El gobierno de España difunde su compromiso con el medioambiente y el cumplimiento de la Hoja de Ruta Verde de conformidad con los lineamientos de la UE. Pero, el grupo socialista en Extremadura parece ir a contracorriente y, su Asamblea aprobó declarar 55 espacios de forma expresa como Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y así, evitar el derribo del complejo urbanístico Marina Isla de Valdecañas.
La urbanización de lujo se construyó en una isla de 135 hectáreas, que se alza en el pantano de Valdecañas (Cáceres). Cuenta con 185 villas, un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de cuatro estrellas, piscinas, playa artificial, 76 atraques y pistas polideportivas. El complejo se situó sobre la Red Natura 2000 y sobre un espacio protegido de aves.
Esta decisión tiene desconcertados a los opositores políticos, vecinos y ecologistas. El caso lleva más de quince años de tira y encoge. Fallos judiciales, muchos recursos y protestas. Desde 2022 se registraron varias sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. En unos se dictamina la demolición total del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas por haberse construido en un espacio calificado como EPA. Y en otros la demolición parcial.
A la vuelta de los meses se han sucedido otros procedimientos, reuniones, propuestas. Pero esta semana la Asamblea de Extremadura aprobó, con el voto en contra de la oposición, la propuesta de ley del PSOE que declara 55 espacios de forma expresa como ZEPA. Busca evitar el derribo del complejo urbanístico Marina Isla de Valdecañas, como determinó el Tribunal Supremo en una sentencia reciente.
La Marina Isla de Valdecañas, otra vez
Luego del debate de las 28 enmiendas parciales presentadas por la oposición, 13 del Partido Popular, otras tantas de Ciudadanos y dos de Unidas por Extremadura. El texto salió adelante únicamente con el apoyo de la mayoría socialista, citó Efe. Esta ley legaliza a través del artículo 7 “los usos del suelo y las transformaciones urbanísticas” que a su entrada en vigor se hayan aprobado en el ámbito territorial de esos 55 espacios, entre ellos la ZEPA del complejo de la Marina Isla de Valdecañas.
En su disposición final segunda establece recae el peso de la decisión. Dice que “las construcciones y edificaciones ejecutadas completamente” en el complejo de Valdecañas, en los términos municipales cacereños de El Gordo y Berrocalejo, “evidenciado según los informes ambientales existentes que no causan perjuicio a la integridad ambiental del lugar. Quedan legalizados, sin perjuicio de la ejecución de las medidas ambientales que sean procedentes”.
Además, la ley declara el “interés público” de las construcciones, usos y servicios del Proyecto de Interés Regional de Valdecañas. En el debate de las enmiendas, los representantes del PP, Cs y Unidas por Extremadura criticaron lo que han considerado una “chapuza jurídica”. Y alertaron de que el texto puede ser inconstitucional pues atenta contra los acuerdos climáticos.
También advirtieron de las reclamaciones que puede haber por las sanciones que se impusieron por infracciones contra esos 55 espacios ZEPA. Ahora se regularizaron y se declararon expresamente como tales en la ley.
A pesar de que los tres grupos han votado en contra, los populares y la formación naranja están a favor de que no se derribe el complejo urbanístico. Al igual que el PSOE, que consideró que se trata de una propuesta “valiente y responsable” que busca soluciones a los problemas y dar seguridad jurídica a esos espacios.
Ping pong de los Supremos
Los propietarios de las viviendas sostienen que la aprobación de la ley “aporta orden ante una situación que era anómala y de clara inseguridad jurídica”. En su opinión la declaración de la zona ZEPA de la Marina Isla de Valdecañas “nunca fue realizada formalmente, tal y como se indica en la ley hoy aprobada”.
Obviamente, los propietarios no tienen interés en que derriben sus viviendas. Pero la historia de ese complejo es polémica e intrincada desde sus inicios. Más reciente, el 8 de febrero de 2022 una sentencia del Tribunal Supremo hizo saltar por los aires la única solución que había encontrado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para solventar el conflicto: el derribo parcial del complejo, reseñó El Periódico Extremadura.
Esta posición se adoptó luego de las dos primeras sentencias que declararon ilegal el proyecto, en 2011 y 2014. Y un estudio de tres años elaborado por cinco científicos de la Estación Biológica de Doñana (dependiente del CSIC). Entonces la justicia extremeña determinó en 2020 que se derribaran solo los edificios que estaban a medio construir. Y que se mantuviera lo que ya estaba en uso, así como realizar mejoras medioambientales en el complejo y su entorno.
Uno de los demandantes, Ecologistas en Acción, no estaban conformes con la solución que había planteado el TSJEx. Recurrieron al Supremo que, de nuevo, volvió a darles la razón hace un año. Al corregir el fallo anterior del tribunal extremeño y reabriendo la puerta para la demolición total del complejo. Eso ocurrió el 8 de febrero del 2022. ¿Qué ha pasado?
¿Una ley está por encima de un fallo?
A raíz del fallo del Supremo de hace un año surgió otra propuesta a la que se aferran también quienes defienden el mantenimiento del resort cacereño. Esto es, una revisión de 55 ZEPAS entre las que se encuentra la que ocupa el complejo Marina Isla construido dentro del embalse de Valdecañas.
Según la sentencia del tribunal extremeño el coste del derribo en 145 millones de euros, de los que 34 millones corresponden al derribo y 111 millones por posibles indemnizaciones a los propietarios de las viviendas. A esto habría que sumar el coste de la compensación a la empresa hotelera.
El argumento es que ninguna de esas zonas fue catalogada oficialmente como zona protegida. Se incluyeron en la red europea sin haber pasado los trámites oficiales que sí se requieren ahora, como la aprobación en Consejo de Gobierno. O la publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
El paso seguido fue la tramitación en la Asamblea de una propuesta de ley para modificar el mapa de la Red Natura 2000 (que incluye la figura de Zepas). Presentada y aprobada solo con los votos del PSOE, que tiene mayoría en la cámara. Con esta ley se pretende dar oficialidad a esos 55 espacios y, de paso, legalizar las construcciones que se hayan levantado en ellas. Se levantan las voces que advierten de que esta vía podría ser inconstitucional.
Lee también en Cambio16.com:
Conforme a los criterios de 
Saber más
