Por Miguel Ángel Artola
19/03/2017
El esquema no puede ser más sencillo: a menos control y menos fiscalidad de las cuentas públicas, más posibilidades para que los que tienen en su manos adjudicar las grandes infraestructuras puedan decidir a quién se las otorgan para lograr a cambio sobornos con los que pagar campañas electorales y, por supuesto, enriquecerse. Pero se trata de dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes, que ven cómo se inflan los costos de los macro-proyectos para que a corruptores y corruptos les salgan los números.
Destapar casos globales como el de la constructora brasileña Odebrecht solo es posible gracias al obstinado trabajo de la justicia y a actitudes quijotescas de algunos de sus miembros. Es la mayor investigación en la historia de la lucha contra la corrupción en Brasil, la conocida como causa Lava Jato (Lavado a presión), que se instruye en la 13ª Corte Penal de Justicia Federal de Curitiba a las órdenes del magistrado Sérgio Moro. Él y su grupo de trabajo han logrado desentrañar una espectacular estructura para el lavado de dinero que procesaba más de 10.000 millones de reales brasileños.
Las redes judiciales de Moro han pescado a más de un pez gordo de la política y de las finanzas, entre ellos a Marcelo Odebrecht, condenado el pasado año a más de 19 años de prisión por su participación en el escándalo de la petrolera estatal brasileña Petrobras. Marcelo y otros 77 empleados de su firma no han dudado en colaborar con la justicia al verse acorralados y con el fin de lograr beneficios que reduzcan sus penas. Este acto de constricción ha llevado a Odebrecht a colaborar también con las autoridades judiciales de Estados Unidos, ya que la firma utilizaba a sus bancos para realizar los movimientos de dinero y tapar las operaciones de su llamado “sector de relaciones estratégicas”, el nombre interno de su departamento de sobornos.
El informe del Departamento de Justicia de EEUU sostiene que, entre 2001 y 2016, la constructora “conspiró y acordó” el pago de cientos de millones de dólares en metálico y en especie para sobornar a funcionarios, cargos públicos y organizaciones políticas a fin de obtener o retener negocios en diferentes países en los que opera. De los 27 países en los que la compañía tiene presencia local, al menos en 12 países se habrían reportado prácticas corruptas por un monto total superior a los 788 millones de dólares.
Los beneficios que la firma habría logrado corrompiendo la democracia de numerosas naciones para que pusieran todo el entramado de los Estados a sus pies serían mil millonarios. El acuerdo de Odebrecht y su filial petroquímica Braskem suscrito el pasado mes de diciembre con el Departamento de Justicia norteamericano, por el cual admite el pago de los sobornos y da detalles de las personas y partidos políticos que se beneficiaron de los mismos, contempla el pago de una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos contra la empresa en EEUU, Suiza y Brasil. El objetivo de la compañía no es otro que el de intentar limpiar su nombre lo antes posible para poder volver a concurrir a licitaciones de obras públicas.
La justicia brasileña y la estadounidense son las que han impulsado el proceso contra Odebrecht, pero la pelota ha ido creciendo de tamaño hasta obligar a otras fiscalías de países señalados en el informe del Departamento de Justicia a abrir sus propias investigaciones, exigiendo a la empresa el pago de sus propias sanciones y en muchos casos dejándola fuera de concursos públicos o retirándole licitaciones ya ganadas. La mayoría de los gobiernos de la región involucrados aseguran que depurarán responsabilidades, aunque la opinión pública se muestra reacia y duda de sus supuestas buenas intenciones. Hay naciones que ni siquiera se lo piensan al mirar descaradamente para otro lado.
Ésta es la radiografía de la corrupción de Odebrecht, país por país, y la actitud de su clase política para esclarecer la mayor red de corrupción de América Latina:
BRASIL: el origen de la trama
En el país de su matriz, los desmanes cometidos por la constructora son todo un ejemplo de las prácticas corruptas organizadas, hasta con departamentos dedicados a sobornos. Las confesiones de Marcelo Odebrecht reconociendo los pagos para hacerse con obra pública en la región son el epicentro de las investigaciones. El pasado año era condenado a 19 años y cuatro meses de prisión por “corrupción pasiva, lavado, de dinero y asociación para delinquir”. Para reducir su condena a la mitad no ha dudado en tirar de la manta y su información –unida a la de otros 77 altos cargos de la compañía- es tan jugosa que la prensa local la ha bautizado ya como “la confesión del fin del mundo”. Reconocen haber pagado, tan sólo en Brasil, 349 millones de dólares en mordidas. Emilio Odebrecht, padre de Marcelo y anterior presidente de la compañía, declaró durante una entrevista a la revista Época de Brasil, que si su hijo terminaba en prisión tendrían “que construir tres celdas más: para mí, [el expresidente] Lula [Da Silva] y [la expresidenta] Dilma [Rousseff]”. Siguiendo con la ironía paterna, parece que el proceso para ponerlas a punto sigue a buen ritmo. La lista de beneficiarios es enorme, pero las piezas mayores a “cazar” por parte de la justicia son las de los dos expresidentes. Marcelo Odebrecht y otros cargos aseguran haber pagado a Lula más de dos millones de dólares a cambio de licitaciones públicas realizadas por la firma estatal Petrobras. Además de su palabra existirían comunicaciones entre las partes –correos electrónicos– que lo corroborarían. Otros testimonios de altos cargos de la constructora brasileña, confirmados por el propio Marcelo, sostienen que pagaron sobornos por valor de tres millones de dólares para financiar la campaña electoral de Dilma Rouseff y del actual presidente Michel Temer.
VENEZUELA: obras paralizadas
Según las declaraciones del magnate, Venezuela es el segundo país de América latina en el que la constructora se dejó más dólares en sobornos, hasta alcanzar los 98 millones. Pero además del perjuicio en sobrecostes para pagar las mordidas, el país tiene que afrontar otro serio problema. Los proyectos que Odebrecht tenía en curso en el territorio se han paralizado y, en muchos casos, son infraestructuras estratégicas que deben de ser terminadas. Tras varios meses de silencio institucional sobre el tema, el presidente Nicolás Maduro ha exigido “mano dura” con los políticos y funcionarios que hayan cobrado sobornos de la constructora durante el gobierno de su antecesor en el cargo, Hugo Chávez y también para aquellos que lo hayan hecho en el suyo propio. El país sudamericano intentará terminar con empresas locales los proyectos abandonados por la firma brasileña, entre ellos las obras de mejora del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, la línea 5 del Metro de Caracas y los puentes sobre el Orinoco y el Lago Maracaibo.
REPÚBLICA DOMINICANA: único sospechoso
El país tiene el triste mérito de estar entre los primeros puestos de la trama corrupta. Sus capacidades financieras son mucho más limitadas que las de otros de la región, pero gracias a la voracidad de su clase política por los sobornos la propia constructora brasileña reconoce haber pasado hasta 92 millones de dólares, todo un récord. El procurador general de República Dominicana de momento solo ha tomado declaración a un sospechoso, Marcelo Hofke, a quien la empresa brasileña habría pagado la totalidad del dinero para sobornos a fin de garantizarse la adjudicación de obra pública. Hofke sostiene que se trataba de honorarios por sus trabajos de mediación pero el pueblo dominicano es consciente de que actuó de testaferro y ha salido masivamente a las calles para denunciar la corrupción de su clase política. Según la propia web de la compañía en el país caribeño, han tomado parte en la construcción de acueductos y carreteras en diferentes puntos del país. Suyas son también dos centrales hidroeléctricas en Pinalito y Palomino y la central termoelétrica de Punta Catalina. Todos los trabajos han sido realizados, apuntan, “con laboriosidad, alegría y espíritu de servir”.
PANAMÁ: adjudicaciones pendientes
El Gobierno de Panamá ha comenzado a dar los pasos necesarios para cancelar un contrato en vigor con Odebrecht para el desarrollo en la costa Atlántica de la hidroeléctrica Chan II, por valor de 1.000 millones de dólares. La adjudicación se realizó en 2014 y permite a la firma brasileña operar la instalación durante los próximos 50 años. El Ejecutivo del país centroamericano quiere también que la constructora retire sus ofertas para hacerse con otras dos licitaciones, el diseño y construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá y la realización de la línea 3 del metro de la capital. Odebrecht tiene actualmente en ejecución tres grandes proyectos en el país. Uno de ellos es la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, otro afecta a la renovación de la Ciudad de Colón y el último –adjudicado en 2015– le encarga los trabajos para construir la línea 2 del metro. Según los datos del Departamento de Justicia de EEUU al menos 59 millones de dólares de los fondos para la corrupción tuvieron como destino Panamá. El Ministerio Público panameño ha procesado ya a 17 personas por blanqueo. El caso ha afectado también a los abogados Ramón Fonseca Mora y Jurgen Mossack, al considerar que su “famoso” bufete tenía un papel privilegiado en la trama.
ARGENTINA: desde el kirchnerismo
Odebrecht tenía ya presencia antes de la llegada al poder de los Kirchner, pero durante los gobiernos de Néstor y Cristina experimentó un vertiginoso aumento. Pagó en sobornos a altos cargos 35 millones de dólares entre 2007 y 2014. La firma brasileña realizó grandes proyectos en el país relacionados con el sector energético –gasoductos y refinerías– y con infraestructuras públicas como el millonario proyecto para el soterramiento del ferrocarril de Sarmiento.
En las licitaciones jugó un importante papel el entonces secretario de Obras Públicas, José López, conocido corrupto mantenido en el Gobierno por los Kirchner hasta 2015 y arrestado un año después en un monasterio en el que pretendía esconder nueve millones de dólares. Los tentáculos de la trama corrupta de Odebrecht también han salpicado al actual inquilino de la Casa Rosada. El jefe de los espías argentinos, Gustavo Arribas, íntimo amigo del presidente Mauricio Macri, aparece en las investigaciones judiciales por haber sido supuestamente beneficiario de 600.000 euros en mordidas por parte de la compañía brasileña.
Las gargantas profundas de Odebrecht vinculan los pagos con trabajos para desbloquear las licitaciones del soterramiento del ferrocarril Sarmiento en que que también estaba involucrada la constructora del primo de Macri.
ECUADOR: expulsada del país
El Gobierno de Ecuador, que hasta el mes pasado dirigía Rafael Correa, se muestra decidido a actuar con firmeza en el caso de los presuntos sobornos de Odebercht a funcionarios de su país. Su vicepresidente, Jorge Glas, ha afirmado que se pedirá a la justicia estadounidense toda la información que tengan en su poder para poder depurar responsabilidades. La Fiscalía ecuatoriana cuenta con un grupo de trabajo dedicado al caso y se han producido registros en sedes de la compañía así como diferentes solicitudes de asistencia penal internacional cursadas a EEUU, Brasil y España, que mantiene detenido al abogado de la constructora, Rodrigo Tecla Durán, por lavado de dinero y pertenencia a organización criminal. La constructora brasileña ha desembolsado hasta 33,5 millones de dólares en sobornos para hacerse con sustanciosos contratos públicos. Ecuador expulsó a Odebrecht de la construcción de una central hidroeléctrica en la provincia de Pastaza por incumplimiento contractual, pero en el período investigado realizó trabajos en grandes proyectos como el metro de Quito.
PERÚ: Toledo, en la diana
El expresidente de Perú, Alejandro Toledo está acusado de haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht para lograr la adjudicación de la llamada carretera Interoceánica. Se trata de unos pagos realizados por medio de las cuentas de un empresario amigo a través de un entramado de paraísos fiscales. La Fiscalía está actuando con diligencia para argumentar la causa contra Toledo y demandar su extradición de EEUU para que sea juzgado. La compañía brasileña ha reconocido sobornos en Perú por importe de 29 millones de dólares y ha firmado con la Fiscalía un acuerdo preliminar que compromete a la constructora a devolver 8,9 millones, además de colaborar con la justicia para encarcelar a los corruptos. La lista de detenidos no deja de aumentar. Y es que las licitaciones polémicas también se produjeron durante los mandatos de Alan García y Ollanta Humala.
GUATEMALA: los diputados
La gran obra que movilizó al departamento de sobornos de Odebrecht para engrasar la maquinaria corrupta fue la ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 Occidente que transcurre por la costa hasta la frontera con México. Los trabajos se realizaron durante la presidencia de Otto Pérez Molina, imputado en diferentes causas por haber utilizado su cargo para saquear las cuentas públicas. La Fiscalía Especial contra la Impunidad es la encargada de dar con quienes recibieron el dinero.
La prensa local apunta hacia los diputados que en una sesión del Congreso, en 2012, aprobaron firmar con el BNDES –banco público brasileño que financia infraestructuras y muy ligado a la actividad en la región de Odebrecht– el crédito para poder acometer la carretera. Estos habrían recibido sus correspondientes pagos en señal de agradecimiento.
COLOMBIA: sospechas sobre santos
En Colombia el escándalo acecha al propio presidente Juan Manuel Santos y se ha cobrado ya las primeras detenciones. El mandatario colombiano podría haber recibido hasta 192 millones de euros para pagar gastos de campaña de los comicios presidenciales de 2014. Al menos es lo que dice el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que ha aprovechado la ocasión para arremeter contra Santos y exigir a la Fiscalía del país que le investigue como beneficiario de los sobornos de la constructora brasileña. Dos altos cargos se encuentran ya en prisión por tener indicios claros de que se llevaron parte de los 11 millones de dólares que Odebrecht reconoce haber “invertido” en sobornos. El exviceministro de Transporte durante el Gobierno de Uribe se encuentra en prisión acusado de haber recibido cerca de 6,5 millones de dólares por la adjudicación de las obras en la Ruta del Sol en 2009. También se ha apresado al exsenador Otto Nicolás Bula por haber recibido otros 4,6 millones del fondo de reptiles de la constructora brasileña, y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones.
MÉXICO: en busca de los culpables
La División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y de su filial química Braskem también trabajó en México. En la tarea se dejaron 10,5 millones de dólares. De momento no hay nombres de implicados pero la Secretaría de la Función Pública de México sabe dónde tiene que buscar, una vez que tenga acceso a la información del Departamento estadounidense y a las delaciones de los altos cargos de la empresa brasileña tras los tratos con la justicia de su país. La empresa estatal de petróleos Pemex aparece como la gran asociada de Braskem, a la que adjudicó grandes infraestructuras como la construcción del complejo petroquímico Etileno XXI y otras obras relevantes en sus instalaciones a lo largo y ancho del país.
ANGOLA y MOZAMBIQUE: la rama africana
El régimen político en Angola es considerado uno de los más corruptos de África y su presidente, José Eduardo dos Santos, uno de sus principales instigadores. Lleva en el poder dede 1979 y es el segundo mandatario con más años al frente de su gobierno, sólo superado por Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial. No es raro que en el país de la corrupción la empresa más grande sea Odebrecht. Construye infraestructuras, condominios privados, explota minas de diamantes y tiene el monopolio del azúcar que se vende allí. Los arrepentidos de la constructora brasileña cifran en 50 millones de euros los pagos destinados a sobornos. Ni hay investigaciones judiciales en curso ni se esperan. La corrupción de la compañía en Angola tiene su ramificación brasileña. Un juez federal de Brasilia ha decidido procesar al ex presidente de Brasil, Lula da Silva, por beneficiarse supuestamente de los negocios de Odebrecht en el país africano.
En Mozambique, en cambio, las autoridades judiciales trabajan ya para esclarecer los supuestos sobornos de la empresa brasileña para adjudicarse la hasta ahora única obra realizada en el país, la construcción del aeropuerto de Macala. Los trabajos, presupuestados en 90 millones de dólares, se terminaron en 2014 y superaron finalmente los 216 millones. Según los delatores de la firma constructora, su departamento de sobornos entregó 900.000 dólares a altos funcionarios para garantizarse el concurso. La Oficina Central de lucha contra la corrupción de este país africano también investiga a la firma aeronáutica brasileña Embraer por sobornar a distintos cargos de la aerolínea nacional LAM para que adquirieran sus diferentes aviones.