Por Iñigo Aduriz
20/02/2017
Se van a cumplir cinco años de la ruptura total. El Gobierno de Mariano Rajoy, cuyo partido se había volcado contra el Estatut que había sido votado por los catalanes, no quiso ni entrar a hablar de revisar el modelo de financiación de Cataluña. Se inició entonces una etapa de guerra total entre la administración central y la Generalitat, presidida entonces por Artur Mas, que llevó el desafío soberanista hasta los límites constitucionales.
La ciudadanía catalana respondió como nunca antes. El independentismo alcanzó una fuerza sin precedentes hasta el punto que las fuerzas que exigen la escisión lograron cerca de la mitad de los apoyos en las elecciones de 2015. Se celebró incluso una consulta simbólica –la del 9 de noviembre de 2014– por la que Mas y dos de sus consejeras acaban de sentarse en el banquillo de los acusados. Y la actual administración catalana, con Carles Puigdemont a la cabeza, ya ha puesto en marcha el proceso de desconexión que pretende culminar con un referéndum en septiembre.
En todo este tiempo y a pesar de que afrontaba uno de los mayores desafíos de la historia democrática española, el Gobierno ha evitado los contactos con la Generalitat, ha rechazado cualquier tipo de negociación y ha eludido poner en marcha cualquier tipo de campaña que pudiera resultar seductora para que los catalanes desencantados con el modelo de las autonomías del país, recuperaran su identificación y su pertenencia al Estado.
De momento, solo gestos
Han hecho falta más de cinco años para que el talante del Ejecutivo cambie. De momento, y según los acontecimientos de este fin de semana, solo se trata de gestos. Nada más inaugurarse la legislatura, el Gobierno anunciaba que la vicepresidenta y ministra encargada de las relaciones territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, dispondría de un despacho en Barcelona para dirigir desde allí las relaciones con la administración autonómica.
Y este domingo, el delegado del Gabinete en Cataluña, Enric Millo, ha realizado otro gesto, desmentido después por Puigdemont, asegurando que existen conversaciones «a todos los niveles» entre el Gobierno y la Generalitat. En una entrevista en la televisión pública catalana, el delegado del Gobierno aseguró que los contactos son «constantes», y que muchos de ellos son secretos «para que las cosas se puedan hablar con la serenidad que requieren».
«No hay ninguna negociación ni privada ni oficial. Y créanme: nos gustaría», aseguraba después el presidente catalán que, con la ironía con la que habitualmente habla de España y del Gobierno, consideraba que la hipotética propuesta de acuerdo entre el Ejecutivo y la Generalitat es como el Espíritu Santo: «Todo el mundo habla de él pero nadie lo ha visto». Así, emplazaba a Rajoy y a su equipo a que si «tiene ganas de hablar sobre alguna propuesta concreta ponga algo sobre la mesa».
Cinco años después, Gobierno y Generalitat parecen, por lo menos, dispuestos a empezar hablar si no lo han hecho ya. Un lustro después, parece que algo se mueve, por fin, entre España y Cataluña.