Si en algo ha sido productivo el Gobierno de coalición es en buscar eufemismos que sirvan para dorar la píldora a la hora seguir en su ruta político-ideológica. La usurpación de viviendas pasa a llamarse justicia social. A la censura se le llama lucha contra las noticias falsas. Y para no desentonar, la subida de impuesto recibe ahora el atractivo nombre de «armonización fiscal».
Disfrazar una medida de este tipo resulta particularmente útil en tiempos de pandemia. Hay consenso en las grandes economías de Europa en que la crisis, financiera producto del coronavirus, es el peor momento para aumentar los tributos. Se trata de un castigo adicional a una sociedad que ha sido suficientemente golpeada por un evento natural. Por lo tanto, no conviene subirlos… o no conviene que se sepa.
La armonización fiscal, en la práctica, supondrá acabar con la política de bajos impuestos aplicada por la Comunidad de Madrid. Las autoridades locales aseguran que esta región es la más competitiva de España, precisamente, por tener una tributación baja y menos trabas burocráticas que otras regiones. Como consecuencia, hay más actividad económica, más prosperidad y más recaudación.
Europa piensa en sus ciudadanos
Aumentar los impuestos para llenar el hueco fiscal es siempre una idea tentadora para los gobiernos. No se trata de nada nuevo. Pero si la solución fuera tan sencilla, las ciencias económicas no tendrían razón de ser. La realidad es muy distinta. La experiencia se ha encargado de demostrar que los efectos de una medida como esta son contraproducentes.
Peor aún, el impacto es más profundo cuando la medida se aplica sin tomar en cuenta las variables socioeconómicas —estructurales y coyunturales— del país donde se pretende implantar un nuevo esquema tributario. Y si es en medio de una crisis, sería como combatir fuego con gasolina.
Precisamente lo que ocurre como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Si bien el impacto de la COVID-19 abre un enorme agujero en las finanzas públicas en casi todos los países, «la solución» que más de un Gobierno se ha planteado es crear nuevos o subir los viejos impuestos. Las empresas, los empresarios y, finalmente, el bolsillo de los ciudadanos se presentan como las fuentes más asequibles para obtener recursos. Empero, la idea es una locura. Gravar la creación de riqueza es un freno, un obstáculo. Pero cuando la economía está ralentizada por una causa externa, deja de ser una idea para convertirse en la peor de todas.
En el contexto actual, los países de Europa han optado por recortar los impuestos. Alemania ha apostado a una rebaja de impuestos que alcanza los 42.000 millones de euros. El 1,2% de su producto interior bruto (PIB). También subió el límite de ingresos, reduciendo así el número de contribuyentes que tributan al tipo máximo en el IRPF. Para Berlín, no dejar a nadie atrás significa no abandonar a nadie en la teoría y en la realidad.
Italia incluyó varias rebajas fiscales en su plan de recuperación. Entre las medidas está un recorte del IVA. Aprobó un estímulo fiscal por valor de 17.100 millones de euros, entre exenciones, subvenciones y créditos fiscales.
España a contracorriente
A contravía, el Gobierno de España ha venido anunciando la subida de varios impuestos para conciliar las cuentas públicas de los Presupuestos Generales de 2021. Hace caso omiso a que el país afronta una profunda contracción de la economía, estimada entre 10,5% y 12,6% para fines del año. En ese monto están los aumentos en las tasas del IRPF, sociedades y patrimonio.
No importa que se use un término edulcorado como «armonización fiscal». El Gobierno comienza a revisar los bolsillos, los del ciudadano, claro. No sirve de mucho que se diga que «pagarán más los que más tienen». Ni que se hable de compensar a los colectivos más vulnerables. Las clases medias y bajas son las que van a pagar la subida, y fuerte.
El plan recaudador en ciernes está diseñado para el Impuesto de Patrimonio, pero se pretende hacerlo extensivo a los Impuestos de Sucesiones y Donaciones e, incluso, a la eliminación de las deducciones autonómicas en el impuesto de la renta. El resultado del castigo fiscal es una carga adicional para las clases media y baja, que no tienen manera de escapar. Las grandes fortunas podrán modificar su residencia fiscal, fijarla fuera de España.
Recaudación ajena en saco propio
La armonización fiscal se dirigirá en concreto hacia el impuesto sobre el patrimonio y el de donaciones y sucesiones. Su puesta en rigor supone un ataque, en primer lugar, contra la Comunidad de Madrid, que es la única región en la que ambos tributos están de hecho eliminados.
La subida de impuestos, pactada por el Gobierno con ERC, está estructurada de modo que los habitantes de la Comunidad de Madrid no vean el dinero producto de su esfuerzo fiscal convertido en inversiones o prestaciones para mejorar la calidad de vida en sus localidades.
El 100% del incremento del Impuesto de Patrimonio de esa región será gestionado por el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y no es poca cosa. Serán el PSOE y Podemos quienes decidan cómo se distribuirá lo que se recaude en un comunidad gobernada por el PP. Ese dinero puede ser destinado a cualquier otro territorio. Para ERC, que ha pactado con la coalición para aprobar los Presupuestos Generales, una buena recompensa sería que los fondos vayan directamente desde Madrid a Cataluña.
Para lograr este propósito, la propuesta es que la subida fiscal se base en la creación de una cuota estatal en el Impuesto sobre el Patrimonio. De esta manera, su rendimiento constituye un ingreso del Estado, no cedido a las comunidades autónomas. También se pretende que la norma de aplicación sea la norma estatal vigente reguladora del impuesto. Así, pretenden sortear las reclamaciones judiciales que interponga la Comunidad de Madrid.
El primer paso sería la subida del Impuesto de Patrimonio en Madrid hasta acabar con su bonificación y equipararlo al recargo tributario de este impuesto en la media del resto de regiones. En el caso concreto del Impuesto de Patrimonio, el golpe fiscal superaría los 1.000 millones de euros al año. Es un tributo que tendrían que pagar los contribuyentes madrileños en plena recesión.
Desde la Comunidad de Madrid rechazan totalmente que se lleve a cabo la armonización de impuestos. Estiman que esta medida costaría a los contribuyentes madrileños un total de 5.900 millones de euros. «Si el Gobierno central quiere obligarnos, no sólo nos va a tener enfrente sino también a los más de 3 millones de contribuyentes madrileños que se han ahorrado 48.000 millones de euros en los últimos 16 años gracias a la política fiscal de la Comunidad de Madrid», dijo el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty.
Más allá de la armonización fiscal
La armonización de impuestos terminaría por quitarle las competencias de legislación de los patrimonios a las comunidades autónomas. Hasta ahora las comunidades de régimen común tienen capacidad de legislar sobre los tipos marginales de los tributos cedidos. Violar esa soberanía de cada comunidad sin cambiar la ley supone la violación de la Constitución.
La carta magna, en su artículo 156.1 dice, textualmente: «Las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles». Desde ya, el Gobierno podrá ir pensando en una término que suene más adecuado para utilizarlo en reemplazo de «medida inconstitucional».
Y quizás sea solo el comienzo. Otro caso donde las palabras van por un lado y los hechos por el otro es del Impuesto sobre Primas de Seguros. Este tributo aumentará su tipo del 6% al 8% en 2021 con el objetivo de recaudar 507 millones: 455 millones más el primer año y 52 millones el segundo.
El Gobierno prometió que las subidas de impuestos no las iban a pagar las «clases medias y trabajadoras». Pero una media de unos 17,7 millones de hogares cuentan con algún tipo de póliza. Esta alza fiscal, por tanto, será soportada, en su inmensa mayoría, por los hogares de ingresos medios y bajos. No importa que se llame armonización fiscal, las consecuencias serán las mismas: pagar más impuestos cuando hay menos ingresos.
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