Es todo un referente del Derecho en América Latina y, sobre todo, en su país, Venezuela. Allan R. Brewer-Carías (Caracas, 1939), ha sido casi todo. Fue ministro de Estado para la Descentralización entre 1993 y 1994 y ya con Hugo Chávez en el Gobierno integró la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la Constitución de 1999 hoy vigente a la que se opuso al considerarla antidemocrática.
En el ámbito académico ha sido catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela y ha dado clase en prestigiosas universidades europeas y norteamericanas. Actualmente vive en Nueva York, después de que el Gobierno de Venezuela le acusara de haber conspirado para cambiar violentamente la Constitución del país e iniciara acciones judiciales contra él.
Durante la conversación, se muestra especialmente indignado por el anuncio realizado por Nicolás Maduro para redactar una nueva Constitución. Precisamente sobre la situación en su país acaba de publicar en España La dictadura judicial y la perversión del Estado de Derecho (Ediciones El Cronista, 2017), la última de sus cientos de publicaciones.
¿Cuál es el origen de esa Asamblea Constituyente anunciada por Maduro?
Cumpliendo lo que prometió en la campaña presidencial y después de una ambigua sentencia de la antigua Corte Suprema de Justicia dictada bajo su presión política, Hugo Chávez convocó en 1999 una Asamblea Nacional Constituyente que no estaba prevista en la Constitución de 1961 entonces vigente para supuestamente “refundar la república” y aprobar un nuevo texto legislativo. Formé parte de ese instrumento político de reforma constitucional, al cual fui electo como independiente con más de un 1.200.000 votos, conformando una exigua minoría opositora de solo cuatro miembros en una Asamblea de 131 integrantes controlados por el chavismo. Dicho organismo sancionó la Constitución de 1999, hoy vigente, a cuya aprobación popular me opuse porque era la mesa servida al autoritarismo –así lo dije y escribí hace 17 años–, como lamentablemente se ha comprobado. Tras esa experiencia que se desarrolló al margen de la Carta Magna de 1961, la de 1999 recogió la Asamblea Constituyente en sus normas como uno de los tres mecanismos para realizar una reforma constitucional. Los otros dos son las enmiendas y la reforma constitucional. Las tres se diferencian materialmente por el grado de las modificaciones constitucionales que se quieran introducir, aunque en todos los casos debe realizarse una consulta popular.
¿Cuál es la función de la asamblea y cómo se elige a sus integrantes?
El artículo 347 de la Constitución reserva la figura de la Asamblea Nacional Constituyente para reformas radicales: “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.” Especifica que correspondiendo el poder constituyente originario exclusivamente al pueblo, solo el pueblo puede convocar una Asamblea Constituyente. No lo puede hacer ni el presidente de la República ni ningún otro órgano del Estado. El anuncio del señor Maduro viola la Constitución, que no especifica cómo se eligen los miembros de esa asamblea. La iniciativa debe someterse a votación popular mediante referendo que, en ese caso sí y conforme al artículo 348 de la Constitución, pueden convocarlo el Presidente de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional con voto calificado, dos terceras partes de los Concejos Municipales, o un 15% del electorado en una iniciativa popular. Una cosa es la iniciativa para proponer la convocatoria por parte del pueblo de una Asamblea Constituyente y otra cosa es la convocatoria misma que solo la puede hacer el pueblo mediante referendo, que es la forma constitucional para expresar en estos casos su voluntad. Por tanto, el presidente Maduro no puede constitucionalmente convocar una Asamblea Nacional Constituyente como lo anunció el 1 de mayo. Si lo hace constituye un fraude a la Constitución y una usurpación de la voluntad popular.
¿Cuáles son los motivos esgrimidos por Maduro para convocar ese órgano y cuáles cree que son sus objetivos reales?
Los principales motivos esgrimidos por Maduro no justifican reforma constitucional alguna y menos la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Para reajustar la economía y el desarrollo social es necesario cambiar radicalmente la política económica para precisamente permitir que haya un nuevo modelo postpetrolero. Y para eso no se necesita una reforma del máximo texto legislativo. Es un engaño ofrecer una Constituyente para que el pueblo, por ejemplo, pueda comer, tenga calidad de vida y haya atención hospitalaria. Otros de los motivos esgrimidos sí requerirían de una reforma constitucional, por ejemplo cuando habla de estructurar un Estado Comunal o del Poder Popular (con Comunas y Consejos Comunales no electos). Exigiría modificar la ley y eliminar su base democrática. Chávez lo intentó en 2007 y fracasó porque el pueblo se lo rechazó mediante referendo. Ahora Maduro quiere repetir la fracasada propuesta de Chávez pero sin referendo, es decir, defraudando la propia voluntad popular.
Maduro ha asegurado que 200 o 250 de los integrantes de la Asamblea serán elegidos por “la base de la clase obrera”. ¿Qué cree que significa eso?
Esa propuesta es contraria a todos los principios democráticos imaginables. Si el pueblo es el depositario de la soberanía y titular del poder constituyente originario y solo él puede convocar una Asamblea Constituyente, es toda la población la que puede conformarla democráticamente. El pueblo es el universo de los electores con derechos políticos. No es una fracción o facción del mismo como podría ser la “clase obrera”. Una convocatoria en esos términos sería abiertamente discriminatoria y contraria al pluralismo político que exige que los partidos participen. La propuesta de Maduro es una mala resurrección de los soviets soviéticos mal copiados por Cuba.
La oposición ha acusado al chavismo de consumar con ese anuncio el “golpe de Estado continuo de Maduro a la Constitución”. ¿Comparte esta opinión? ¿Por qué?
El golpe de Estado continuado se ha venido dando en Venezuela desde el año 1999, cuando la Asamblea Constituyente de la época sancionó un régimen transitorio que fue una Constitución paralela a la aprobada por el pueblo, para que ésta no se pudiera aplicar. Así sucedió durante varios lustros, controlándose desde el Poder Ejecutivo a todos los poderes del Estado. Cuando uno de esos poderes, el Legislativo, salió de las garras del Ejecutivo tras el triunfo de la oposición, en las elecciones a la Asamblea Nacional de diciembre de 2015, el régimen continuó con el golpe a través del Tribunal Supremo de Justicia. Mediante casi cincuenta sentencias, le cercenó todos los poderes de legislación y control a la Asamblea hasta casi eliminarla. Se ha producido lo que he denominado una “dictadura judicial”.
¿Ve posible que con la nueva Constitución se blinde el chavismo para siempre y se deje sin opciones democráticas a la oposición?
Esa es la intención: eliminar definitivamente la democracia representativa y sustituirla por un sistema de conducción política que erradica el sufragio y que solo permite que agentes del régimen ocupen posiciones subordinadas de una burocracia insaciable y corrupta, que arguye ser participativa, pero que huye de la participación efectiva del pueblo. Fue lo que quiso hacer Chávez con la reforma constitucional que propuso en 2007 para crear un Estado del Poder Popular o Estado Comunal. Fue rechazada mayoritaria y abrumadoramente por el pueblo, en lo que fue uno de sus grandes fracasos. Maduro ahora pretende repetir el ensayo, pero con un país aún más colapsado y un gobierno en crisis definitivamente terminal como el que preside ilegítimamente desde 2013. El momento es decisivo y estoy seguro que el pueblo es consciente del peligro que encarna la propuesta. Por eso Maduro no se atreve a someterla a aprobación popular mediante referendo y quiere imponerla.
¿Cuál cree que será la reacción de las calles? ¿Existe un riesgo de estallido social aún más grave que el actual?
Lamentablemente en esta materia la futurología no funciona. El país está colapsado, no hay alimentos, medicinas, atención médica ni calidad de vida. Y la propaganda oficial y de los corifeos del régimen, dentro y fuera de Venezuela, no puede ocultar una trágica realidad. El pueblo condena el milagro que hizo el régimen de convertir al país más rico de América Latina en el territorio catalogado como el más miserable del continente. Hasta dónde llega la rebelión popular y hasta dónde la represión, nos lo dirá el futuro. Lo importante es que haya conciencia en la comunidad internacional y que con los instrumentos que otorgan las relaciones internacionales ayuden al país que tanto ayudó desinteresadamente a otros en situaciones similares.
¿Qué pasos cree que se deberían dar para poner fin a la crisis política y humanitaria por la que atraviesa el país?
La única forma es desalojando del poder a quienes lo asaltaron a mansalva y han saqueado al país en términos y cifras nunca vistos en la historia de la humanidad.
¿Considera posible que haya una reconciliación nacional?
Reconciliación habrá, pero ojalá no sea como consecuencia de un armisticio o de una capitulación. Solo está en manos del régimen, que sabe que no tiene respaldo popular de ningún tipo, evitar que haya un desenlace no deseado en el país.
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