Por Cambio16
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como imputado al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo 15 de octubre, en la causa abierta por la querella por desobediencia por convocar la consulta soberanista del 9N.
El magistrado del TSJC Joan Manel Abril, que investiga la causa por desobediencia, cita también como querellados a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera de Educación Irene Rigau para el día 13 de octubre próximo.
La providencia ha sido notificada dos días después de las elecciones del 27S que han puesto en manos de los contactos con la CUP el futuro del president en funciones.
La CUP confirmó el lunes que mantenía su rechazo a investir a Artur Mas presidente catalán para evitar “recortadores y corruptos”, en alusión a CDC, y porque sería un “flaco favor” al proceso secesionista.
“Es injusto para toda la gente que se ha expresado en términos claramente independentistas hablar solamente de si Mas tiene que ser el president”, afirmó el número uno de la CUP, Antonio Baños, en una rueda de prensa de valoración de los resultados electorales.
La suma de escaños de las formaciones independentistas (CUP y Junts pel Sí) es superior a la mayoría absoluta (fijada en 68 escaños).
El futuro de Artur Mas
Los votos de la CUP, formación de izquierdas anticapitalista, son indispensables para que Mas sea investido presidente de la Generalitat, porque la suma de Ciutadans, PSC, Catalunya sí que es Pot y PP es de 63 diputados, uno más de los que ha conseguido Junts pel Sí, formación que tiene intención de proponer al actual jefe del Ejecutivo catalán en la investidura.
Por ello, sería necesario que como mínimo dos diputados de la CUP votasen a favor de Mas, algo que la formación ha prometido en reiteradas ocasiones que no pasará y lo volvió a asegurar este lunes.
No obstante, la CUP ha cerrado filas con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por su imputación por la consulta soberanista del 9N, aunque ha situado el debate sobre su investidura en un «plano diferente» y ha insistido en que no apoyará su reelección.
La imputación
Mas, Ortega y Rigau han sido formalmente citados a declarar como imputados, casi un año después de que la Fiscalía presentara, el 21 de noviembre de 2014, una querella en la que los acusaba de desobediencia, malversación de fondos públicos, prevaricación y usurpación de funciones.
El TSJC acordó investigar a los responsables del Govern inicialmente por desobediencia a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) del 4 de noviembre que suspendió la consulta alternativa del 9N, pero dejó abierta la puerta a indagar todos aquellos hechos que pudieran estar relacionados con la convocatoria, lo que podría comportar que se les imputaran otros delitos.
Desde que en diciembre pasado el TSJC acordó investigar a Mas, el magistrado instructor Joan Josep Abril ha practicado diversas diligencias y citado a testimonios con el fin de averiguar el coste de la consulta y la intervención del Departamento de Enseñanza para que los centros educativos públicos acogieran la votación del 9N.
Al inicio de la campaña electoral del 27S, la Fiscalía propuso a cuatro nuevos testigos, entre ellos la directora del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) que encargó confeccionar las urnas y papeletas de la consulta a presos de la cárcel de Lleida y un asesor del Departamento de Gobernación, dirigido entonces por Joana Ortega.
Ante esa solicitud, las defensas de Mas, Ortega y Rigau pidieron el pasado 16 de septiembre -en plena campaña- al TSJC que aplazara todas las testificales y nuevas diligencias planteadas, hasta que ellos hubieran tenido ocasión de declarar como querellados, al entender que, de lo contrario, se incurriría en «una alteración del orden legal de la práctica de prueba».
El magistrado instructor ha atendido la propuesta de los querellados y los ha citado como imputados para interrogarles unos días antes de tomar declaración a los nuevos testigos planteados por la Fiscalía.
«Persecución política»
Las reacciones a la imputación de Mas no se han hecho esperar. El portavoz de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Pere Macías, ha considerado que detrás de la citación judicial hay una persecución política para descabalgar a quien ha ganado en las urnas.
«Cuando se quiere descabalgar a alguien que ha ganado en las urnas por estos procedimientos no suena a democracia de calidad», ha dicho Macías que considera que después de las elecciones catalanes del domingo lo que debería haber ocurrido es que se hubiera citado a Mas a «dialogar sobre el conflicto entre Cataluña y España» en lugar de que le cite un tribunal de Justicia.
El portavoz de Convergencia ha defendido la convocatoria de la consulta no vinculante del 9N del pasado año, en la que pudieron participar -ha recordado- dos millones y medio de ciudadanos que expresaron su opinión «libre, democrática y cívicamente» y que, en su opinión, ahora tendrían que ser también imputados con Mas.
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado que la imputación del presidente de la Generalitat no se produjo antes para no interferir en las elecciones autonómicas, pero que una vez pasados los comicios ve «lógico y razonable» que la Justicia siga con sus trámites.
«Lo que ha tomado en consideración el TSJC es no haber interferido en el proceso electoral y no haber llevado este tipo de actuación a las últimas semanas, donde seguramente si hubiera podido haber una cierta contaminación de un proceso judicial y electoral», ha dicho Catalá a los medios tras reunirse con la consejera de Justicia de Navarra, María José Beaumont.
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