Una posible invasión a Venezuela se ha convertido en un tema recurrente, tanto dentro como fuera del país. Es motivo de análisis de especialistas y también de los venezolanos comunes y corrientes. Aquellos que, en todos los rincones de esa nación, sufren la crisis provocada por el régimen de Maduro. También los 5 millones que han emigrado en busca de paz, libertad trabajo y oportunidades.
Pese a lo complejo del asunto, en numerosas ocasiones ha sido abordado con una óptica en exceso simplista. Se habla del tema de la violencia y el derramamiento de sangre que supondría una operación militar. También de los riesgos que implica. Otros apuntan a la necesidad de una salida democrática. Finalmente, se aduce que un cambio político en Venezuela es algo que deben resolver los venezolanos internamente.
Sin embargo, estas perspectivas obvian el problema de fondo: el régimen de Maduro ha cerrado las vías a una salida pacífica y democrática. Mientras, los venezolanos son las grandes víctimas de la crisis provocada por 20 años de chavismo en el poder. Y su situación se agrava con cada día que pasa.
La salida electoral
Uno de los primeros argumentos en contra de una posible intervención militar se basa en el hecho de que es preferible una salida pacífica y que, la mejor manera es a través de un proceso electoral. Lo que no se dice es que el propio régimen de Maduro ha boicoteado insistentemente toda iniciativa pacífica para que haya elecciones libres, transparentes y justas.
Las últimas elecciones libres en Venezuela se realizaron en diciembre de 2015. Los partidos de oposición ganaron de forma aplastante y aseguraron una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, que les dio una fuerza sin precedentes. Pero el régimen respondió despojando progresivamente a la legislatura de sus poderes, atribuciones y derechos. También se aseguró de no perder más elecciones.
Obstáculos a la democracia
Primero, el Consejo Nacional Electoral, administrado por la dictadura, canceló solicitud de realizar un referéndum para revocar el mandato a Nicolás Maduro en 2016. Luego, en julio de 2017, el Partido Socialista Unido de Venezuela convocó una votación inconstitucional para elegir una asamblea constitiuyen en la que solo podían votar los afectos al gobierno. Más tarde ese año, los funcionarios del partido cometieron fraude en las elecciones de gobernadores.
Además, cuando Maduro se presentó a la reelección en 2018, los funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por operadores políticos del régimen, inhabilitaron a los principales partidos y posibles candidatos de la oposición para que no pudieran participar. Además, forzaron la votación siete meses antes de la fecha prevista, para evitar que se reorganizaran.
Ahora, Maduro convocó elecciones parlamentarias en diciembre. Pero antes se aseguró de controlar el organismo electoral, anular la participación de la oposición y allanar el camino para lograr unos resultados favorables, independientemente del alto rechazo popular. Las votaciones de 2018 fueron ilegales, como también lo serán las de 2020. La comunidad internacional desconoció las primeras, y otro tanto ocurrirá en diciembre.
La salida pacífica
También se ha hablado de la necesidad de prime una salida pacífica. Lo cierto es que, de abril a julio de 2017, cientos de miles de manifestantes tomaron las calles en todo el país de manera pacífica, en rechazo a la imposición de un Parlamento paralelo y el desconocimiento de la voluntad popular.
Los manifestantes fueron recibidos por policías y soldados con equipo antidisturbios que los dispersaron con gas lacrimógeno, cañones de agua y, a menudo, con balas. Al menos 124 personas murieron a balazos durante las protestas. Otros 4.000 resultaron heridas y 5.000 detenidas, según el Consejo Interamericano de Derechos Humanos. Docenas, tal vez centenas, fueron torturadas.
Otro aspecto relevante es el hecho de que el chavismo ha sido un movimiento que ha reivindicado la violencia como vía para la toma del poder. Se dio a conocer a travós de un golpe de Estado. Ha tendido relaciones con la guerrilla y grupos terroristas. Además, creó grupos violentos de diversa especie, como los paramilitares que bautizó con el seductor nombre de «colectivos».
Por el contrario, la oposición ha preferido la vía democrática, las opciones electorales, y hasta el diálogo y la negociación. Incluso, se ha sentado a negociar cuando el régimen solo lo hecho cuando le conviene ganar tiempo.
Venezolanos «rechazan» una intervención
Otro argumento es un supuesto rechazo mayoritario de los venezolanos a una eventual intervención militar. Uno de los defensores de esta tesis es David Smilde, miembro principal de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA). Asegura que, en un estudio lamayoría de los venezolanos dijeron que se oponen a la intervención militar extranjera como un medio para instituir un cambio político. Pero no mostró la data, ni dijo cómo se obtuvo la información.
Una encuesta de la firma venezolana Datanálisis, destaca que ciertamente los venezolanos prefieren una salida democrática y pacífica, por encima de una eventual opción militar. Pero como explica el director de la empresa encuestadora, José Antonio Gil Yépez, «la preferencia por la vía electoral se mantiene sólo si el conjunto de variables que condicionan el voto como medio de expresión política cumplen ciertos estándares».
Pero el Consejo Nacional Electoral fue nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia, y que está conformado por rectores afines al chavismo. Ello explica que, de acuerdo a los resultados de la encuesta, solamente el 5,6% estaría “muy dispuesto” a ir a votar.
La violencia está del lado de Maduro
Ha sido la falta de disposición de Maduro y sus aliados de medirse en elecciones libres, transparentes y auditables, lo que ha generado el surgimiento de de la tesis de que solo a través de la fuerza el chavismo abandonará el poder.
Sin embargo, el régimen cuenta con el monopolio de la violencia. Controla la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y las milicias, además de grupos paramilitares y bandas delictivas con el apoyo de las autoridades penitenciarias. Incluso, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, declaró hace un par de semanas que la FANB no permitirá que la oposición llegue al poder en Venezuela.
Es poco lo que una población civil podría hacer para enfrentarse, por la fuerza, a la dictadura socialista. Líderes de oposición apuestan por el apoyo de una colación militar internacional para expulsar al chavismo de del poder en tras 20 años de hegemonía.
Una operación arriesgada
Los analistas que cuestionan la viabilidad de una invasión a Venezuela recuerdan los riesgos de entrar en un conflicto costoso y sangriento. Una acción militar podría desembocar en una guerra civil, si el gobierno colapsa.
Jennifer McCoy, especialista en América Latina de la Universidad Estatal de Georgia asociada con Jimmy Carter, asegura que «cualquier cosa que sea claramente una medida ofensiva podría provocar una respuesta, ya sea de las fuerzas armadas de Venezuela o de Rusia«, que respalda a Maduro. Por ello, duda de que el propio Ejército, el Congreso o los ciudadanos estadounidense apoyen una invasión.
En la misma línea, Frank Mora, quien fuera subsecretario adjunto de Defensa para América Latina del presidente Barack Obama, señala que una invasión terrestre a Venezuela sería larga, cara y compleja. Requeriría de al menos 150.000 soldados para tomar y asegurar instalaciones militares y de gobierno. Por esta razón, estima que un ataque de precisión parece una operación más efectiva y rápida. Con ella se podría cercar a Maduro y forzar su rendición. Pero no siempre se obtienen resultados óptimos.
¿La invasión es solo una opción?
Estos análisis obvian una realidad. La administración Trump está consciente de los riesgos de una operación de este tipo. Por ello, aunque «todas las opciones están sobre la mesa», ha preferido optar primero por otras medidas.
En lugar de una invasión a Venezuela, Washington ha optado por aplicar una serie de sanciones contra Maduro y sus principales colaboradores. Su propósito es cortarle los flujos de dinero que le permiten financiar su permanencia en el poder. A estas acciones se han unido otros países, incluyendo a los miembros de la Unión Europea.
Estados Unidos considera a Nicolás Maduro un «dictador» al frente de «un régimen corrupto». En el marco de su política de presión para forzar su salida, Washington anunció en marzo cargos criminales e su contra por «conspiración para el narcoterrorismo».
Además, la Corte Penal Internacional de la Haya ya investiga a Maduro por crímenes de lesa humanidad. El tribunal ha reconocido avances y debiera decidir próximamente si hay méritos para un juicio.
Con esta estrategia, el Gobierno de los Estados Unidos espera que Maduro “no siga en el poder para final de año y estamos trabajando duro para que eso suceda”, dijo Elliot Abrams en una comparecencia ante el Senado.
Una amenaza regional
Pero hay más.El régimen de Nicolás Maduro tiene vínculos directos con Ejército de Liberación Nacional (ELN), Hezbolá y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Grupos terroristas todos.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, denunció Irán y Hezbolá tienen una sólida base de operaciones en Sudamérica en alianza con el régimen de Nicolás Maduro. «Si fracasamos en Venezuela, representa una victoria para el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada y el antisemitismo», advirtió.
El Departamento de Estado afirmó también que son preocupantes los informes que señalan la existencia de cooperación entre las disidencias de las FARC y el ELN en las áreas de control de carreteras y fronteras, en la distribución subsidiada de alimentos, en el reclutamiento y desplazamiento forzado de comunidades indígenas vulnerables y en el tráfico de narcóticos y oro ilegales.
En este sentido, el secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que la neutralización del terrorismo es una prioridad para el Gobierno estadounidense. La permanencia de Maduro en el poder es, por tanto, un tema de seguridad hemisférica, no solo un problema interno de Venezuela.
La crisis continúa
Pero quizás el elemento más importante a tener en cuenta, es el hecho de que, mientras le tiempo pasa, los venezolanos son víctimas de una crisis que se agrava cada día que Nicolás Madurp permanece en el poder.
La más reciente Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por tres de las principales universidades venezolanas, refleja que, al cierre de 2019, 79,3% de los venezolanos estaban sumergidos en pobreza extrema y 96,2% eran pobres. En 2014, cuando comenzó la recesión que hundió la economía, la pobreza extrema se ubicó en 20,6%.
Venezuela sufre un deterioro profundo: sus datos ya no son comparables con los de países suramericanos sino con los de naciones de África y Centroamérica. «Venezuela es el país más pobre y el segundo más desigual de América Latina”, dijo Luis Pedro España, sociólogo e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, uno de los responsable del estudio.
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