Francesco Lanza, Marisa García y Stefan Amborst / bonaona@bonaona.org
El martes 13 de octubre de 2020, a las 24 horas, finalizó el plazo para aportar alegaciones al Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones1 (ALGT en adelante) y a la Memoria de Impacto Normativo. Nuestra asociación Bona Ona, dedicada a la información y divulgación de los riesgos de las Radiaciones No Ionizantes (RNI en adelante), ha utilizado responsablemente ese derecho y ha presentado una serie de alegaciones con el fin de solicitar la modificación radical del implante de esta nueva Ley General de Telecomunicaciones, LGT, evidentemente escrita por y para los intereses de la industria de las telecomunicaciones, en detrimento de los derechos a la salud de las personas que habitamos en el Estado español.
Hoy, hablar de telecomunicaciones significa hablar principalmente de 5G y de la batalla que se está llevando a cabo entre, por un lado, la sociedad civil en defensa de la salud y el medio ambiente y, por el otro, el gran negocio de las comunicaciones inalámbricas.
En dos artículos para Cambio 16, presentamos de forma sucinta, el contenido más relevante de las alegaciones que hemos presentado al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Empezamos hoy con la Parte 1 de esta serie, introduciendo los temas tratados por este anteproyecto y desvelando sus verdaderos objetivos, camuflados detrás de mucho palabreo sobre derechos, oportunidades y desarrollo.
Al fin y al cabo, a pesar de mucha verborragia en favor de la ciudadanía y sus derechos, el texto propositivo de ley rinde culto a su objetivo verdadero que menciona justo al comienzo de la Exposición de Motivos del Anteproyecto y que consiste ni más ni menos en consolidar el
“marco regulatorio claro y estable, que ha proporcionado seguridad jurídica y eliminado barreras que dificultaban el despliegue de la extensión de las redes de nueva generación por parte de las operadoras”.
¡César dixit! Pena que este motivo quede encubierto por decenas de otros tan pretendidamente nobles e inútiles, en cuanto han quedado vaciados de contenido. No nos dejemos engañar: el “marco regulatorio claro y estable” tiene un único objetivo, o sea permitir el desarrollo sin trabas del sector industrial que más beneficios promete. Por eso, la Exposición de Motivos reza más adelante:
“El volumen de negocio del sector de las telecomunicaciones en España se situó en torno a los 16.765 millones de euros en 2018, suponiendo el sector de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento el 3,13% del PIB nacional y dando empleo a 423.541 personas.”
¿Y cuánto hay que invertir para que este negocio siga creciendo? Una investigación de Greensill, una compañía financiera, estima que el gasto que los gobiernos tendrán que invertir en el desarrollo del 5G a nivel mundial alcanzará más de 2,7 billones de dólares para fines de 20202. ¿Cómo es posible que tenga sentido invertir tanto dinero en una fantasía tecnológica potencialmente dañina cuando necesitamos disponer de miles de millones en una transición verde?”
Para que este negocio siga creciendo, el estado tiene que “apoyar”, confirmando el clásico paradigma “costes públicos, beneficios privados”. El 7 de octubre pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española supondrá la movilización de 72.000 millones de euros para el periodo 2021-2023. La cifra supone aprovechar íntegramente las subvenciones que forman parte del plan de ayudas impulsado por la Unión Europea para el periodo 2021 a 2026 en los primeros tres años del mismo.
Como se ve en el cuadro adjunto, el reparto de esos recursos pondrá especial atención a dos ejes de actuación trasversales: la transición hacia un modelo medioambiental más sostenible, que acaparará el 37% de los fondos, y la transformación digital de la economía, que recibirá el 33%.
El proyecto de la completa digitalización de la economía, de las relaciones sociales y de la vida diaria (Internet de las Cosas, IoT) en el marco de la llamada «4a Revolución Industrial» – cuya pieza clave reside tanto en la nueva generación de telefonía móvil “5G-NR” (5ª Generación -New Radio) como la instalación de entre 50.000 – 100.000 minisatélites de telecomunicaciones en la ionosfera de la Tierra – es incompatible con una verdadera transición social-ecológica, no sólo a nivel nacional, sino sobre todo a nivel del gasto energético y de la extracción de recursos naturales, como hemos explicado en otro artículo publicado en esta revista3. Tomar buena nota de la cantidad de dinero que se mueve detrás de este negocio es muy importante para hacer entender la envergadura de los intereses que confabulan debajo de la superficie. En este sentido, parar el 5G y las inmensas inversiones y gastos relacionados con su introducción es una demanda clave para afrontar el colapso climático-ecológico en ciernes. El impacto de la industria de las TIC sobre los ecosistemas es ya insostenible: además de los riesgos para la salud de la población y los demás seres vivos, la industria de las TIC ha creado una auténtica fiebre de los metales, que devasta algunas de las zonas que conseguían permanecer mejor conservadas del planeta; se apoya sobre una industria química especialmente contaminante; engendra montañas de residuos; y debido a la multiplicación de los data centers y al aumento permanente del tráfico en Internet, obliga a las centrales eléctricas a funcionar a toda máquina. A medida que los datos de miles de millones de dispositivos ‘inteligentes’ conectados a Internet crecen exponencialmente, se estima que la industria de la tecnología de la información podría consumir el 20% de toda la electricidad del mundo para 2025, lo que agotaría las redes eléctricas para alimentar una demanda incesante de personas enganchadas al entretenimiento de la pantalla del teléfono. El Internet de las Cosas promete darnos más. ¿Pero más de qué?
Así que, mientras la computación en centros de datos se ha incrementado en más de un 500% entre 2010 y 2018, el consumo de energía eléctrica por el sector solo ha aumentado un 6%, siendo evidente, por ejemplo, durante la “pandemia” que el viraje de la actividad social a las infraestructuras digitales ha supuesto una sustancial mejora de la calidad del aire y el medio ambiente.
En la visión onírica de esta ley, las redes de muy alta capacidad, y en especial la nueva generación de telefonía móvil 5G, se sitúan como una pieza clave para cumplir con los ambiciosos objetivos de descarbonización y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos a nivel europeo para el año 2030, ya que deberían facilitar la aparición de nuevos servicios inteligentes máquina a máquina (redes eléctricas inteligentes, logística inteligente, ciudades inteligentes, sistemas de producción inteligentes) y la sustitución de determinadas actividades físicas por otras virtuales, evitando desplazamientos innecesarios y contribuyendo a la implantación de nuevas fuentes de energía limpias y renovables.
Siempre en esta misma visión, las nuevas redes, en cuanto palanca de vertebración territorial, supuestamente ayudarían a la fijación de la población en el territorio, combatiendo la despoblación rural, lo que, según el Informe sobre el uso de la tierra y el cambio climático, elaborado en 2019, por el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) de la ONU, constituye uno de los medios más eficaces para luchar contra los efectos del cambio climático. En cambio, los numerosos estudios sobre efectos biológicos de las RNI4 en el medio ambiente, nos hacen temer un despertar de cruda realidad con un aumento de las enfermedades y muertes debidas a la contaminación ambiental y la destrucción masiva de la naturaleza de la que dependemos, con extinciones masivas y desertificación. Una pesadilla distópica en todos los sentidos.
El dinero, máximo y único valor en esta sociedad turbo capitalista en decadencia, marca el norte de las decisiones políticas de máxima envergadura: no solamente el medio ambiente se ve afectado por las políticas económicas, sino que la salud pública se considera de la misma importancia que la creación de negocios sin importar sus consecuencias. Veremos cómo los derechos a la salud de los ciudadanos, y especialmente los sectores más sensibles como niños, mujeres embarazadas, enfermos y ancianos, pasan al segundo plano en este anteproyecto de ley, a pesar de palabras rimbombantes como
“En la prestación de estos servicios deben salvaguardarse los imperativos constitucionales de no discriminación, de respeto a los derechos al honor y a la intimidad, la protección a la juventud y a la infancia, la protección de los datos personales y el secreto en las comunicaciones.” (art. 3, párrafo J)
Tampoco se tienen en cuenta los colectivos afectados por electrohipersinsibilidad (EHS), sensibilidad química multiple (SQM), síndrome de fatiga crónica (SFC), fibromialgia, encefalitis miálgica, todas enfermedades que se relacionan directamente con un ambiente electroquímica contaminado. Si finalmente este anteproyecto llega a convertirse en ley, la situación para estos colectivos solamente podrá que empeorar, ya que en las 214 páginas de la misma no se prevé ninguna norma que tutele sus derechos a la salud y a un espacio habitable que no los enferme.
Y no se trata de un colectivo de una menor relevancia: según estadísticas de la Seguridad Nacional, hay alrededor 1 millón y medio de personas que padecen estas enfermedades, de las cuales entre un 85 y un 90% son mujeres.
Sin duda alguna, hay muchas contradicciones entre el relato de la necesidad de la tecnología 5G y su efectiva utilidad. Afirmar que ‘necesitamos 5G porque 4G no puede hacer frente» entra en conflicto con los millones gastados en buscar cosas para hacer con este último. Con la creciente presión para desinvertir en empresas contaminantes de combustibles fósiles, los inversores del 5G no muestran tal restricción: todo lo contrario, es una de las pocas industrias que reciben ayudas para sustentar una inversión que, de otra manera, ni de lejos sería rentable.
Los medios de comunicación están impulsando un amor incondicional por la tecnología con un sector de TI que pinta visiones de vehículos sin conductor que, según ellos, son más seguros y eficientes que el transporte controlado por humanos, ofrece transmisión ultrarrápida a teléfonos móviles, fantasías de realidad virtual, Internet, refrigeradores habilitados que pueden registrar su consumo de leche e incluso entregar con drones pedidos en línea a domicilio.
Los bulos alrededor de los beneficios de esta tecnología superan con creces su efectiva utilidad, como hemos relatado en otro artículo sobre mitos y realidades del 5G5. La situación de incertidumbre social creada por la pandemia abre la vía a la ilusión colectiva que el 5G nos salvará a todas: de los contagios, del paro, de la crisis económica, etc. ¿Estamos todavía a tiempo para abrir los ojos e intentar parar esta ilusión antes que sea demasiado tarde?
La Asociación Bona Ona, con la ayuda de decenas de socias y colaboradores, vigilamos que la longa manus de la industria de las telecomunicaciones en colaboración con sus lacayos políticos a todos los niveles (locales, estatales y supranacionales) intente hacer ganancias a costa de nuestra salud y de la del medio ambiente: en la próxima entrega entraremos más en el detalle de los puntos conflictivos de este Anteproyecto, para desvelar los objetivos, ocultos en las 215 páginas del documento, del lobby de las telecomunicaciones.
1Audiencia e información públicas sobre el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones
3Comenzó la colonización privada de la atmósfera, ¡y a qué precio!
4Sí, el 5G es peligroso para la salud y el planeta
5Mitos y realidades de la tecnología 5G
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