Amnistía Internacional denuncia la matanza de cientos de civiles en Etiopía, en la región de Tigré. Una grave violación de los derechos humanos. La información fue recogida a través de los testimonios de supervivientes e imágenes de satélite. Los delitos, que pueden ser considerados de lesa humanidad, fueron perpetrados por tropas eritreas.
La masacre ocurrió específicamente los días 28 y 29 de enero, según la investigación de AI. Las tropas dispararon a mansalva y si distingos en las calles y realizaron registros casa por casa. Es una situación que se repite cada vez de manera más desalmada noviembre del año pasado.
Crimenes de lesa humanidad
La ONG considera que la matanza puede se calificada como un crimen de lesa humanidad, una absoluta y salvaje violación de los derechos humanos. A través de entrevistas presenciales y telefónicas, los activistas de AI hablaron con 41 sobrevivientes y testigos. Todos refugiados en el este de Sudán o viven en Axum, ciudad en Tigré. La totalidad coincidió en describir ejecuciones extrajudiciales, bombardeos indiscriminados y saqueos generalizados tras la ofensiva de tropas etíopes y eritreas para tomar el control de la ciudad.
Evidence Lab, el Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional, se encargó de analizar las imágenes de satélite y corroborar los informes de los testigos. Encontraron indicios de dos nuevas fosas comunes al lado de dos iglesias.
“Las pruebas son convincentes y apuntan a una conclusión escalofriante. Los soldados etíopes y eritreos cometieron múltiples crímenes de guerra en su ofensiva por el control de Axum. Además, las tropas eritreas arrasaron el lugar y mataron sistemáticamente a cientos de civiles a sangre fría, lo que constituye un crimen de lesa humanidad”, manifestó Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.
Intervención militar en Tigré
La investigación de Amnistía Internacional describe que la matanza contínuo comenzó el 19 de noviembre de 2020, el día que fuerzas militares etíopes y eritreas tomaron el control de Axum en una ofensiva a gran escala. Causaron muertes y desplazamientos de civiles. Hubo disparos y bombardeos indiscriminados. En los nueve días siguientes, el ejército eritreo realizó cientos de ejecuciones extrajudiciales y saqueos generalizados de bienes civiles.
Las fuerzas eritreas llevaban vehículos con matrícula eritrea, el distintivo uniforme de camuflaje y calzado del ejército eritreo. Además, hablaban en árabe o en tigriña, un idioma que no se habla en Etiopía. Según los testimonios, varios de los soldados tenían en el rostro las cicatrices rituales del grupo étnico beni-ahmer, ausente en Etiopía. Los soldados eritreos ni se molestaron en ocultar su identidad, al contrario, manifestaban abiertamente.
La masacre ocurrió antes de la celebración de Tsion Mariam (santa María de Sion) en Axum, una importante fiesta cristiana ortodoxa etíope que se celebra el 30 de noviembre. Causó un trauma aún mayor al perpetrar tantas muertes antes de un acontecimiento que se celebra en familia y que atrae muchos peregrinos y turistas a la ciudad.
Vi a muchas personas muertas en la calle. Incluso a la familia de mi tío. Seis de sus miembros fueron asesinados. Mataron a mucha gente.
Residente de Axum, de 21 años de edad
Más de 300 niñas secuestradas en su propio colegio
Un grupo de hombres armados no identificados secuestró el viernes 26 de febrero a 317 alumnas en una escuela de secundaria en la ciudad de Jangebe, en la parte noroeste del Nigeria. El grupo irrumpió de madrugada en el internado y comenzó a trasladar forzosamente a las alumnas a vehículos y motocicletas.
Es la segunda violación de derechos humanos de este tipo en poco más de una semana en Nigeria. Hace nueve días las autoridades informaron del rapto de 28 estudiantes en Níger. La violación de derechos humanos en Jangebe ocurre casi tres meses después del secuestro de otros 344 estudiantes en el estado de Katsina.
El secretario general de la ONU, António Guterres, exige la liberación inmediata y sin condiciones de las 317 alumnas. «Las escuelas deben ser un lugar seguro para aprender, sin miedo a la violencia», dijo
Unicef, la agencia de la ONU para la infancia, también denunció el suceso, que se suma a una larga lista de secuestros similares en escuelas nigerianas durante los últimos años. «Esta es una grave violación de los derechos de los niños y una experiencia horrible. Puede tener efectos duraderos en su salud mental y bienestar», dijo Peter Hawkins, representante de Unicef.
Hawkins, además, reclamó su liberación inmediata y pidió al Gobierno que tome medidas más efectivas para garantizar la seguridad en las escuelas y no se repita la violación de sus derechos humanos.
Detienen a periodista en Birmania
La violación de los derechos humanos continúa con fuerza en Birmania. En especial contra los periodistas. El viernes la policía birmana detuvo a un periodista japonés que cubría una protesta en Rangún. De momento la embajada japonesa en no ha confirmado la identidad del profesional de la comunicación. Los varios compañeros revelaron que se trata del periodista Yuki Kitazumi, que también es cineasta.
El arresto ocurrió en el centro de Rangún, la mayor ciudad birmana, cuando la policía disparaba contra pequeños grupos de manifestantes que protestaban en contra del golpe de Estado. Varios videos de los sucesos se subieron a las redes sociales. Es el primer arresto de un reportero extranjero desde el golpe de Estado que comenzó el 1 de febrero en la madrugada. Las autoridades niponas anunciaron medidas con vistas a proteger al ciudadano japonés.
Impiden entrada de la muchacha que se fue con el Estado Islámico
En 2015, Shamima Begum y sus compañeras de escuela dejaron el Reino Unido para viajar a Siria y unirse a los yihadistas del Estado Islámico. Ahora, con 21 años de edad, Begum permanece bajo control de guardias armados en un campo en el norte de Siria. Desea regresar a su país natal, pero el Tribunal Supremo de Gran Bretaña rechazó su solicitud. Los jueces consideran que su presencia «puede poner en peligro la seguridad pública».
Mientras fue militante del Estado Islámico, solo se supo que Begum se casó con un yihadista holandés, ocho años mayor que ella. Nada más . En el 2019 reapareció en un campo de concentración en avanzado estado de gestación de un tercer hijo, que murió al poco tiempo de nacer. Lo mismo había ocurrido con sus otros dos bebés nacidos bajo el régimen yihadista.
La apodada «novia del Estado Islámico» aseguró en 2019 al diario The Times que no se arrepentía de nada de lo que había hecho ni de las atrocidades que había presenciado. El entonces ministro del Interior, Sajid Javid, le retiró la ciudadanía británica alegando que era un peligro para la seguridad nacional. En julio pasado el Tribunal de Apelación falló en favor de Begum. Declaró solo estando Begum presente en el Reino Unido podría defender la devolución de su nacionalidad, cuya privación la ha convertido en una apátrida. El ministerio del Interior apeló al Tribunal Supremo que ahora le ha dado la razón.
Los grupos defensores de derechos humanos consideran que Begum debe volver al Reino Unido. Ser juzgada y cumplir condena por los delitos que haya cometido. Su caso es similar al de otros 40 británicos yihadistas retenidos en campos de internamiento.
El Poder Judicial censura Ley del solo sí es sí
El Consejo General del Poder Judicial de España rechazó por unanimidad y sin fisuras el borrador de la ley del solo sí es sí y reclamó al Ejecutivo que corrija las modificaciones de los puntos centrales de los delitos contra la libertad sexual del Código Penal, que ha diseñado el Ministerio de Igualdad.
El anteproyecto de ley fue elaborado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, que lidera Irene Montero, de la agrupación Unidas Podemos. Indica la reformulación, entre otras cosas, que «se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto».
La primera gran objeción del informe del Poder Judicial es que considera «innecesaria» la inclusión en la ley de una definición del concepto de consentimiento en las relaciones sexuales. El CGPJ cree que eliminar el delito de abuso sexual puede perjudicar a la víctima y derivar en desprotección, al no castigar con mayor pena a quienes cometan actos más graves. Para evitarlo, proponen crear una modalidad agravada de agresión, con violencia o amenazas, en la que se imponga la pena en su mitad superior.
Los jueces tampoco han visto con buenos ojos el segundo aspecto clave de la ley, que sugiere la eliminación de la distinción entre abuso y violación.
Por su parte, Montero declaró que si el Poder Judicial ponía en cuestión los puntos centrales de su reforma ignoraría sus recomendaciones y seguiría adelante hasta aprobar su diseño de reforma del Código Penal. «Sólo sí es sí. Será ley», ha escrito en Twitter.
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