Ante todo debemos censurar, lamentar y deplorar las declaraciones privadas de la ministra de Justicia Dolores Delgado, como el haber negado en tres ocasiones haberse reunido con el ex comisario Villarejo. Los audios privados emitidos por los medios de comunicación y que suponen un chantaje inadmisible a la intimidad y la vida privada nos obliga a una profunda reflexión.
https://www.youtube.com/watch?v=K_xUsLw2Sps
Información no es difamación
Donde queda el derecho al honor, a la privacidad, el derecho a informar.
Sin embargo, asistimos en estos nuevos tiempos a una volatilización entre lo privado y lo público cuya mayor responsabilidad proviene de las redes sociales que usamos a diario.
El otro aspecto, es no confundir la información con la difamación y menos cuando se trata de un chantaje a nuestras instituciones y al Estado de derecho.
Es todavía menos admisible que toda esta información que ha salido a cuenta gotas y que puede todavía salpicar a diestro y siniestro, provenga de un sujeto que pertenece a las cloacas del Estado. Un sujeto que se sirve del lodazal para que todos caigamos en el chapoteo y en la infundía sin tener en cuenta el contexto.
Todos tienen que asumir su responsabilidad empezando por los políticos y, sobre todo, los cargos públicos.
También los medios de comunicación han de hacer una reflexión. No se trata de autocensura, pero no podemos caer en la trampa de amplificar la noticia y de elevarla a un rango que no se merece.
La Justicia tiene que intervenir frente al chantaje y todo tipo de podredumbre y cloacas, de las cuales siempre se ha servido el Estado.
Tenemos que denunciar, lo que es denunciable y parar lo que es inaceptable aunque sea por higiene democrática.
Nadie puede ni debe seguir el juego, al que pretende meternos un delincuente que creó un Estado dentro del Estado, y que solo quiere salvar su pellejo, aunque sea a costa de poner patas arriba nuestras instituciones.
No se trata de mirar al otro lado. Si la ministra tiene que dimitir que dimita, pero aprovechemos la ocasión para hacer un limpieza general de nuestras cloacas y alcantarillado. Eso corresponde al Estado, a nuestros políticos, a las FSE y a los jueces.
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