El Tratado de la Carta de la Energía se ha constituido en una piedra en el zapato para la transición ecológica en Europa. El Reino Unido y Suiza han sido acusados de debilitar el impulso de la UE por lograr reformas más verdes al TCE y defender los intereses de los combustibles fósiles.
Ambos países no han apoyado los intentos de la Comisión Europea de poner fin a las protecciones para las inversiones en combustibles fósiles en ese Tratado. Y no planean retirarse del tratado si se rechazan las reformas.
Los activistas acusaron al Reino Unido y Suiza de tratar de tentar a las empresas de combustibles fósiles con sede en la UE. Para que reubiquen su sede oficial y puedan continuar demandando a los gobiernos por la acción climática, incluso si la Unión Europea se retira del TCE.
Paul de Clerck, de Amigos de la Tierra, alertó sobre lo que ocurre. “Los bufetes de abogados aconsejan a sus clientes que reestructuren sus inversiones. A través de países que no eliminen gradualmente (la) protección de las inversiones en combustibles fósiles. A los fines de que puedan continuar presentando casos (de resolución de disputas entre inversores y estados)”.
En su opinión “el Reino Unido y Suiza parecen apostar por convertirse en tales refugios seguros. Esto demuestra cuán perverso es este sistema. Estos países siguen priorizando la protección de las empresas de combustibles fósiles en lugar de luchar contra el cambio climático”.
Yamina Saheb, analista sénior de políticas energéticas en OpenExp en París, analizó la situación. “Es probable que el Reino Unido se convierta en un estado para los inversores que utilizan este tratado para demandar a los países de la UE. Por la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Es una completa locura para el país anfitrión de la COP26”.
El Reino Unido, Suiza y los combustibles fósiles
El Tratado de la Carta de la Energía se creó en la década de 1990 para proteger las inversiones en energía en la antigua Unión Soviética. Tiene 92 miembros, principalmente en Europa y Asia Central, así como en Japón, reseña Climate Home News.
Las empresas de combustibles fósiles han utilizado sus reglas para demandar a los estados por la acción climática. Y las empresas de energías renovables para demandar a los gobiernos que han recortado los subsidios. La amenaza de acciones legales puede influir en la política.
El último ejemplo de esto ha sido Eslovenia al cambiar sus reglas para permitir el fracking de gas, después de que una empresa británica amenazara con demandar al gobierno.
En 2020, comenzaron las conversaciones sobre la «modernización» del tratado, incluso para hacerlo más respetuoso con el clima.
La UE pidió poner fin a la mayoría de las protecciones para las inversiones en combustibles fósiles, pero Japón y Kazajstán se opusieron.
La semana pasada comenzó la décima ronda de conversaciones. El secretario general del TCE, Guy Lentz, se refirió a las reformas propuestas por la UE. “(el Reino Unido y Suiza) permanecen relativamente en silencio por el momento. No están participando en parte de las negociaciones. No intervienen mucho en eso y en su mayoría son neutrales».
En ese sentido, Cornelia Maarfield, de Climate Action Network comentó que «las posiciones del Reino Unido y Suiza sobre la reforma del TCE llevan la hipocresía climática a un nuevo nivel”, por su defensa en los intereses de las empresas de combustibles fósiles.
Mientras tanto, el gobierno suizo respondió que su posición es que “el TCE no impide que sus estados miembros sigan una política energética ambiciosa. Ni limita su derecho a regular”.
La letra menuda del Tratado
De manera más clara que el pronunciamiento de Suiza, un portavoz del Ministerio de Negocios y Energía del Reino Unido se negó a decir si apoyaba una exclusión de los combustibles fósiles. O si estaba considerando abandonar el tratado.
Pero el Reino Unido se opone a la retirada. En diciembre, el Departamento de Comercio Internacional puntualizó que «no hemos tomado una decisión política para buscar la exclusión de las inversiones en combustibles fósiles de la cobertura del TCE».
Adicionó el vocero oficial que “el Tratado modernizado debe tener un enfoque climático más fuerte. Incluida la aclaración de que los estados pueden regular para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. Alinearse con la adopción de tecnologías verdes como la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCS). La producción de hidrógeno de carbono”.
Estas tecnologías son controvertidas ya que algunos activistas ecologistas argumentan que CCS no es económicamente viable. Y las empresas de combustibles fósiles las utilizan como táctica para retrasar la transición a las energías renovables. Maarfield argumentó que su inclusión “expondría a los futuros gobiernos a un riesgo aún mayor de ser demandados por políticas de eliminación de fósiles”.
Entretanto, la analista de E3G Lisa Fischer dijo que «el hidrógeno bajo en carbono, si no se define, podría incluir ‘azul’ (que está hecho con gas metano). Y hay muchas preguntas sobre el valor climático real de eso».
La UE ha tratado de negociar la reforma del TCE en lugar de abandonarlo porque el tratado tiene una «cláusula de caducidad» de 20 años. Esto significa que sus reglas aún se aplican durante 20 años después de que un país se va.
Como en paraísos fiscales
Un portavoz de la UE le dijo a Climate Home News que estaba “considerando otras opciones” si las reformas fallan. Hay dos rondas más de conversaciones antes de una «conferencia sobre la carta ad hoc» planificada en junio de 2022. Lentz sostuvo que esta era una «primera fecha límite» para acordar los grandes principios.
Si la UE y sus estados miembros se van, es probable que prometan no aplicar las disposiciones del tratado contra otros estados de la UE durante el ocaso de 20 años. Aunque Lentz cuestionó si tal promesa se mantendría en los tribunales de los estados miembros.
Si los estados miembros de la UE detuvieran con éxito la aplicación del tratado dentro de la UE, entonces las empresas de combustibles fósiles con sede en la UE podrían conservar su capacidad de demandar a los gobiernos de los estados miembros moviéndose a miembros existentes del TCE como el Reino Unido o Suiza.
En noviembre de 2021 un tribunal dictaminara que el TCE no se aplicaba dentro de la UE. La abogada de inversiones Stephanie Collins dijo que los inversores de la UE “podrían desear reestructurar sus inversiones a través de una jurisdicción fuera de la UE”, como Suiza o el Reino Unido.
Reubicarse en Suiza o en jurisdicciones vinculadas al Reino Unido, como las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Jersey o Guernsey, también puede tener ventajas fiscales y de confidencialidad.
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