Por Cambio16 | Efe
21/01/2016
La empresa pública Acuamed acordó con FCC una «compensación indebida» de 40 millones de euros, pactada con «cargos de alto nivel» del Ministerio de Agricultura, que finalmente se consignó en una partida de 36 millones incluida en los presupuestos generales de 2015.
Esta es uno de las posibles ilegalidades que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el caso Acuamed y que ha reflejado en su auto enviando a prisión incondicional a cinco de los trece detenidos el pasado lunes por este fraude, entre ellos el director general de la empresa pública, Arcadio Mateo del Puerto.
Para evitar la cárcel, a los otros ocho arrestados les ha impuesto fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros. Todos ellos las han pagado esta misma noche y han quedado así libres.
Las fianzas más altas han sido para el presidente de FCC Construcciones, Miguel Jurado Fernández, y para el director de Infraestructuras en España de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, directivos de dos de las empresas a las que Acuamed adjudicó contratos irregulares por decenas de millones de euros.
Uno de los seis contratos que se investigan es el de la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería, adjudicada a la UTE formada por FCC y Abengoa y en el que supuestamente Acuamed y FCC pactaron esa «compensación» irregular de 40 millones de euros.
Según explica el juez, FCC y Abengoa debían pagar el 100% de los desperfectos que se produjeron después de que se inundara la desaladora, pero el director general de Acuamed accedió a abonar un 40% de su valor y que FCC pagara el 60% (40 millones), cuando, insiste Velasco, esos desperfectos no eran «responsabilidad de la Administración».
La finalidad era que FCC acabara no teniendo que pagar nada por las inundaciones, ya que, según Velasco, luego Acuamed y la constructora pactaron que se le resarciría de ese gasto «mediante compensaciones en otras obras, al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio» de Agricultura, del que depende la empresa pública.
Especialmente, esa compensación se plasmaría en el contrato de la descontaminación del pantano de Flix, adjudicado luego a FCC por 180 millones de euros, inflándolo con partidas «irreales».
Velasco explica que varios funcionarios se opusieron a estas irregularidades, por lo que no se liquidó el contrato y la desaladora se quedó sin arreglar.
Entonces, se previó cubrir esa «compensación indebida» pactada «entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel del Ministerio» en los presupuestos generales del Estado de 2015, y aunque en principio no se llegó a hacer por el inicio de la investigación en la Fiscalía a Acuamed, finalmente se «persistió» en la idea y se consignaron cerca de 36 millones en las cuentas de ese año.
Esa partida se mantuvo, aunque reducida, en los presupuestos de 2016 «a una compensación de 8 y 14 millones», asegura el juez.
Tras tomar declaración a los detenidos, el juez ha acordado también el ingreso en prisión de otros tres directivos de Acuamed: su responsable de Contratación, Francisco Javier Gómez Pastor; su directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco; y su delegado en Valencia, Pablo Martín. El quinto en ingresar en prisión ha sido Nicolás Steegmann, presidente de Altec, otra de las adjudicatarias.
Velasco también ha dictado fianzas para el presidente de Pipeline, Manuel Moreno; los trabajadores de FCC Santiago Farré y Miguel Roset, el delegado de Acuamed Javier Delgado López; el director de Proyectos de Altec, José Ramón González Fernández, y David José Blanca Montero. Todos ellos las han abonado.
Se les imputan los delitos de integración en organización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de los contratos públicos, falsedad de documento oficial y prevaricación.
El juez achaca al director general de Acuamed haber «urdido» desde mediados de 2014 un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas conscientes y queridas (se habla de ‘presiones’) para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades» para conceder contratos».
«A cambio, recibía regalos en especie, para él y para otros -implantes de pelo, viajes a Turquía…- a favor de diversos contratistas de obra pública».
En concreto, se investigan seis contratos en diversos puntos de la cuenca mediterránea, en los que los empresarios, explica el auto, «presionaban» a los directivos de la empresa pública «para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades».
Los otros contratos investigados son la descontaminación del pantano de Flix -adjudicado a FCC-, la presa de Avenida Rambla Gallinera en Valencia -Sogeosa y Torrescámara-, la desaladora Marina de Torrevieja -Acciona-, conductos de la desaladora de Campello-Mutxamel, el Cerro Colorado de Murcia -Altec- y la presa de Antiavenidas del río Serpis -Altec/Altyum-.
Velasco añade que si los trabajadores de Acuamed se negaban a cometer esas irregularidades eran incluso destituidos, «siempre en la ecuación de favorecer a la empresa privada» y conscientes de que repercutía en contra del erario público. «Alguno (de los imputados) llega a decir -destaca en el auto de prisión- que el dinero público no es de nadie».
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