«Maduro prometió un baño de sangre, nos indignó oírlo. Nos indigna más que lo está haciendo ahora. Hay premeditación, alevosía, impulso brutal, ferocidad, ventaja superior. Es el momento de presentar cargos de imputación y orden de captura por la Corte Penal Internacional contra los principales responsables, incluido Nicolás Maduro. Es hora de la justicia. Nosotros vamos a solicitar la imputación por un hemisferio libre de crímenes de lesa humanidad», fue el resumen que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó en X de su intervención en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente convocada antes las irregularidades en la elección presidencial en Venezuela.
No es la primera vez que Almagro alza la voz ante el silencio cómplice o la inacción de los países miembros de la OEA. Innumerables informes elaborados en la última década sobre las violaciones de derechos humanos, corrupción, delitos de lesa humanidad y medioambientales, usurpación de cargo, terrorismo y narcotráfico régimen, pero han sido saludos a la bandera. No prosperan en las estériles discusiones de una institución que se creó para defender y fomentar las democracia y se ha convertido en un club de amigos o de cómplices.
Certero y firme, Almagró preguntó que dirían los miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos si en nuestros países se proclama a alguien ganador sin que aparezcan las actas de las votaciones la discusión seria sobre la cantidad de días, semanas o meses se le concederían al organismo electoral para que presente las actas.
EIDato
Aunque la OEA como institución no puede enviar un caso al tribunal de La Haya, Almagro como su secretario general sí la potestad de enviar a su nombre el informe y la petición de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y demás responsables de la represión.
Resolución sin quorum
El secretario general decidió usar su potestad de solicitar la orden de detención de Nicolás Maduro -que amenazó «|con un baño de sangre, una guerra civil» si no ganaba las elecciones del 28 de julio- después de constarse que no había en la sala los votos suficiente para aprobar una resolución exigiéndole al CNE presentación de las actas de escrutinios en las que sustentan la proclamación de Maduro como ganador de los comicios y por tanto presidente electo. También por las medidas de retaliación y represión que desde la noche después de las votaciones contra quienes protestaron el boletín oral de Elvis Amoroso sin actas ni cifras desglosadas.
En la OEA coinciden unos cuantos Estados, o representante de gobiernos, que todavía no se enteran de la crítica situación de la democracia en Venezuela y la crisis humanitaria que ha generado. La explicación detallada de Almagro sobre las irregularidades e incongruencias detectadas durante el proceso comicial, ni la enumeración de la violaciones flagrantes de las leyes electorales y la violencia desmedida ni siquiera los hizo parpadear. Tampoco el documento preparado por los expertos de la OEA, la declaración el Centro Carter y organismos multilaterales que desvelan paso a paso el fraude cometido.
No solo se trata de no publicar en la página web del CNE de las actas de escrutinios y de una proclamación írrita del candidato oficialista sin tener la totalización de votos. Las irregularidades cometidas son masivas y graves. Desde trabas para la inscripción de candidatos y no abrir el registro de nuevos votantes e impedir el voto a los a la mayoría de los más de 5 millones de electores que migraron, hasta las detenciones arbitrarias de personas relacionadas con la candidatura de Edmundo González y de la plataforma política que lidera María Corina Machado.
No son ciegos, se niegan a ver
Antes de la votación, representantes negociaron, a puerta cerrada y por más de 5 horas, el proyecto de resolución. Hubo tensiones por una que otra palabra, pero lo que menos gustó fue que se planteaba una «verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad». Como no se retiró ese artículo, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía se abstuvieron. México, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago se retiraron de la sesión.
Solo votaron a favor de la resolución Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Surinám y Uruguay.
Negociación tripartita
La abstención de Colombia generó una ola de críticas. Expresidentes y políticos colombianos acusaron a Gustavo Petro de ser cómplice del fraude electoral. El embajador ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, señaló que la decisión de abstenerse se debió a las declaraciones de Almagro pidiéndole a Maduro aceptara su derrota. Vargas dijo que con ese punto de vista era complejo presentar a la OEA como un organismo imparcial. Vargas, quizás suponía, que participaban en un concurso de belleza y no ante escandalosos un fraude electoral, un zarpazo contra la democracia, un sistema de gobierno que la OEA está obligada a defender por su Carta Democrática.
También dijo que Venezuela no tiene representación en la OEA, y que no se podían decidir sobre un país ajeno a la organización, como si la población venezolana no tuviera derecho a que se le respete su voto, su soberanía. Adelantó que Petro estaría dialogando con México y Brasil «para crear las condiciones necesarias y buscar un acuerdo por la convivencia y la paz política», pero no porque se respetaran los resultados electorales, la voluntad soberana del la ciudadanía venezolana.
Durante la sesión de la OEA, el encargado del Departamento de Estado estadounidense para Latinoamérica, Brian Nichols, respaldaba la validez de las actas de votación publicadas por la oposición en una página web y afirmó que existe evidencia irrefutable para declarar la victoria de Edmundo González. El diplomático exhortó tanto a Nicolás Maduro como a los demás países a reconocer la victoria de González.
La Carta Democrática, ¿un mensaje perdido?
- Venezuela en 2002. Fue invocada formalmente por primera vez en abril de 2002. El motivo fue la renuncia del presidente Hugo Chávez y el vacío de poder durante 47 horas . Los jefes de Estado de 19 países del Grupo de Río celebraban una cumbre en San José de Costa Rica. Sin conocer los detalles, se apresuraron a emitir una declaración conjunta el 12 de abril condenando el «intento de toma de poder». Chávez reasumió el poder, pero la OEA no investigó a fondo lo que ocurría en Venezuela: la demolición de su sistema democrático
- Honduras en 2009. Se invocó por que los militares secundaron la destitución del presidente por el Congreso, porque insistía en reformar la constitución para reelegirse.Barack Obama declaró que se violaba la Carta Democrática. Fue la primera vez que se declaró la suspensión de un país miembro.
- Venezuela en 2016. El 19 de mayo, la Asamblea Nacional solicitó formalmente a Almagro la aplicación en vista de la situación económica y política del país. El control de facto por Nicolás Maduro de los poderes Judicial y Electoral y el decreto de «estado de excepción y emergencia económica» sin aprobación parlamentaria y las amenazas de cerrar la Asamblea Nacional e impedir un referéndum revocatorio promovido por la oposición. No se aplicó.
- Guatemala en 2023. La OEA activó el artículo 18 de la Carta Democrática por la crisis política en Guatemala provocada por irregularidades en las elecciones de ese país.
Perder la paciencia
A Estados Unidos advirtió que se le “agotaba la paciencia” esperando que el CNE publicaran las actas de votación que respaldan la victoria de Maduro. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, expresó: “Nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se están agotando en la espera de que las autoridades electorales sean sinceras y publiquen los datos completos y detallados de las votaciones”.
Afirmó que la Casa Blanca comparte las conclusiones del Centro Carter en cuanto a que los comicios del domingo no fueron democráticos. Además, aseguró que las protestas registradas contra Nicolás Maduro se deben a que “el pueblo venezolano está saliendo a las calles para exigir que se cuenten sus votos” y que “no se les puede reprimir por eso”. Manifestó serias preocupaciones por las órdenes de detención que Maduro podría emitir contra los líderes de la oposición, y condenó la violencia política y la represión.
El expresidente Donald Trump publicó en sus redes sociales que Kamala Harris y el presidente Biden eran responsables en buena parte de lo que ocurre en Venezuela. «Un país que está destruido y su maravillosa gente en quiebra y muriendo. Gran parte de su sangre está en manos de políticos estadounidenses peligrosamente liberales y fracasados, como el corrupto Joe Biden y Kamala Harris, que lideró la liberación del máximo lavador de dinero de Maduro y de sus dos sobrinos narcotraficantes condenados, a cambio de una promesa obviamente falsa de libertad, justicia y elecciones para el pueblo de Venezuela”, afirmó.
La CPI ralentiza el caso Maduro
En 2018, el secretario general de la OEA se planteó denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. También más sanciones más duras contra los funcionarios incursos en corrupción, lavado de dinero, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. Su estrategia se correspondía con su prioridad de lograr la redemocratización de Venezuela. También planteó denunciar él mismo a Maduro ante la CPI si los expertos de la OEA se lo recomendaban.
Al igual que en 2018, en mayo pasado, un panel de expertos de la OEA entregó un informe sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela que instaba a la CPI a centrarse en personas específicas, especialmente perpetradores de nivel medio y alto de crímenes de lesa humanidad y emitirles órdenes de detención. Joanna Frivet, miembro del panel, dijo que en los últimos seis meses se analizaron casos de tortura, detención arbitraria, violencia sexual y persecución que Venezuela no investigó ni juzgó. «Venezuela no cumple con sus obligaciones de exigir responsabilidades y en estas circunstancias la intervención de la Fiscalía de la CPI es fundamental para impulsar la investigación y procesamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela», explicó.
El panel de la OEA recomendó al fiscal de la CPI que urgentemente, por la naturaleza de los crímenes, se implique más y abra investigaciones contra individuos específicos y emitir órdenes de arresto. Pidió que centrara sus investigaciones «en perpetradores de nivel medio y alto para evitar que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad, la impunidad es significativa».
Salirle al paso a críticas
Adelantándose a posibles crítica, Santiago Cantón, presidente del panel, manifestó que seguramente los aliados del socialismo del siglo XXI dirán que acudir al CPI es parte de un plan de la derecha internacional, encabezado por el secretario general de la OEA, para denunciar y desprestigiar el régimen de Maduro»., pero existen otros informe de otras instituciones que han planteado exactamente lo mismo. Manuel Ventura, también miembro del panel, explicó que normalmente los Estados «hacen desaparecer las pruebas», pero en el caso de Venezuela las víctimas son los propios testigos». «El caso va dirigido contra personas físicas. Es una larga lista y la primera es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro», añadió.
El panel determinó que aproximadamente el 83,6% de todos los casos de tortura analizados no había registros de diligencias de investigación, a pesar de las denuncias. Los retrasos se deben a «una falta de separación entre el poder Judicial y el Ejecutivo». El panel exhorta a Maduro a que «cese inmediatamente la comisión de crímenes, las operaciones de encubrimiento, la represión contra los activistas de derechos civiles, las víctimas y sus familiares».
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