La decisión de dar al Mar Menor derechos que deben ser protegidos y respetados por el Estado, es la respuesta consensuada del parlamento español, a la presión ciudadana por preservar ríos y lagos. La iniciativa es seguida también por ambientalistas y expertos que luchan contra la deforestación, la contaminación de las aguas y los ecocidios que piden que esos actos arbitrarios o ilegales sean considerados delitos.
Con este respaldo, el Mar Menor se convirtió en el primer ecosistema de la Unión Europea, distinguido como sujeto jurídico ante administraciones y Justicia. Con derechos propios de protección y conservación. Reconociéndole, además, cuatro derechos fundamentales a la laguna salada más grande de Europa: derecho a existir y a evolucionar naturalmente, a la protección, a la conservación y a la restauración.
Este movimiento viene gestándose a nivel mundial desde hace algunos años. La conciencia por resguardar la naturaleza crece.
“En 2017 ocurrió un incidente excepcional. El río Wanganui se convirtió en la primera vía fluvial del mundo en obtener la personalidad jurídica. El tercer río más largo de Nueva Zelanda ahora puede ser representado en los tribunales y tiene dos tutores para hablar en su nombre. Los ambientalistas y los defensores de los derechos indígenas elogiaron este evento sin precedentes”, dijo entonces la Sociedad Wildernis.
Después de Nueva Zelanda, India y Bangladesh siguieron su ejemplo. Dos ríos de la India, el Ganges y el Yamuna, también recibieron derechos legales como si fueran una persona. Luego Bangladesh le dio derechos humanos a todos sus ríos. Y ahora España con el Mar Menor.
Ambientalistas luchan contra los ecocidios
Analistas de Climate Conscious piden que los ecosistemas del mundo también tengan una voz en los tribunales, como decidió el Senado en España con el Mar Menor. Y obtengan tutores legales que hablen sobre ecocidio, contaminación de las aguas y envenenamiento. Sostiene la organización ambientalista que “detener el ecocidio es un objetivo importante para cambiar el paradigma actual de destrucción. Necesitamos atrevernos a decir NO al progreso que no es progreso”.
Además, agregan que es un buen marcador para pasar de la era de la producción industrial a la biomimética en las economías de clúster. Economías de alcance. Químicos amigables con la vida. Procesos saludables de producción y transformación en lugar de las estrategias de tomar-hacer-y-deshacer que se usan ahora. La acción legal es una excelente manera de lograrlo.
En la actualidad, la Directiva de la Unión Europea de 2008 sobre la protección del medio ambiente a través del derecho penal está siendo revisada. Más de mil firmas recogidas por diversas ONG y la Fundación Stop Ecocidio piden su reforma. En el proyecto vigente el ecocidio se menciona en el preámbulo pero no en la parte dispositiva principal, donde se enumeran los delitos.
Los ambientalistas sostienen que los ecocidios deberían añadirse como un nuevo delito. Creando un elemento disuasorio aplicable a los daños más graves y extensos o duraderos a la naturaleza. De aprobarse, se reforzarían las leyes ambientales existentes en todos los Estados miembros de la UE.
Además, consideran que ante la crisis ecológica (que comprende el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad), es más necesaria que nunca la protección del medio ambiente. Sin embargo, “nos encontramos con que el derecho penal internacional, incluido también el ámbito europeo, se enfrenta a retos de gran magnitud”.
Ecocidios asociados a otros delitos
Los delitos contra el medio ambiente se han convertido en el cuarto mayor sector criminal del mundo, precisa la Fundación Stop Ecocidio. Y están aumentando de forma acelerada al tiempo que, a menudo, están relacionados de forma directa con la comisión de otros delitos graves. Como el tráfico de drogas y de personas, el blanqueo de dinero y la alta corrupción. En contrapartida a esta situación, la aplicación de la ley continúa siendo desproporcionadamente muy baja, dicen los ambientalistas respecto a los ecocidios.
Hay una gran ausencia de disposiciones penales que aborden los numerosos y variados casos de daños graves que son extensos o duraderos al medioambiente (cada vez más denominados «ecocidios»). Daños, añaden, que se originan como efecto secundario de prácticas industriales que ponen en peligro las bases de la vida planetaria. En numerosos casos, estos daños tienen un carácter transnacional. Es decir, afectan a más de un Estado tanto por la comisión o los efectos de su comisión, o porque su planificación se realiza en un Estado distinto al que se producen los daños.
Por ello, adicionan, resulta imperativo reforzar los marcos jurídicos internacionales, y Europa debe ser un ejemplo de este cambio urgente y necesario de la protección ambiental a nivel penal.
El reconocimiento del delito de ecocidio en el contexto de la Directiva de 2008, en revisión, reforzará las leyes existentes, proporcionando una pieza fundacional de la que se carece actualmente. Asimismo, comenta la Fundación, ayudará a establecer una «línea roja» tanto moral como legal y creará la oportuna orientación para los líderes de la industria y para los responsables políticos en este periodo crucial.
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