Por Cambio16 | Efe
22/02/2016
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El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau ha sido puesto en libertad tras negarse a declarar y permanecer varias horas detenido por un supuesto delito de cohecho. Junto a Grau fue arrestado el empresario responsable de Viajes Transvía -encargada de la gestión del autobús turístico de Valencia-, Urbano Catalán, que también ha quedado en libertad.
Al margen de este proceso, Grau está procesado en el caso Nóos que se enjuicia en Palma de Mallorca, acusado de prevaricación administrativa, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias en relación a la contratación del Instituto Nóos a través de la Fundación Turismo de Valencia, que él presidía.
La detención de Grau se ha producido en Mislata (Valencia), en el domicilio de su mujer, la también exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, una de las veinticuatro personas que fueron detenidas a finales del pasado mes de enero en el marco del caso Imelsa, por supuestas «mordidas» ilegales en la adjudicación de contratos públicos.
A continuación, agentes de la Guardia Civil le han trasladado a su domicilio, en la plaza de la Porta de la Mar de Valencia, a pocos metros del domicilio de la exalcaldesa y actual senadora territorial del PP, Rita Barberá.
El antiguo «número dos» de Barberá en el consistorio ha permanecido varias horas en compañía de los agentes de la policía judicial y uno de los fiscales anticorrupción en su domicilio, que ha abandonado minutos antes de las 13.30 horas sin esposas aunque acompañado por varios agentes.
Sin hacer declaraciones, Grau ha sido introducido en un vehículo negro sin distintivos policiales y trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, mientras agentes uniformados han sacado varias cajas con efectos procedentes del registro.
Finalmente, ha sido puesto en libertad alrededor de las cuatro de la tarde y ha abandonado la Comandancia en un taxi que le ha recogido dentro de la casa cuartel.
El empresario detenido, Urbano Catalán, también ha estado presente en el registro de una de sus oficinas, ubicada en la calle de Feliu Ventura de Valencia, de donde la Guardia Civil también ha retirado documentación.
Ambas detenciones no han sido ordenadas por orden judicial, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, sino que han sido iniciativa policial.
Sin embargo, desde el alto tribunal valenciano se ha informado de que tanto Grau como el empresario estaban siendo investigados por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato del Ayuntamiento de Valencia.
La causa nació a finales de 2015, cuando el juzgado recibió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra ambos investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) a quienes imputa el supuesto delito de cohecho; al empresario como parte activa y al exvicealcalde como parte pasiva.
Estas diligencias del Juzgado de Instrucción número 19, declaradas secretas, no guardan relación con las que se siguen en Instrucción 18 por el caso Imelsa, han señalado las mismas fuentes.
El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que «llama la atención» que las actuaciones judiciales en materia de corrupción solo afecten al PP en un momento político «delicado» antes de subrayar que no cree por norma general «en la espontaneidad ni en la casualidad».
Fernández Díaz se ha referido así tanto a la detención de Grau como a la posible implicación del expresident de la Generalitat Francisco Camps en una presunta trama de financiación ilegal del PP valenciano, en unas declaraciones por las que el PSOE ha exigido su dimisión.
También el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, ha asegurado que «aquí quien la hace la tiene que pagar» y responder ante la justicia por esos hechos.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrado su «hartazgo» y «tristeza» por los últimos casos de corrupción conocidos que salpican a miembros del PP valenciano y ha pedido dimisiones en el seno de este partido para que «no se gangrene».
La portavoz adjunta del PP en Les Corts, María José Catalá, ha defendido que la dirección del partido en la Comunitat «ha asumido sus responsabilidades políticas», y el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha tachado de «vomitivo» que haya corrupción en su partido, al tiempo que ha vuelto a reclamar a Barberá que dé explicaciones públicas.
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