Por razones de “carga pública”, el número de rechazo para mantenerse legalmente en Estados Unidos se ha disparado. A cada vez más inmigrantes, especialmente a mexicanos, se le niega la visa. Esta negativa más que duplica a la de otras nacionalidades.
Según determinaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, esto ocurre porque se pueden transformar en «carga pública», es decir, ser dependientes del Gobierno para obtener apoyo.
De acuerdo a los abogados de algunos inmigrantes, los oficiales consulares niegan las visas incluso cuando los solicitantes cumplen con los requisitos legales para probar que serán económicamente independientes.
Los rechazos pueden dejar a las personas atrapadas durante meses o más fuera de Estados Unidos, separados de cónyuges e hijos estadounidenses, mientras renuevan sus esfuerzos para regresar legalmente al país.
Un amplio trabajo de Reuters cita el caso de Arturo Balbino, un trabajador de la construcción en Texas. Este ciudadano mexicano de 33 años ingresó ilegalmente a Estados Unidos hace 14 años. En ese lapso se casó y formó una familia. Tanto su cónyuge como sus hijos son ciudadanos estadounidenses. Esa realidad junto a una declaración jurada de su suegro que lo apoyaría económicamente si fuera necesario y una carta de su empleador que le garantizaba un trabajo de 18 dólares por hora a su regreso no fueron suficientes para lograr su visa en el consulado estadounidense de la fronteriza Ciudad Juárez.
El oficial consular negó su solicitud por el hecho de que podría convertirse en una «carga pública» para los contribuyentes estadounidenses al requerir asistencia financiera del Gobierno. Esa decisión dejó a Balbino en México indefinidamente y afectó la vida de su familia que está residenciada en Estados Unidos.
Niegan más visas por «carga pública»
Y todo comenzó con cambios en el manual de asuntos exteriores del Departamento de Estado que dio mayor discreción a los funcionarios para decidir sobre la denegación de visas por motivos de «carga pública».
En enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional elaboró una propuesta para restringir la inmigración por motivos de responsabilidad pública. El reglamento, presentado oficialmente en octubre, recibió más de 200.000 comentarios, que están en evaluación.
No obstante, para el abogado Charles Wheeler, de la Red Católica de Inmigración Legal, el Departamento de Estado está tratando de eludir los comentarios públicos e implementar cambios por su cuenta, que “ya están teniendo un efecto terrible en las personas».
En el año fiscal 2018, que terminó en septiembre, se rechazaron cerca de 13.500 solicitudes de visas de inmigrante por motivos de «carga pública». Esta cifra cuadruplicó el número con respecto al año fiscal anterior. Desde el año 2004 es el número más alto.
En un tribunal federal de Maryland, el gobierno rechazó las acusaciones de que los cambios están motivados por algún tipo de antipatía hacia los inmigrantes. Argumentó que la orientación no está sujeta a revisión judicial ni a leyes que requieran comentarios públicos.
A FONDO-Rechazos de visas para inmigrantes EEUU se disparan tras cambios de ley poco conocidos https://t.co/GdScNV48pO pic.twitter.com/qXFEhY2bwE
— Reuters Latam (@ReutersLatam) April 16, 2019
Menos visas para los mexicanos
Según abogados de inmigración, la aplicación del argumento de «carga pública» es particularmente rigurosa en el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. En esta dependencia se procesan todas las solicitudes de visa de inmigrantes mexicanos. Un 11 por ciento menos de visas recibieron en el año fiscal 2018 en comparación con el 2017, una cifra muy superior si se compara con una disminución general del 4,6 por ciento en las visas para personas de todas las nacionalidades durante ese período.
Los mismos profesionales del derecho señalados por Reuters refirieron que en el pasado, el Departamento de Estado consideraba una evidencia suficiente de que la persona no se convertiría en una carga del gobierno, la «declaración jurada de apoyo» firmada por un ciudadano estadounidense o residente permanente que ofrecía actuar como patrocinador del inmigrante.
Ahora, según el manual, la declaración jurada es solo un factor entre muchos. Los funcionarios consulares también pueden considerar el uso actual o pasado de los beneficios públicos, incluidos los servicios de salud y nutrición. Y eso incluye el uso por parte de la familia de un inmigrante, incluso si son ciudadanos.
El uso de sus hijos del programa de salud Medicaid para hogares de bajos ingresos. También el de cupones de alimentos surgieron en la entrevista de visa de Arturo Balbino.
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