Por Juan Emilio Ballesteros
- Asegurar el bienestar, prever los riesgos y planificar la jubilación depende de la capacidad de ahorro. La cobertura pública ya no es suficiente. Es preciso adelantarse al futuro.
La presidenta de la patronal de los seguros (Unespa), Pilar González de Frutos, se muestra convencida de que en España no peligran el Estado del bienestar ni la protección social de los ciudadanos, amenazada por la crisis económica y el envejicimiento de la población. No obstante, advierte de que es preciso fomentar los instrumentos de ahorro para garantizar unas pensiones de calidad porque en el futuro el crecimiento de la economía dependerá en parte del poder adquisitivo de los jubilados. El sector goza de buena salud y el modelo español es admirado en Europa. La normativa comunitaria Solvencia II, que entrará en vigor en 2016, implementará la transparencia y la excelencia en la gestión de las empresas aseguradoras.
Las coberturas sociales que tradicionalmente ha garantizado el Estado pueden desaparecer. ¿Tiene que cambiar la mentalidad para que se asuma que la salud y la jubilación son una prioridad para garantizar el bienestar?
No es cierto que las pensiones futuras no se vayan a pagar. Además, es una afirmación muy arriesgada. Negar el pago de las pensiones es negar el pacto constitucional entre generaciones que lo alimenta. Y esto es algo que sólo pasará el día que los españoles así lo quieran.
Lo que sí es cierto es que hay un problema: el envejecimiento demográfico. Este fenómeno genera tensión en todo sistema de bienestar que se base, como lo hacen las pensiones de reparto, en que los jóvenes financien las prestaciones de los mayores. La expresión “envejecimiento demográfico” quiere decir que la relación demográfica entre jóvenes y mayores se deteriora y, consecuentemente, la capacidad del reparto de pagar pensiones es menor.
En el caso del gasto médico, la tensión proviene de la mayor morbilidad de las personas mayores. El Sistema Nacional de Salud español debe reorientarse con el fin de prestar servicio a una sociedad envejecida. Este incremento del gasto, tanto en salud como en pensiones, y el hecho de que se hace difícil generar los ingresos necesarios para equilibrarlo, provocará que la generosidad de la pensión de reparto tienda a reducirse. Pero eso no quiere decir que debamos por ello perder bienestar. Si se generan masas de ahorro adecuadas a tiempo, seremos capaces de equilibrar este efecto. Otros países ya lo han hecho. La educación financiera es clave para sensibilizar a la población. Las personas deben conocer los riesgos a los que están expuestas ellas y su patrimonio, y saber que pueden tomar medidas para protegerse.
Si se pone en duda la sostenibilidad del sistema, ¿no es la gran oportunidad de negocio para las compañías aseguradoras?
En el sector asegurador creemos firmemente en la existencia del Estado de bienestar. Las necesidades de cobertura social son, por definición, ilimitadas. Siempre se puede gozar de una pensión más generosa y de una atención médica de mayor calidad. Pero los recursos son limitados. Por eso, lo conveniente es coordinar las prestaciones de bienestar que somos capaces de atender los prestadores públicos y los privados. Así se evitan redundancias y se logra sacar el máximo partido a los recursos disponibles. ¿Qué quiero decir con evitar redundancias y coordinarse? En materia de salud, en el mundo del seguro apostamos decididamente por fomentar los protocolos de colaboración pública-privada. Mientras, en el caso de pensiones, deseamos que se lleve la previsión social a la gran masa de los trabajadores españoles.
En sanidad, defendemos el desarrollo de convenios de colaboración público- privada. A través de estos protocolos, operadores privados se ocuparían de administrar y dispensar servicios de titularidad pública. Esto permitiría introducir criterios de eficiencia y gestión privada, al tiempo que se conserva un acceso universal a la salud. Este modelo sanitario ya opera en varios países europeos de honda raigambre social (Alemania) y, parcialmente, en España a través de las mutualidades de funcionarios (Muface, Mugeju e Isfas).
En cuestión de pensiones percibimos que, actualmente, sólo los empleados de grandes empresas y multinacionales cuentan entre sus beneficios sociales con esquemas de previsión social complementaria. Se habla mucho de la dualidad del mercado laboral en el sentido de la diferencia entre trabajadores fijos y eventuales; pero nunca nos acordamos de que existe otra dualidad: la que divide a los trabajadores que tienen pensiones complementarias, y los que no. El deseo de Unespa es acabar con esta disparidad y llevar el ahorro empresarial para la jubilación a las grandes creadoras de empleo del país: las pymes.
¿Cómo hacer que el ahorro para la jubilación forme parte de las relaciones laborales?
Esto ocurre en países europeos como Holanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Reino Unido. Los sistemas colectivos de ahorro complementario para la jubilación, aun a pesar de estar infradesarrollados en España, tienen la capacidad de generar pensiones equivalentes a la mitad de la pensión pública. Es decir, pueden incrementar de manera muy perceptible el poder adquisitivo de la gente durante su vejez. Si tenemos en cuenta que la tasa de sustitución (pensión sobre salario) de la pensión pública está en torno al 70%, lo lógico es concluir que la potencialidad del sistema es, simple y llanamente, permitir que el trabajador conserve su nivel de vida cuando se retire.
Hay muchos mecanismos para fomentar la contratación de productos de previsión social por parte de las empresas. Simplemente se trata de analizarlos y apostar por el que mejor se adapte a la idiosincrasia de las relaciones laborales españolas. Avanzar en esta dirección evitará que el día de mañana haya jubilados de primera y de segunda. O dicho de otra forma, que haya unos jubilados que disfruten de sus días de retiro con una pensión que les permita vivir cómodamente y otros a los que les cueste llegar a fin de mes.
¿Cómo ha acusado el sector la pérdida de la capacidad de ahorro de las familias?
El ahorro neto generado, tal y como lo calcula el Banco de España en sus cuentas financieras, ha experimentado un descenso muy significativo. Sobre todo si se computa en términos de renta disponible de los hogares, que es la forma adecuada de medir el nivel de esfuerzo que las familias hacen de apartar de lo que tienen una parte para diferir rentas hacia el futuro. Aunque esto es una mala noticia, el panorama es todavía peor si pensamos que, cuando se observan las tendencias en Europa, se percibe que ha habido algunos países que nos han acompañado en la caída, pero otros no. Los países que tienen sistemas de ahorro complementario estatuidos y coordinados desde la legislación han notado mucho menos la pérdida de capacidad de ahorro de las familias.
¿Es verdad que la economía va a depender mucho de la capacidad de compra de los mayores?
Absolutamente. Esto es una buena noticia. La mejora de las condiciones de vida ha permitido que la gente viva más años. Por eso, es lógico que las personas de edad avanzada tengan cada vez un papel más destacado en el consumo. Si queremos que la economía española crezca, sea dinámica y genere oportunidades para las personas en edad de trabajar, es indispensable que los jubilados dispongan de poder adquisitivo y puedan consumir. Para lograr este círculo virtuoso es necesario fomentar el ahorro durante la época laboral activa.
Lo importante en el ahorro para la jubilación es la constancia. No es cuestión de ahorrar mucho en el tramo final de nuestra carrera laboral, sino de ir pasito a pasito desde el principio. En Unespa hemos calculado que, si se ahorran 100 euros al mes desde los 30 hasta los 67 años, en el momento de la jubilación se pueden haber acumulado más de 60.000 euros. ¿Y cómo es esto posible? Porque además del dinero que periódicamente aportamos, está el rendimiento que los ahorros logran por su cuenta. Nuestro dinero trabaja por sí solo y eso se llama “interés compuesto”. Éste opera como una bola de nieve que va engordando conforme rueda.
Adicionalmente, en varios países desarrollados el ahorrador, si es modesto, no ahorra solo. Disfruta de un régimen por el cual el Estado aporta una parte de ahorro también para él, realizándose con ello una redistribución presente de la renta futura.
¿Por qué los cotizantes no sabemos qué pensión vamos a tener?
Deberíamos saberlo. La Ley de Reforma de la Seguridad Social de 1 de agosto de 2011 estableció la obligación de informar a cada trabajador mayor de 50 años de su futuro importe de pensión de jubilación en los términos que se determinasen reglamentariamente. Además, extendió dicha obligación a las entidades aseguradoras y gestoras de planes de pensiones respecto a los sistemas privados de previsión social. A pesar de ser una obligación legal y de que es algo demandado por los trabajadores, el reglamento que tenía que desarrollar este aspecto no ha sido aprobado cuatro años más tarde. ¿Por qué no ha visto todavía la luz el llamado ‘sobre naranja’? Lo desconozco. Pero estoy convencida de que informar a la ciudadanía, además de un acto de responsabilidad política, es una forma de sensibilizar a la gente sobre la necesidad de ahorrar.
El sector ha superado el test de estrés europeo. ¿Se están haciendo las cosas bien?
La Autoridad Europea de Seguros y Planes de Jubilación (Eiopa) efectuó unos test de estrés a las aseguradoras a finales de 2014. En ese examen midió el impacto que podría tener sobre el balance de las entidades un escenario a la japonesa de tipos de interés. Es decir, un escenario de tipos de interés bajos que se prolonguen en el tiempo. Ante esta hipótesis, el mercado asegurador español sería de los menos afectados. Esto es posible porque las entidades que operan casan la vigencia de los activos que compran con la duración de los compromisos que adquieren con sus clientes. Eiopa ha recomendado extender este casamiento de activos y pasivos a todos los países. Podemos decir que el seguro español se ha convertido en un modelo para Europa.
En 2016 entrará en vigor la nueva normativa aseguradora Solvencia II. ¿En qué consiste?
Es un nuevo sistema para medir las necesidades de capital de las entidades aseguradoras en Europa. Anteriormente, el sector operaba a través de un sistema muy simple: tanto negocio capto, tanto capital debo reservar. Ahora la gestión se hace más sofisticada. Solvencia II exige a las entidades identificar los riesgos, ponderarlos y, en base al resultado, reservar una cantidad de capital. ¿Y cuáles son esos riesgos? Todos los que se puedan imaginar: qué se asegura, se concentra el negocio en un ramo o está repartido en varias actividades, es una firma comarcal o está presente en varios territorios, en qué se invierte el dinero, si puede o no haber desastres naturales que hagan mella en las cuentas, cómo es la gestión reputacional, cómo es la política de gobierno corporativo de la entidad… Al obligar a medir y ponderar factores como estos, se incita a las entidades a adoptar prácticas de excelencia en la gestión.
Ha hecho falta una guía de buenas prácticas para acabar con la guerra entre bancos y aseguradoras. ¿Bastará con la autorregulación?
Venimos trabajando en las guías de buenas prácticas desde 2005. Aportan un plus de transparencia y claridad para el consumidor. Constituyen un ejercicio de sistematizar y concretar las obligaciones que tienen las aseguradoras en su actuación en el mercado con el objetivo claro de ofrecer la mayor transparencia a los consumidores. Las guías abordan toda la normativa que afecta a la contratación. El cumplimiento de la legislación de protección de datos es un elemento más. De hecho, la nueva Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras (LOSSEAR) regula la protección de datos en el sector asegurador.
¿Serían necesarios más cambios fiscales y normativos?
Lo ideal es potenciar los instrumentos de previsión social en el ámbito de la empresa. Desde este punto de vista, la colaboración de los poderes públicos es fundamental. Convendría diseñar un sistema que incentive la suscripción de instrumentos de ahorro por parte de las pymes para sus empleados. Así se evitaría que, llegado el momento del retiro, tuviéramos jubilados de primera y de segunda.
Todos los seguros se recuperan menos el sector vida, ¿por qué?
La razón principal por la que los seguros distintos del de vida crecen es porque son productos muy ligados a la marcha del tejido productivo y, por tanto, su evolución está relacionada con la del PIB. Así pues, si el PIB mejora, lo normal es que estos ramos mejoren. El seguro de vida, por supuesto, tiene que ver con lo que haga el PIB, pero también varía en función de otros elementos. Es algo que le ocurre en general al ahorro de los hogares en todas sus formas. La decisión de ahorrar de una familia no depende sólo de la evolución del PIB. Juegan otros factores. Por ejemplo, la situación laboral de los integrantes de la familia, los planes del hogar, la percepción que se tiene del futuro, etc. Para que el seguro de vida mejore sus expectativas, hace falta fomentar la cultura del ahorro, y esto es algo en lo que los poderes públicos pueden ayudar mucho.
Si miramos el pasado más inmediato, es cierto que en los últimos dos años el crecimiento de los seguros de ahorro se ha ralentizado. Pero eso no quiere decir que los inversores y asegurados hayan retirado sus ahorros. Actualmente, hay 163.000 millones de euros invertidos en seguros. Lo que ha ocurrido recientemente es que, en un entorno de tipos de interés bajos, los inversores tienden a diversificar. Invierten tanto en productos aseguradores totalmente garantizados, como en otras alternativas con más riesgo pero con unas expectativas mayores de rentabilidad
Para quienes han vivido épocas de enorme volatilidad, disponer de seguros que garanticen un tipo de interés fijo a muy largo plazo o una renta vitalicia que tenga un importe fijo y no se acaba aunque uno viva muchos años más de su esperanza de vida, es algo especialmente valorado.
¿Han tocado fondo los precios del seguro del automóvil en España? ¿Qué ocurrirá con la nueva ley de indemnizaciones?
En Unespa desconocemos cómo evolucionarán las políticas tarifarias de las entidades. Las aseguradoras operan en un mercado abierto y toman las decisiones que estiman más oportunas, dentro de las pautas que fija la regulación prudencial, como es lógico.
La reciente aprobación del nuevo baremo de automóviles supone una importante mejora para la atención de las víctimas de tráfico. El nuevo sistema de valoración de perjuicios permitirá incrementar de manera muy significativa las indemnizaciones que recibirán.
¿Cómo se puede hacer más visible en la sociedad la actividad aseguradora?
Tratamos de dotar de la mayor visibilidad posible al seguro a través de nuestras actividades cotidianas: participamos en foros públicos, aparecemos en medios de comunicación, estamos activos en redes sociales, etcétera. Hay una iniciativa, en concreto, que me gustaría destacar y es la Memoria social del seguro. Cada año, publicamos un libro en el que damos cuenta de qué hace el seguro por la sociedad. ¿A qué me refiero? Pues a cuántas goteras arreglamos, cuántos coches reparamos, a cuánta gente prestamos cobertura de salud, qué empleo generamos y de qué calidad, etc. La actividad aseguradora es muy trasversal. Abarca, prácticamente, todas las actividades económicas. Su orientación es amplia y eminentemente social. Por eso, creemos fundamental publicitarla.