El Tribunal Supremo español ha decidido separar en dos la causa del llamado «procés». Con ella se juzga a los líderes independentistas catalanes responsables de la realización de un referéndum ilegal sobre la secesión en octubre de 2017. Y también por haber hecho una declaración unilateral de independencia.
A su vez, el Tribunal Supremo ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que asuma el juicio de los seis acusados de desobediencia.
De esta forma, el Supremo juzgará a 12 acusados por los delitos de rebelión, sedición o malversación. Pero los seis acusados por delitos menores serán sometidos al Alto Tribunal regional catalán, por lo que se les juzgará en la ciudad de Barcelona.
El Tribunal Supremo juzgará por tanto al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; a los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolores Bassa, Meritxel Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila. Así como también a la ex presidenta del Parlament Carmen Forcadell, al actual diputado por PDeCAt Jordi Sánchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Por rebelión y malversación
Con esta decisión el Tribunal Supremo estima parcialmente las alegaciones que plantearon los defensores del ex vicepresident Oriol Junqueras. Así como de los otros 17 procesados por el juez Pablo Llarena. Estos habían solicitado que el asunto fuera zanjado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
En el banquillo del Supremo quedarán doce ex mandatarios. A todos ellos se les acusa de rebelión y malversación de fondos públicos.
La Sala comenzará el juicio en las próximas semanas. Lo justifica en un auto dado a conocer este jueves. En el documento admite parcialmente los planteamientos expresados por los abogados. Esto en vista del pronunciamiento previo realizado el pasado 18 de diciembre.
Los investigados en el Supremo que pasarán ahora juicio por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya son: Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. Todos ellos son ex miembros de la Mesa del Parlament. Allí también será juzgada Mireia Boya. La Fiscalía y la Abogacía del Estado pedía para ellos solo pena de multa.
Fiscal estima en más de 8 millones de euros el dinero desviado
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas en la que cifra en más de ocho millones de euros los recursos desviados para la realización de la consulta pública. Los recursos los utilizó el gobierno del ex presidente Carles Puigdemont para la realización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Así lo confirmaron al diario español ABC fuentes del Ministerio Público el pasado 20 de diciembre.
El escrito de la Fiscalía se dio a conocer un día después de que Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución presentaran su propia denuncia. La misma se llevó ante el Tribunal de Cuentas contra el ex presidente catalán y sus ex consejeros. Si bien en el caso de estas organizaciones el dinero irregularmente gastado sería de aproximadamnte 1,97 millones de euros de fondos públicos.
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