Por Andrés Ortiz Moyano
30/09/2017

• Islamofobia, un beneficio para el terrorismo

Fue un 17 de agosto. Pudo ser cualquier otro día, pero los asesinos decidieron que fuera un 17 de agosto. En realidad, nos sentíamos seguros; quizás cándidamente, pero así era. Trece años sin atentados son muchos, más aún cuando contemplamos desde la barrera la vorágine de terror que asola Europa desde hace tres años.

Las noticias en España no hablaban de atentados, muertes o ejecuciones, sino de detenciones preventivas, planes de captación destruidos y la sensación de que las fuerzas de seguridad del estado siempre iban por delante de los yihadistas. España había aprendido la lección, merced a su costosa herencia de décadas de lucha antiterrorista contra ETA y la traumática experiencia del 11M, todavía el atentado más mortífero (193 muertos y más de 2000 heridos) cometido en el Viejo Continente.

A pesar de nuestros éxitos en seguridad, valorados y copiados internacionalmente, en realidad nunca nos garantizaron que estábamos a salvo. Y viendo la extrema versatilidad del nuevo terrorismo, de corte más rudimentario y low cost, tarde o temprano tendría que producirse el horror. Y fue un 17 de agosto.

El Departamento de Estado norteamericano ya lo alertó en su informe anual sobre amenaza global terrorista publicado a principios de verano: sí, España hace méritos para ser puntera en seguridad y lucha antiterrorista, pero también cuenta con focos peligrosos, especialmente en Madrid, Barcelona, Ceuta y Melilla. Y así fue un 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. A pesar de la renuencia general a asumir la vulnerabilidad, el sentido común nos decía que podía cuadrar la idea de que un lobo solitario (término incierto, cada vez más impreciso, que representa a un individuo aislado y habitualmente perturbado) o un franquiciado yihadista (los que se radicalizan y actúan sin pertenecer de facto a ningún grupo asesino) atacase.

Pero la realidad y los hechos desde ese infausto día  demuestran que en realidad teníamos a una célula compuesta por doce personas, apadrinadas por un imán radical localizado por la Policía y la Justicia, con abyectos planes que incluían explosivos y un demoledor caos. En otras palabras, una célula terrorista tradicional que, además, se gestó y desarrolló a través de patrones clásicos como la presencia de un agente radicalizador (en este caso, el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satti), cuyo adoctrinamiento se produce sobre jóvenes en un entorno offline o, como dicen los expertos, “en el barrio”. Para cerrar el círculo, se da la relevante circunstancia de que los miembros presentan también unos lazos afectivos de familiaridad, amistad y vecindad.

Por ello, con la evidencia de que la seguridad española plantea, a pesar de todo, unos excelentes números (seguimos siendo el país con más detenciones, a años luz de otros más castigados), la cuestión ahora es preguntarse: ¿Se debe cambiar sensiblemente la política actual, o debemos seguir confiando en un modelo que antes del 17 de agosto era la envidia internacional?

Las respuestas

Antes de responder a la pregunta se deben tener en cuenta las particularidades que vive el lugar de los atentados, Cataluña, en cuestiones políticas y sociales, especialmente desde el comienzo del proceso de independencia declarado unilateralmente y que implica la ruptura y desconexión del gobierno autonómico con el central y sus instituciones.

“Aunque aún faltan muchos aspectos que determinar dentro de la investigación”, indica Álvaro H. de Béthencourt, investigador del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET), “sí se puede señalar cierta descoordinación entre cuerpos policiales en materia de cooperación antiterrorista. Una mala o indebida utilización de los canales existentes de cooperación antiterrorista es responsabilidad de los que mandan políticamente a los Mossos d’Esquadra, ya que la cooperación de estos con otros servicios españoles antiterroristas está condicionada. Los análisis a posteriori siempre tienen algo de tramposos, pero la incorporación de los Mossos al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado probablemente se podría haber hecho antes de no estar sumido el Govern catalán en una deriva independentista que genera numerosas fricciones y disfunciones”.

El analista de seguridad y defensa Jesús Pérez Triana, señala que “trece años sin atentados de carácter yihadista es un logro notable. Pero la pregunta no era hasta ahora si volveríamos a tener atentados en España, sino cuándo. La seguridad perfecta y completa no existe, incluso sacrificando libertades y dedicando ingentes recursos a la lucha antiterrorista. Aunque no creo que este atentado nos obligue a replantear el modelo antiterrorista español, sí hay que ser conscientes de que el principal problema ha sido la coordinación antiterrorista, que se ve afectada por el procés. Es evidente que incluso la información que se publica sobre los problemas al respecto está muy influida por las agendas políticas”.

Ciertamente, según la teoría una fuerza policial estatal, ha de hacer de punto de enlace con Europol y el resto de fuerzas policiales europeas, lo que implica que los Mossos d’Esquadra deberían tener una comunicación fluida con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil para que canalizaran sus peticiones de información. “La pregunta es” –plantea Pérez Triana– “si este sistema es el mejor y no sería más acertado habilitar los canales que conecten a los Mossos con Europol y otras policías para reducir la burocracia y los intermediarios, agilizando el proceso de intercambio de información. El problema, como vemos, no es europeo, sino español; lo que nos lleva de nuevo a cuestiones políticas y al procés”.

La piedra angular sobre la que se asienta la lucha contraterrorista española es la anticipación a cualquier proceso de radicalización que tenga por objetivo la ejecución de un atentado. En este sentido, la reforma del Código Penal de 2015 introdujo novedades sobre el delito de terrorismo como el autoadoctrinamiento; estar en posesión de archivos o documentos cuyo contenido sea material para la capacitación en técnicas de combate o fabricación de explosivos con la finalidad de adiestrarse; el desplazamiento o establecimiento en un territorio extranjero controlado por un grupo u organización terrorista; también se ampliaron los puntos que recogen el delito de colaboración y el enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas. “Tras los atentados, no son descartables nuevas reformas del Código Penal”, sugiere Álvaro H. Béthencourt.

El mensaje de odio

Más allá de la cuestión de seguridad y defensa, el relevante papel de Es Satti en los atentados ha puesto el foco en la comunidad islámica española y en sus centros de oración, reunión y estudio. En España viven cerca de dos millones de musulmanes, de los cuales 700.000 residen en Cataluña, donde además se cuentan cerca de 300 mezquitas de las que unas 80 son sospechosas de predicar contenidos salafistas radicales.

Luis de la Corte, director de Estudios Estratégicos e Inteligencia en el Instituto de Ciencias Forenses y la Seguridad de la UAM, destaca que el modelo actual de atención y vigilancia sobre mezquitas y centros de culto donde se difunden argumentos y mensajes radicales, más que una renovación “necesita un reforzamiento. La política actual ha funcionado bastante bien en términos globales, teniendo en cuenta que estamos bajo amenaza de atentado desde hace más de una década”. De hecho, según las informaciones más recientes, el trabajo de adoctrinamiento de Es Satti se ejerció clandestinamente, cuidándose de que en público no saltaran las alarmas de los mecanismos de detección.

España y Europa tienen un complejo desafío en seguimiento de sus comunidades musulmanas ya que, a diferencia de la Iglesia, el islam no tiene estructura jerárquica y cada una funciona independientemente. Existen en nuestro país cerca de 1.400 oratorios islámicos, ubicados en un amplio abanico que abarca desde pisos hasta garajes. Cualquier lugar es bueno.

Por otro lado, existe un detalle importante para entender el crecimiento del mensaje salafista. En España no existe ninguna universidad teológica islámica, por lo que la formación de imanes se suele dar en Arabia Saudí y las petromonarquías del Golfo, paladines del wahabismo y el salafismo más radical. Muchos otros vienen de Egipto y Marruecos. Más aún, estos países llevan años financiando mezquitas y cursos formativos en España y Europa, como en Terrassa, localidad donde en 2015 los Mossos desarticularon una célula yihadista, la Fraternidad Islámica, dispuesta a cometer un atentado. Los imanes que no se ciñen a la rigurosidad del salafismo patrocinador son directamente apartados, como le ocurrió al de Almería, Abdallah Mhanna; o al de Villafranca del Penedés, Touhami Laakel.

La colaboración musulmana

“Es deseable un trabajo conjunto con la Comisión Islámica española para que los imanes que predican en las mezquitas españolas reciban una formación adecuada y compatible con los estándares democráticos”, explica Álvaro H. Béthencourt. En España existe la libertad de culto, por lo que el estado no puede controlar el mensaje de los imames. En lo que sí se está trabajando desde la Comisión Islámica es en un censo de imames para acreditar su actividad. Por otro lado, las comunidades musulmanas españolas llevan tiempo reclamando centros formativos en nuestro país para evitar el modelo exportado saudí. Luis de la Corte añade que el problema de registro y acreditación de imames “no debería ser única responsabilidad del estado; debe ser la propia comunidad musulmana la que debe plantear garantías para que no se den estos casos”.

Por su parte, Pérez Triana señala que “una solución puede pasar por un control estatal de mezquitas, predicadores y discursos al estilo de Turquía, que tiene una Dirección de Asuntos Religiosos que marca una línea oficial. El problema es: ¿qué autoridad tiene el gobierno español para fomentar un Islam europeo moderado? Habría que crear un órgano mixto en el que participara la propia comunidad musulmana española”.

Más recursos

La realidad española no puede obviar o infravalorar la cuestión musulmana dentro de su comunidad. “Se ha comprobado que, a mayor proporción de musulmanes en un país, hay un mayor número de radicalizados” –explica De la Corte–. “Lo que no es cierto es que la mayoría de musulmanes residentes en esos países se haya radicalizado; estadísticamente no es lo mismo. Existe un problema de identidad de los musulmanes de segunda y tercera generación europeos, y es que no sienten la identificación de sus padres con sus orígenes, pero tampoco la sienten con el país donde nacieron. Es un problema general que no afecta solo a quien se ha radicalizado. Prima el definirse por aspectos culturales y religiosos antes que por la nacionalidad europea. Seguramente, en los próximos años en España se incremente la radicalización por estas razones, pero no es una ciencia exacta”.

Resulta fundamental establecer como punto y seguido la cohesión de recursos, instituciones y políticas. “España tiene mucho que aprender de otros países europeos en cuanto a políticas de Estado” –indica De la Corte– “Cuando se produce un atentado es fundamental que la respuesta en conjunto. Por desgracia, no ha sido así tras Barcelona. Se transmite una imagen de desorden muy dañina que puede fomentar la percepción de España como objetivo recurrente”.