Las minorías étnicas y los grupos marginados han sido blanco de la actuación desproporcionada de la policía en Europa. A cuenta de las medidas de confinamiento, han sufrido abusos como violencia, controles de identidad discriminatorios, cuarentenas forzosas y multas. Así, la oenegé Amnistía Internacional (AI) especifica el uso excesivo e innecesario de la fuerza, para controlar la propagación de COVID-19. Incluso, hasta de multas por grabar vídeos de los agentes extralimitándose en su actuación.
La organización emprendió una cruzada en contra de la situación y por ello publicó un nuevo informe. Indican que la mala actuación policial comprende 12 países durante la pandemia por el coronavirus.
A juicio de Amnistía Internacional, los confinamientos para frenar la propagación de la COVID-19 muestran la tendencia a incurrir en prejuicios raciales. Estas acciones se relacionan con la preocupación por la discriminación enquistada en los cuerpos policiales.
Abusos y censura
El proyecto Evidence Lab, de la organización, verificó 34 vídeos de toda Europa. La imágenes mostraron que la policía usó la fuerza de forma ilegítima. También, en muchos casos, sin ninguna necesidad.
Mencionan el caso de un joven, de aparente ascendencia norteafricana, cuya situación fue difundida en un vídeo en Internet el 29 de marzo. El hecho ocurrió en una calle de Bilbao, España, donde dos agentes le dieron la voz de alto.
Aun cuando el joven no parece representar ninguna amenaza para la policía, lo empujaron violentamente y lo golpearon con una porra. Al tiempo que los dos agentes lo mantuvieron inmovilizado contra la pared y con las manos a la espalda, la madre del muchacho apareció y les dijo que su hijo no tenía problemas de salud mental. Sin embargo, también la golpearon con una porra y la redujeron en el piso.
«Algunas personas que grabaron el vídeo fueron multadas por el ‘uso no autorizado’ de imágenes de miembros de las fuerzas de seguridad», dijo una nota de prensa que reseña la situación.
Creciente preocupación
El informe de los abusos policiales refleja otros motivos de preocupación más generales que se han expuesto en las protestas de Black Lives Matter. Este movimiento empezó en 2013 en la comunidad afroestadounidense y denuncia el abuso de la policía en contra de la población negra.
Inequidad en el trato
Amnistía Internacional denuncia, asimismo, que la actuación policial con respecto a las medidas de confinamiento por la COVID-19 ha afectado desproporcionadamente a las zonas más pobres. Estas áreas suelen estar integradas por minorías étnicas. Hablan de un aumento en las multas por incumplir la cuarentena y de toques de queda más prolongados que en el resto de otras zonas.
«En Sena-Saint-Denis, la zona más empobrecida de Francia continental y habitada mayoritariamente por personas negras o de origen norteafricano, el número de multas por incumplir el confinamiento triplicó el del resto del país. (…) Niza, un barrio mayoritariamente habitado por personas de clase obrera y etnias minoritarias, se vio sometido a toques de queda nocturnos más prolongados que el resto de la ciudad», indicó.
Por otro lado, el uso ilegítimo de la fuerza policial se impartió con frecuencia durante los controles de identidad y las operaciones de dar el alto y de registro.
«En el Reino Unido, uno de los pocos países europeos en los que se recopilan datos desglosados étnicamente sobre la aplicación de la ley, la policía de Londres registró entre marzo y abril de 2020 un incremento del 22% en las operaciones de dar el alto y registrar. En ese periodo, el porcentaje de la población negra que fue sometida a operaciones de registro aumentó aproximadamente 33%», señaló.
Los romaníes, otro blanco
Los Gobiernos de Bulgaria y Eslovaquia impusieron cuarentenas obligatorias en los asentamientos romaníes. En este último se les ordenó a las Fuerzas Armadas que lo hicieran cumplir.
Amnistía Internacional considera que la medida es una muestra de discriminación. Consideran que es inadecuado que los militares se encarguen de la salud pública, a menos que sea necesario. «Este es no es el caso», afirmó la ONG.
«Durante las cuarentenas obligatorias impuestas en Bulgaria, más de 50.000 romaníes quedaron aislados del resto del país y sufrieron graves carencias de alimentos. Una encuesta reveló que los ingresos medios de los barrios romaníes disminuyeron 61% entre marzo y mayo de 2020″, explicó el informe.
A su vez, en Burgas, en el sureste de Bulgaria, se emplearon drones con sensores térmicos para tomar a distancia la temperatura de los romaníes y controlar sus movimientos.
En Yambol, también en el sureste del país, se usaron aviones para «desinfectar» el barrio romaní, donde se declaró un brote de la COVID-19, denunció Amnistía Internacional. En este sitio se aplicó una estricta cuarentena que siguió incluso después de que se levantara el estado de excepción en el resto de la nación.
Las cuarentenas selectivas
Los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes que viven en campos y alojamientos compartidos también han sido sometidos a cuarentenas selectivas en Alemania, Chipre y Serbia, y de desalojos forzosos en Francia y Grecia, como parte de las medidias de control de la COVID-19, señaló Amnistía Internacional.
Las personas sin hogar tampoco escaparon de esta situación. Así, se les impusieron multas por no poder cumplir con el autoaislamiento y las restricciones de circulación. El hecho ocurrió en países como Italia, Francia, Reino Unido y España.
Los refugiados en riesgo
La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), por su parte, hizo un llamamiento a la presidencia alemana de la Unión Europea (UE) para mantener la protección de los refugiados en la agenda. La idea es garantizar una buena respuesta al desplazamiento forzado durante la pandemia y después.
«El virus no conoce fronteras e impacta a todos, pero ciertas poblaciones, incluyendo a las personas desplazadas por la fuerza, están en mayor riesgo», advirtió Gonzalo Vargas Llosa, representante de la Acnur para Asuntos de la UE, en una nota de prensa.
De este modo, el organismo pide que la UE continúe manteniendo el acceso al asilo mediante, por ejemplo, procedimientos de asilo justos y rápidos.
«Ahora es el momento de cambiar la respuesta de la UE a desembarcar y reubicar a las personas rescatadas en el mar a un mecanismo predecible: salvar vidas y proteger a las personas debe estar en el centro de todas las respuestas.
Si bien Acnur comprende los desafíos planteados por la pandemia, las buenas prácticas en toda la UE demuestran que la salud pública puede protegerse, al tiempo que se garantiza el acceso al territorio y al asilo, incluso a través de cuarentenas y controles de salud”, señaló.
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