La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) reunirá el próximo 30 de enero a los principales partidos políticos para debatir en torno a las claves de su Ley de Financiación. La esperan para el primer trimestre de este año; ya que a finales de septiembre se aprobó la propuesta en la Comisión de Fomento para su puesta en marcha en el plazo de seis meses.
La jornada será inaugurada por María José Rallo, secretaria general de Transporte. Y en la misma participarán los miembros de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputado de las principales fuerzas políticas representadas por Miguel Barrachina (PP); César Ramos (PSOE); Sergio Pascual (Unidos Podemos) y Miguel Garaulet (Ciudadanos). Estos debatirán en torno al marco legal que requiere la financiación del transporte público en España; el único país de Europa que carece de esta Ley.
Más de una década de reivindicaciones
El transporte público ha conseguido adentrar la necesidad de esta normativa en la agenda política; tras más de una década de reivindicaciones y encuentros de ATUC con representantes públicos de los ministerios de Fomento y Hacienda.
Actualmente el transporte público se encuentra infrafinanciado y busca sentar las bases de un sistema eficiente. El coste es de alrededor de 5.000 millones de euros anuales; este se costea, aproximadamente, en un 50% con recursos públicos que urge ordenar.
El objetivo principal de la Ley de Financiación del Transporte Público, cuya propuesta de borrador se abordará en esta jornada, es distribuir mejor los recursos; asignar competencias y responsabilidades a las distintas administraciones; y acabar con el problema de la imprevisibilidad.
Y es que, hoy en día, «los ayuntamientos desconocen las cifras que el Estado va a concederles hasta finales de año; momento en que los presupuestos municipales tienen que estar elaborados con antelación», justifica ATUC.
Trabajar a varios años vista
ATUC asegura que esta ley permitiría trabajar a varios años vista. También «posibilitaría a ayuntamientos y operadores conocer con qué fondos contarán; así como qué capacidad de maniobra tendrán para inversiones y gasto».
«Esto resulta fundamental para reforzar el sistema y mejorar la calidad del servicio; en un contexto marcado por el cierre paulatino de los centros urbanos a los vehículos privados, que a su vez se traducirá en un aumento de usuarios», añaden.
La puesta en marcha de esta norma se trata de una vieja reivindicación de ATUC. En 2010 elaboró un Libro Blanco de la Financiación con el objetivo de servir de base para el desarrollo de la futura ley.
En este documento se analizó el sistema en otros países de la Unión Europea. Asimismo, se desmenuzó el caso español para mostrar las necesidades del transporte público urbano y encontrar vías para su financiación.
Evitar que la ley quede en papel mojado
Según el secretario general de Atuc, Jesús Herrero, “los distintos partidos políticos están de acuerdo en la necesidad de desarrollar esta ley».
«Ahora hace falta materializar esas declaraciones de intenciones para que no queden en papel mojado y aprobar el nuevo marco legal para mejorar el sistema de transporte público. En los próximos meses debe ver la luz verde”, añade Herrero.
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