva el nombre de la bahía de Minamata, Japón, donde el vertido industrial de mercurio en las décadas de 1950 y 1960 provocó un severo impacto en sus habitantes. Se registraron defectos de nacimiento generalizados, problemas neurológicos y muertes debido a que las personas consumían pescado contaminado.
Como la mayoría de las naciones sudamericanas, Bolivia firmó la convención, que entró en vigencia en 2017. Esto implica que los países desarrollen un plan de acción nacional para reducir y, cuando sea factible, eliminar el uso de mercurio en la minería de oro artesanal y de pequeña escala. Pero a diferencia de otras naciones, Bolivia no ha hecho casi nada para regular la importación o el uso de mercurio, reseña la revista ambiental Yale Environment 360 (E360).
Contaminación de mercurio en Bolivia
Bolivia ha sido criticada durante mucho tiempo por grupos ambientalistas y de la sociedad civil por su laxa regulación del mercurio, del cual la gran mayoría se utiliza para la extracción de oro. En 2021, Marcos Orellana, profesor de derecho ambiental en la Universidad George Washington instó al gobierno boliviano a tomar medidas contra el comercio de mercurio.
El relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos señaló que su enfoque “ha generado graves impactos en los derechos humanos de las poblaciones afectadas por la contaminación por mercurio. Incluidos los miembros de los pueblos indígenas”.
En respuesta, el fiscal general de Bolivia defendió la adhesión del país al Convenio de Minamata. Citó los programas piloto entre mineros para crear conciencia sobre los efectos del mercurio y promover tecnologías alternativas. Pero poco ha cambiado en los campamentos mineros remotos. Y en septiembre, Orellana presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidiendo la prohibición global del comercio de mercurio y de su uso en la minería de oro a pequeña escala. Y que es la más grande fuente de contaminación por mercurio del mundo.
Destacó a Bolivia como un centro reportado para el contrabando de mercurio a otros países en la cuenca del Amazonas. Cuando Orellana estaba en La Paz, la capital de Bolivia, para una conferencia sobre el mercurio, dos ONG bolivianas publicaron los resultados preliminares de sus propios estudios sobre la sustancia. Mostraron que las comunidades aguas abajo de la actividad minera tienen niveles anormales y, en algunos casos, alarmantes, de mercurio en sus cuerpos.
Contaminación de aguas, duelo, aire y personas
El oro se ha considerado durante mucho tiempo un refugio seguro para los inversores y una protección contra la inflación. En los últimos años, su precio alcanzó niveles récord y el aumento ha impulsado un boom en la minería. El año pasado, el oro fue la principal exportación de Bolivia, con un valor de $ 2.5 mil millones, el doble del valor en 2020.
La mayor parte de la extracción de oro de Bolivia, realizada por “cooperativas” mineras sindicalizadas que trabajan tanto legal como ilegalmente, tiene lugar en la región de La Paz. Incluidas las montañas y los bosques de los Parques Nacionales Apolobamba, Madidi y Cotapata, que se encuentran al norte y noreste de la capital.
En Bolivia, como en gran parte de la Amazonía, el oro se encuentra en bajas concentraciones en la tierra y en los lechos de los ríos. Las prácticas varían, pero los mineros suelen utilizar maquinaria pesada para excavar grandes cantidades de material. O emplear mangueras para aspirar sedimentos del lecho del río y luego procesan este suelo aurífero y el agua a través de un sistema de esclusas que concentra el oro.
Luego, los mineros agregan mercurio líquido a una mezcla de oro y arena. El metal se une con el oro, formando una amalgama. Los mineros descartan el agua del proceso y los relaves, que aún contienen algo de mercurio. Después calientan la amalgama, vaporizando la porción que es mercurio y dejando oro más puro.
El mercurio termina en los cuerpos humanos. Cuando los mineros, la mayoría de los cuales trabajan sin máscaras protectoras, vaporizan mercurio e inhalan los humos. Esto puede suceder en el sitio de una operación minera o donde los compradores de oro refinan aún más pequeñas pepitas de mineral en sus tiendas.
ONU advierte la falta de regulación
No existe un límite único internacionalmente aceptado para los niveles de mercurio en humanos. Aunque la Agencia de Protección Ambiental de EE UU ha establecido un límite seguro de 1 parte por millón (ppm), medido en muestras de cabello. Sus emisiones pueden ser causadas por el hombre o resultar de procesos naturales: el elemento se emite al aire cuando los bosques se queman, los volcanes entran en erupción y las rocas se erosionan.
En 2018, las Naciones Unidas llevaron a cabo una evaluación global del mercurio y concluyeron que en la mayoría de las poblaciones de fondo, es decir, entre las personas sin una exposición significativa al mercurio, el nivel tiende a ser inferior a 2 ppm.
En 2021, los relatores de la ONU enviaran una carta de 10 páginas al gobierno boliviano citando la falta de regulación del mercurio. Y las violaciones de los derechos humanos contra los pueblos indígenas. Sugiriendo así que el país estaba violando el Convenio de Minamata. Entonces el gobierno anunció que produciría un plan de acción para el uso de mercurio en julio de 2022. El plan aún no ha aparecido, aunque los funcionarios insisten en que está en proceso.
Por ahora, el Ministerio de Salud ha creado una red de toxicología, que dice tiene más de 100 médicos monitoreando síntomas de envenenamiento por mercurio en áreas afectadas por la minería aurífera. El ministerio no respondió a una solicitud de entrevista por parte de E360.
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