Migrantes ilegales. Desde su época de precandidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha tenido una férrea posición contra la inmigración ilegal, hasta el punto de prometer la construcción de un muro en la frontera con México. La misma línea de acción mantuvo al asumir la jefatura de Estado, pero desde que el 13 de octubre una caravana de migrantes se enfiló hacia EEUU, se ha acentuado su posición.
Permitir que entre en vigencia un decreto que prohíbe el asilo a inmigrantes ilegales, es decir que no ingresan por los puertos establecidos, solicitó Trump este martes al Tribunal Supremo de Estados Unidos.
En ese sentido, el Departamento de Justicia solicitó a la corte que levante una restricción temporal contra las medidas de asilo que impuso el juez federal de distrito Jon Tigar de San Francisco.
La acción de Tigar fue una respuesta a la proclama del mandatario del 9 de noviembre.
Ese viernes, luego de amenazas a los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala, así como advertencias al de México, Trump suspendió el otorgamiento de asilo a quienes accediesen al país de forma irregular. Una forma de enfrentar a los migrantes ilegales centroamericanos.
La proclama suspendía el recurso por 90 días. La decisión se sustentaba en la necesidad de salvaguardar el “interés nacional” ante la esperada llegada de “un número sustancial” de extranjeros, principalmente integrantes de caravanas de migrantes.
Aunque unas 1.300 personas aproximadamente partieron a mediados de octubre desde la ciudad hondureña de San Pedro Sula, en el camino miles de otros centroamericanos se fueron uniendo en su periplo de llegar a Estados Unidos. Unos se devolvieron a sus países de origen y otros solicitaron asilo en México, pero cerca de 10.000 se mantienen en la frontera con EEUU. Para Trump, más migrantes ilegales.
“Presidential Proclamation Addressing Mass Migration Through the Southern Border of the United States” https://t.co/9blzn1XGyS
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2018
Juez Tigar enfrentó a Trump
La movilización de varias caravanas en busca del llamado sueño americano llevó a Trump a indicar en esa proclama lo siguiente: “Queremos que la gente ingrese a nuestro país, pero tiene que ingresar legalmente. La continua migración masiva de extranjeros sin base legal para ingresar a Estados Unidos por nuestra frontera sur ha precipitado una crisis y socava la integridad de nuestras fronteras”.
En línea con esa decisión, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que lo se trataba era de canalizar “las solicitudes de asilo a través de los puertos de entrada donde tenemos mejores recursos, capacidad y personal para manejar esas solicitudes de manera expedita y eficiente”.
Cuando un ciudadano de otro país solicita el asilo, su detención no se produce y queda en libertad mientras se resuelve su situación.
Organizaciones de derechos humanos y de defensa de los migrantes expresaron su desacuerdo. Argumentaron en documentos judiciales que la orden de Trump violaba leyes administrativas y de inmigración.
El juez Jon Tigar, 10 días después, bloqueó las medidas que perjudicaba a los migrantes ilegales centroamericanos, lo que provocó la molestia de Trump.
La decisión de magistrado del distrito de San Francisco entró en vigor de inmediato y se extendía al menos hasta el próximo 19 de diciembre. Para esa fecha el juez convocó a una audiencia para estudiar si se emite una orden judicial más duradera.
Este miércoles, a raíz del ataque terrorista en Estrasburgo, que dejó al menos tres muertos y 13 heridos, el presidente Trump señaló que había que fortalecer la seguridad en la frontera.
Another very bad terror attack in France. We are going to strengthen our borders even more. Chuck and Nancy must give us the votes to get additional Border Security!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2018
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