Argentina venderá sus acciones en empresas eléctricas

El ministerio de Energía anunció hoy que Argentina decidió vender casi todas sus participaciones en centrales eléctricas y empresas del sector. A través de un decreto publicado, se habilita a una nueva firma estatal a concentrar todos los activos energéticos y desprenderse de aquellos que no son fundamentales. La empresa estatal Enarsa, creada en 2004 y encargada de las compras de gas importado, absorberá la participación del Estado nacional en Yacyretá y mutará su nombre por Integración Energética Argentina S.A y reunirá la participación estatal en varias compañías eléctricas y las sacará a la venta.

La Integración Energética seguirá a cargo de la compra de gas importado, terminará el gasoducto del noreste (GNEA) y se abocará a supervisar el avance de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz y el yacimiento carbonífero de Río Turbio.

El objetivo del Gobierno es recaudar un mínimo de US$ 1.000 millones. Pero también hay una visión estratégica: que la generación eléctrica esté en manos de los privados, como sucedía hasta 2003 y como funciona en la mayoría de las economías desarrolladas.

El Estado posee la mitad de Citelec, una sociedad que a su vez es dueña del 50% de Transener . El Gobierno le compró una participación a Electroingeniería, cuando la acción cotizaba en torno a los $ 7. Ahora, ese papel está a más de $ 40. Cuando el Estado venda, obtendrá una ganancia. Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, es el socio actual de Transener.

Argentina participará en licitaciones

En las centrales Ensenada Barragán (Buenos Aires) y Brigadier López (Santa Fe), el ministerio de Energía se desprenderá de las acciones y al mismo tiempo licitará el cierre de ciclo , que es la terminación de esas centrales. En el caso de las centrales San Martín, Vuelta de Obligado, Manuel Belgrano y Guillermo Brown -también moldeados bajo ese extraño mecanismo de compensaciones decididas por la mayorista Cammesa-, algunas empresas poseen una suerte de «pagarés» (de pagos comprometidos por el Estado) que totalizan $ 12.000 millones. El Gobierno permitirá que puedan usar ese dinero si se presentan a las licitaciones.