No resulta accidental que sea un lugar común decir que la prostitución es la profesión más antigua del mundo. Se le menciona en los textos más antiguos. Ha sido legal en casi todas las sociedades en diferentes momentos de la historia y pese a los centenares de intentos por abolirla, sigue ejerciéndose, con o sin la anuencia de las leyes. En España de nuevo su abolición está en el tapete. En un congreso en el que la norma es el desacuerdo, progresismo y puritanismo extrañamente están de acuerdo en impulsar la nueva ley.
El debate entre el tabú y una visión “proteccionista” parte de que todas las prostitutas son víctimas. Aunque el sindicato que las agrupa se queje de que, a ellas, sobre cuyas vidas y futuro se pretende legislar, ni las convocan ni las escuchan. Toda una paradoja. A nadie se le ocurriría debatir una ley del trabajo, sin convocar a las centrales obreras. Pero las «pobrecitas” prostitutas —según los legisladores y las feministas— no saben lo que es mejor para ellas.
El anuncio
La agencia Efe reporta que la ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, anunció en la Comisión para el Estatus de la Mujer de la ONU que en los próximos días se presentará ante el Congreso de Diputados la ley que penaliza la prostitución. Impulsada por el PSOE, se pretende ampliar el artículo 187 del Código Penal para penalizar el proxenetismo, el lucro asociado y cualquier otra acción que promueva la prostitución. «No penalizará a las mujeres que ejercen la prostitución, en su mayoría víctimas de trata de personas», aclaró la ministra.
En cambio, el gobierno modificará la Ley de Extranjería para ofrecer alternativas a quienes abandonen la prostitución, como el reconocimiento de su derecho de residencia en España. La incorporación de las mujeres al mercado laboral requerirá una colaboración estrecha con organizaciones que combaten la trata sexual. Algo que ya se hace.
Para Redondo la ley surge en respuesta a la demanda de la sociedad española por la extinción de la prostitución, aunque reconoció que existen “posiciones más complejas”. La ministra dice que el trámite parlamentario permitirá incorporar los resultados de un diálogo con la sociedad y buscar el consenso del movimiento feminista. Nada dice del consenso con las afectadas.
Más antigüa que España
En todas las culturas antiguas y modernas se la prostitución está presente. Pese a los innumerables los intentos de regulación, continúa ejerciéndose casi sin cambios. Registros sumerios, que datan del año 2400 a.C., contienen la primera mención de la prostitución como oficio. El Génesis de la Biblia hace referencia a ese tipo de negocio sexual. En la Mesopotamia del siglo XVIII a.C., existían leyes para proteger a las prostitutas. El Código de Hammurabi regulaba los derechos de herencia de las prostitutas.
En la antigua Grecia, la prostitución era una actividad económica importante, especialmente en las zonas portuarias. Las prostitutas debían estar registradas y pagar un impuesto en Atenas. En Roma era legal y generalizada, había 32.000 registradas en el año I d.C.. A todas les fue entregada la licencia para ejercer el oficio, conocida como “Licentia Stupri”.
La prostitución era común en Grecia, Roma, la India, China y Japón. Los fenicios y griegos de la Edad del Bronce también la practicaban en honor a Astarté, pero terminó en el año 320 d.C. con la llegada del cristianismo. En el siglo VII el profeta Mahoma prohibió la prostitución, pero la esclavitud sexual no se consideraba prostitución. Fue común durante el comercio de esclavos árabes en la Edad Media y principios del período moderno. Una práctica que han retomado en nuestros días los radicales musulmanes como ISIS y los talibanes.
En el otro lado del mundo, las prostitutas del incanato estaban segregadas de otras personas y vivían bajo la supervisión de un agente del gobierno. Mientras que en el imperio azteca la prostitución era común y estaba regulada por las autoridades políticas y religiosas. Eran conocidas como “āhuiyani”.
Ambigüedad medieval
La prostitución era considerada un “pecado”, pero tolerada en la Edad Media. Una actitud ambigua constante en la historia. En Venecia, por ejemplo, el Gran Consejo declaró en 1358 que la prostitución era “absolutamente indispensable”. A pesar de las críticas morales y la regulación, la erradicación de la prostitución se consideraba imposible debido a su papel como “mal menor” que protegía a las familias y evitaba la homosexualidad.
En el Renacimiento continuó siendo «un mal necesario». Aunque la sexualidad seguía siendo tabú. La asociación entre las prostitutas, las enfermedades de transmisión sexual y el contagio llevó a la prohibición de la prostitución y los burdeles a principios del siglo XVI. En la Época Moderna, la “prostituta” fue reemplazada por la “cortesana”. Una figura prominente en las cortes reales.
En el siglo XIX, se desató una polémica pública por la aprobación de leyes de enfermedades contagiosas en Francia y el Reino Unido, que obligaban a las mujeres sospechosas de ser prostitutas a someterse a exámenes pélvicos. Muchas feministas lucharon por derogar estas leyes. Argumentaban que la prostitución debería ser ilegal o que los exámenes eran degradantes.
Durante el muy puritano período de la Reina Victoria, en el Raj británico en la India, el Reino Unido adoptó una política de segregación social. Pero mantuvo burdeles llenos de mujeres indias. A finales del siglo XIX y principios del XX, existían redes que prostituían a mujeres chinas, japonesas y europeas en varios países. El destino más común para las prostitutas europeas en Asia eran las colonias británicas de la India y Ceilán. Cientos de mujeres y niñas de la Europa continental y Japón servían a los soldados británicos.
Ni el comunismo pudo
En 1921, la Liga de las Naciones firmó la Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Niños, aunque algunas naciones expresaron reservas sobre la prostitución. Los gobiernos comunistas intentaron reprimir la prostitución, pero persistió, especialmente en países como China. Durante la Segunda Guerra Mundial, el imperio nipón forzó entre 20.000 y 400.000 mujeres coreanas y japonesas a prostituirse en burdeles militares.
En 1993, la ONU reconoció la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres en la Declaración de Viena. La convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer sostiene que la trata de mujeres y la prostitución forzada son formas de violencia contra las mujeres. Propone desalentar la demanda sexual para desmantelar el sistema de prostitución. Mientras que el convenio de la ONU para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena establece que los Estados deben perseguir a proxenetas y tratantes, y generar políticas públicas para quienes quieran salir de la prostitución.
No obstante, la prostitución goza de buena salud. Gracias a la globalización a finales del siglo XX, emergió el turismo sexual como un aspecto controvertido del turismo occidental. Internet también ha hecho su parte para conectar clientes con mayor privacidad y con nuevas prácticas como el cibersexo.
Devaneos españoles
La prostitución en España ha experimentado cambios significativos en su estatus legal en los últimos 200 años. Durante el siglo XIX y principios del XX, la prostitución era ‘legal’. Existían múltiples regulaciones, como la Ley de profilaxis pública de enfermedades evitables. Requería que las prostitutas estuvieran registradas y se sometieran a exámenes médicos periódicos.
La tendencia cambió en 1954 con la Ley de vagos y maleantes del régimen franquista que estableció por penas de prisión para las prostitutas. La postura franquista se endureció en 1970 con la Ley de peligrosidad y rehabilitación social que establecía medidas de internamiento y rehabilitación para las prostitutas.
Muerto Franco se relajó la legislación sobre la prostitución. En 1995 se aprobó el actual Código Penal, que elimina toda regulación relacionada con la prostitución ‘legítima’ (sin intervención de la ‘trata’ ni el proxenetismo) que deja a quienes ejercen la prostitución en un ‘limbo’. Se han presentado tres salidad: la prohibición, el abolicionismo o la legalización. La misma situación que al principio de los tiempos.
Negocio multimillonario
En España, la prostitución también es un negocio lucrativo. El Centro de Investigaciones Sociológicas estima que 3 de cada 10 hombres han pagado por tener sexo. El Reino es uno de los mayores centros de prostitución en el mundo. Mueve anualmente 4.210 millones de euros, lo que representa el 0,35% del PIB. Un actor importante en la economía nacional. Sin incluir hombres y transgéneros, los expertos estiman que entre 120.000 y 150.000 mujeres practican la prostitución en España. La cifra podría ser mayor. .
Cada vez más jóvenes reconocen haber consumido prostitución. Un estudio realizado por INJUVE en 2020, el 10,6% de los jóvenes de entre 15 y 29 años reconoce haber comprado sexo prostitución. El 3,9% de los chicos de 25 y 29 respondió que lo había hecho más de una vez. Madrid, Barcelona y Levante (con Valencia y Alicante como protagonistas) son los auténticos puntos calientes del territorio peninsular.
“Alegal”
El futuro de la prostitución se puede definir en un futuro inminente. La Constitución “protege” el trabajo de las prostitutas. Establece que “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que no constituyan delito, falta o infracción administrativa en el momento de producirse”. El Tribunal Supremo les reconoció el derecho a sindicalizarse. Aunque parezca paradójico es una actividad “alegal”. No figura en las leyes, ni aparece explícitamente contemplada en el Código Penal. No obstante, existen cuatro menciones que penalizan actividades relacionadas.
- El proxenetismo, que implica obtener beneficios de la prostitución de otra persona. Un delito penado con prisión de 2 a 5 años y multa de 12 a 24 meses.
- La trata de seres humanos, que incluye la captación, transporte, acogida o recepción de una persona mediante violencia, intimidación o engaño. Un delito que conlleva penas de prisión de 5 a 8 años.
- La contratación de servicios sexuales de menores de edad o personas con discapacidad necesitada de especial protección también es ilegal. Implica penas de prisión de uno a 4 años, o de 2 a 6 años si la víctima es menor de 16 años.
- La ‘Ley Mordaza’ (Ley Orgánica 4/2015), en vigor, regula la prostitución y penaliza la solicitud o aceptación de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público cercanas a lugares destinados a menores, con multas de 601 a 30.000 euros.
Neoabolicionismo
Existen una diversidad de modelos de regulación en el mundo. En España se sigue el modelo ‘abolicionista clásico’. Ejercer la prostitución no es ilegal, pero no está regulado por las autoridades. Sin embargo, aquellos que se benefician de la prostitución, como los proxenetas, perpetran un delito. Este modelo también se aplica en otros países europeos.
Existe, además, el modelo ‘neoabolicionista’ que considera ilegal tanto la participación de terceros en la prostitución como la compra de sexo. Este modelo se aplica en países como Francia, Irlanda, Islandia, Noruega y Suecia. Los países más permisivos con la prostitución siguen el modelo ‘regulacionista’. Permite la prostitución y, en algunos casos, los burdeles. Es el régimen vigente en Letonia, Hungría, Países Bajos, Alemania, Suiza, Austria, Grecia y Turquía.
En contraste, hay países donde la prostitución es completamente ilegal y tanto vender como comprar sexo está penado por la ley. Incluyen a Liechtenstein, Gibraltar, Croacia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, Moldavia, Albania, Serbia y Montenegro. También está el atípico caso del Estado de la Ciudad del Vaticano, donde no existe ninguna ley o mención a la prostitución entre adultos, ni regulación del proxenetismo o de la ‘trata’.
Progresismo puritano
Los promotores de la ley argumentan que la intención ley es proteger a las prostitutas, pero los críticos, especialmente las propias prostitutas, sostienen que les quieren aplicar una mezcla de progresismo puritano. El periodista Antonio Casado opina que “el Estado no debería intervenir en la decisión personal de una mujer de ejercer la prostitución”. El abolicionismo, que sostiene que las mujeres no son dueñas de su cuerpo, es considerado una postura peligrosamente patriarcal y sobreprotectora. Casado apunta a los números y dice que España en líder en sexo pagado.
«Un negocio que mueve unos 18.000 millones de euros anuales no declarados al fisco. Casi la mitad de la población masculina reconoce haber pagado por servicios sexuales», resalta.
Para el periodista, la opinión pública está convencida de que prohibir la prostitución es tan inútil como prohibir la ley de la gravedad. ¿Cómo regular una práctica que parece imposible de erradicar? La necesidad apremiante de una regulación adecuada está en juego y España se espera sin entusiasmo ver cómo el partido de Pedro Sánchez publicará su promesa abolicionista al Boletín Oficial del Estado.
Excluidas del debate
Más crítico aún es el periodista Alfredo Urdaci. Dice que las prostitutas han sido totalmente excluidas de un debate legal que amenaza su trabajo. El periodista escribió “Palabra puta”, un libro que comercializa como la voz a las silenciadas. «A pesar de las protestas masivas, con miles de prostitutas en las calles, la lucha ha sido e ignorada por los legisladores y por los medios de comunicación del establishment», asentó.
Explica que manifestaciones de más de 5.000 personas en cada convocatoria, no merecieron una línea en los diarios nacionales, ni diez segundos en los telediarios de las grandes cadenas, ni un minuto de radio, ni un comentario en las tertulias que cada mañana pretender interpretar la actualidad.
La propuesta pretende penalizar a cualquier hombre que solicite sus servicios y eliminar cualquier lugar donde puedan trabajar. Urdaci, que entrevistó a decenas de trabajadoras sexuales, encontró que las prostitutas perciben la prohibición como un acto de violencia contra las mujeres que han elegido su oficio ”y desean ejercerlo en condiciones de seguridad, con protección y derechos”.
La prostitución no es esclavitud ni las trabajadoras sexuales no están pidiendo ser liberadas ni perdonadas, mucho menos salvadas. Demandan que se les permita trabajar en paz. En sus clubes, en sus camas, la sociedad está presente y a veces, los diputados que votan en el Congreso.
El negocio del rescate
El periodista Urdaci afirma que la confusión entre prostitución y trata es un interés político y policial. A menudo se afirma que el 90% o incluso el 95% de las trabajadoras sexuales están obligadas a hacerlo. Urdaci pregunta si las cifras confusas e infladas ocultan una intención non sancta. «Si hay tantos miles, ¿por qué la policía solo detecta unos cientos cada año?», impreca.
Unas cuentas de las prostitutas «rescatadas» son extranjeras y pese a las ofertas de la policía para paralizar la deportación y ofrecer beneficios a quienes denuncien ser víctimas de redes de trata, pocas aceptan. Urdaci sugiere que la nueva ley potenciará el negocio del rescate. “Cuando todo esté prohibido, cuando todas sigan trabajando en la clandestinidad, llegará la industria de la salvación”, agrega.
En Francia, desde hace 7 años se aplica una ley similar a la propuesta en España. Recientemente, la «industria del rescate» pidió al Estado francés 2.400 millones de euros para “salvar a 40.000 prostitutas». Urdaci argumenta que es un mecanismo manipulación de la opinión pública y de los fondos del Estado: se crea o se magnifica un problema para luego presentarse como la solución, la factura de inmediato..
“La ley de abolición supondría un rotundo negocio. Condenadas a la clandestinidad, el número de mujeres clientes de las salvadoras, de los falsos samaritanos, también crecería en progresión geométrica, y por tanto la capacidad de algunas empresas sin «animo de lucro» de captar dinero público sería mucho más robusta. Alguien tiene que hacer ese trabajo”, argumenta.
Hipocresía
La psicóloga Andrea Gutiérrez García afirma que “el estatus de víctima no es ni puede ser de libre elección, ni se puede declararlas víctimas por decreto ley”. El instrumento legal reconoce no terminará con el mercado del sexo, pero “tendrá efectos pedagógicos”. “La autopercepción, la que sirve para definir el género de las personas, según la moda woke, es inválida para sentirte libre: Si eres puta, eres víctima, pero porque lo dicen los que reparten el carné de víctimas”, añade.
Urdaci critica la hipocresía de los políticos y los medios en su tratamiento de la prostitución. Señala que los diputados frecuentan clubes y pisos, y luego votan a favor de prohibir la prostitución. Una doble cara. Además, los medios de comunicación, que una vez se beneficiaron de los anuncios de citas, ahora tienen censores encargados de que ninguna voz se oponga al discurso de la prohibición. «Las leyes vigentes permiten cambios de sexo, abortos a edad temprana y “transiciones” de género desde la infancia, pero niegan a las personas el derecho a intercambiar favores por dinero. De las prostitutas se dice, para criminalizarlas, que no tienen capacidad de decisión, que no tienen formación académica, que no pueden acceder a otros trabajos. Las tres condiciones son falsas”, agrega.
Círculo vicioso
La historia demuestra que todos los intentos de abolir la prostitución han sido infructuosos. Las políticas represivas fortalecen lo que pretenden combatir, el negocio de la trata de blanca, y enriquecer al crimen organizado. A cambio, perjudican, debilitan y desprotegen a quienes supuestamente desean beneficiar: las personas que la ejercen, a menudo objetos de violaciones a sus derechos humanos por entidades estatales, especialmente la policía. Hay funcionarios que las hostigan, detienen arbitrariamente, extorsionan, amenazan y hasta someten a violencia sexual.
La mayoría de los países protegen a todas las personas contra la discriminación y no criminalizan la venta y compra de sexo. Pero carecen de leyes que protejan específicamente a las trabajadoras sexuales de la estigmatización, discriminación y violencia. Lo que las deja en una condición de vulnerabilidad extrema. Quienes ejercen la prostitución (especialmente mujeres y trans) sufren marginación y obstáculos contra sus derechos.
Si se quiere protegerlas habría que darles un marco de legalidad que vele por su seguridad, bienestar y derechos humanos. Garantizarles el acceso a servicios esenciales como la salud y la vivienda. Monarcas, intelectuales, artistas y príncipes de la Iglesia escucharon sus consejos en el pasado. No estaría de más que funcionarios y legisladores les prestaran oídos antes de intervenir en sus vidas. Ni los movimientos religiosos, el puritanismo de Estado, incluso los más férreos gobiernos comunistas han logrado acabar con el oficio más antiguo del mundo, poco se puede esperar del puritanismo «progre» y de su pacatería subalterna.
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