Por Gemma Casadevall | Efe
25/05/2016
La gran coalición alemana de la canciller Angela Merkel ha aprobado un proyecto de ley que recompensará el esfuerzo del refugiado que muestre voluntad de integrarse en el país y sancionará al que no lo haga, con la que pretende acelerar la incorporación de estos contingentes al mercado laboral y sociedad del país.
«La ley de integración es una piedra fundamental», defendió Merkel, al término del consejo de ministros celebrado de forma extraordinaria en Meseberg (afueras de Berlín), que encarriló el proyecto hacia el trámite parlamentario.
El principio directriz de la nueva ley es el «apoyar y exigir», recalcó la canciller, es decir, respaldar a quienes muestren esa voluntad de integración y poner a su disposición la oferta necesaria, «en función de sus perspectivas de quedarse en el país», para que accedan a su mercado laboral.
En ese cometido entra la obligatoriedad de participar en los llamados cursos de integración y el idioma alemán, cuestión que para Merkel es un factor esencial de demostrar «voluntad de integración».
«Hemos aprendido de los errores del pasado. No queremos ni guetos ni sociedades paralelas», recalcó posteriormente el ministro de Interior, el conservador Thomas de Maiziere, al detallar el contenido del proyecto de ley junto con la titular de Trabajo, la socialdemócrata Andrea Nahles.
La doble perspectiva de los términos «apoyar y exigir» fue el concepto más repetido, tanto por la jefa del Gobierno y líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU) como por el líder socialdemócrata ministro de Economía, Sigmar Gabriel, aunados en la defensa de una ley controvertida, especialmente en lo concierne a las sanciones.
«Dentro de un par de años se verá esta ley como un primer paso hacia una auténtica ley de migración, encaminada a que estos inmigrantes vean en Alemania su nuevo hogar, independientemente de si luego deciden volver a su país de origen o quedarse aquí», dijo Gabriel.
Merkel hizo hincapié en el compromiso de mejorar el acceso al mercado laboral a los refugiados, así como de incrementar la oferta de los llamados cursos de integración, ya que actualmente está claramente por debajo de la fuerte demanda derivada de la llegada de peticionarios de asilo, admitió la ministra Nahles.
La ley incluye una serie de artículos que han desatado las críticas de organizaciones de apoyo a los refugiados como Pro Asyl, que la considera incluso contraproducentes para la integración del refugiado, ya que recortan su capacidad de decisión.
Los solicitantes de asilo no podrán, por ejemplo, elegir un lugar de residencia en Alemania, sino que deberán permanecer en el distrito previamente asignado, de acuerdo el sistema de distribución de estos contingentes por el conjunto del país entre el total de 16 estados federados o «Länder» del país.
La vigencia de este lugar predeterminado de residencia será de tres años y sólo podrá modificarse por causas consideradas justificadas por las autoridades competentes, como por ejemplo el reagrupamiento familiar o si pueden demostrar que encontraron un puesto de trabajo estable en otro lugar del país.
El articulado de la ley se presentó tras el consejo de ministros en formato cónclave celebrado en el palacio de Meseberg, con el que la gran coalición de Merkel trató de mostrar cohesión en la búsqueda de soluciones a la crisis migratoria.
La llegada al país de 1,1 millones de peticionarios de asilo en 2015 ha colocado a la canciller ante la situación más delicada, a escala interna, desde su llegada al poder, en 2005, y disparado el voto de protesta a favor del nuevo populismo de derechas de Alternativa para Alemania (AfD).
Desde la oposición, los Verdes han acusado a la gran coalición de incurrir en el cliché del refugiado como alguien que rehúsa trabajar, de acuerdo a los prejuicios contra estos colectivos abonados por la ultraderecha xenófoba.
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