A los juzgados, en masa

Por Ángel Munárriz
12/03/2017

Frente al “sálvese quien pueda”, progresa la idea de que la unión hace la fuerza. Las class actions o demandas colectivas por grandes estafas masivas, sobre todo financieras, ganan terreno en los juzgados pese a la falta de tradición, las demoras y las trabas legales que favorecen a las grandes empresas e impiden un caso Erin Brockovich a la española. Asociaciones de consumidores, plataformas y bufetes de abogados en abierta competencia, se reparten la defensa de un aluvión de consumidores indignados que no sólo quieren dinero, sino también un desquite.

De Opening a Bankia pasando por Forum y Afinsa. Del caos aéreo en Barajas al software manipulado de Volkswagen. De las cláusulas suelo a las preferentes, al IRPH y al método 365/360 y a los gastos de formalización de hipoteca, por citar sólo algunos de los tongos financieros endilgados a millones de personas durante los años del todo vale.

El aluvión de casos de supuesta estafa masiva ha dejado en España, ese país está aprendiendo a leer la letra pequeña, un ejército de consumidores zombis: cabreados, desorientados, deseosos a la vez de recuperar su dinero y de ajustar cuentas, pero también de encontrar compañeros de infortunio con los que compartir maledicencias y una búsqueda de reparación. Son a la vez víctimas y clientes potenciales. Sí, en la España del siglo XXI el estafado ha alcanzado el estatus de actor sociopolítico relevante –no en vano su causa ocupa portadas en los periódicos e iniciativas en el Congreso–, pero también el de target de bufetes de abogados y asociaciones de consumidores, así como de plataformas civiles que se ubican a medio camino entre unos y otras.

A Ana Fernández, maestra jubilada de 65 años de Jerez de la Frontera (Cádiz), no le hizo ni pizca de gracia comprobar que el número de bastidor de su Audi se encontraba en el listado de coches afectados por el fraude de Volkswagen. E hizo lo que casi todos hacen cuando descubren la tostada: buscar en Google. “Vimos que Facua iba a presentar una demanda colectiva. Por 50 euros nos hicimos socios y pusimos 90 más para abogados. Nos pareció barato, la verdad. Yo veo lo que están consiguiendo en Estados Unidos y se me ponen los ojos a cuadritos. Pero la verdad es que no tengo mucha confianza en que me devuelvan gran cosa”, reconoce.

Ana no va desencaminada. Las demandas masivas son en España procesos más baratos –el procurador y los abogados se pagan entre todos– y permiten al interesado no tener que estar tan pendiente del caso como en una acción individual. Pero, al mismo tiempo, son mecanismos muy inciertos. “Se alargan mucho en el tiempo. Y se queda multitud de gente fuera porque no hay sistemas fáciles para agrupar a  los afectados”, señala Óscar Arredondo, socio del despacho Cremades & Calvo Sotelo, uno de los más activos en este campo. Jorge Mora, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), añade: “Hacen falta reformas legislativas y jurisdiccionales que aseguren la tutela judicial efectiva de los intereses colectivos y difusos”.

En la práctica, estas demandas se enfrentan a graves inconvenientes, como la dilación de los procedimientos. “En los abusos de la banca los juzgados suelen separar procedimientos. Prefieren los pleitos individuales”, añade Mora, que lamenta especialmente estas trabas por “el poderío económico y el sólido asesoramiento jurídico” de las grandes compañías.

A pesar de las dificultades, las acciones judiciales masivas se abren paso en España. La sentencia que declaró nulas las cláusulas de toda la banca en abril de 2016 provenía de una macrodemanda de Adicae en representación de más de 10.000 afectados. En la de Facua por Volkswagen hay más de 40.000 y hay otra con más de 7.000 de la OCU, que ya representó a 3.000 contra Opening y a 1.200 por el fraude de los teléfonos 903. “Lo ideal sería que hubiera mecanismos legales y de control útiles para evitar estos fraudes masivos. Y no los hay. Nosotros siempre preferimos una solución extrajudicial, pero no siempre es posible. Los bancos son los que quieren judicializar porque saben que sólo demanda un 10% de los afectados”, explica José Ángel Palacios, portavoz de Adicae.

Un caso que se llevó al cine

¿Les suena Erin Brockovich? Era una empleada de una oficina jurídica estadounidense que, sin formación legal, impulsó una macrodemanda colectiva por contaminación de agua potable contra Pacific Gas & Electric Company. El caso, llevado al cine protagonizado por Julia Roberts, ilustra las particulares características del sistema norteamericano, cuya ley federal 23 de procedimiento civil favorece las conocidas como class actions, una figura sin traducción jurídica en España.

“En EEUU se da mucho espacio a los despachos de abogados para defender a grandes grupos de consumidores. Aquí se supone que el protagonismo es de los mecanismos de control, no de la sociedad civil, por lo que hay menos opciones de demandas colectivas. Pero la realidad es que esos mecanismos tampoco funcionan”, lamenta Miguel Ángel Llamas, abogado de Demandamos.es. Su plataforma ha presentado una demanda de afectados por el método de cálculo de intereses de Unicaja (el sistema 365/360), que está pendiente de admisión a trámite, así como una reclamación al Ministerio de Educación por los préstamos renta. 

Las estrategias comerciales

Al mercado de clientes escaldados se han lanzado grandes despachos de abogados. Las centralitas de Martínez Echevarría o de Arriaga Asociados, con Iker Casillas haciendo publicidad, echan humo. Y a la vez despliegan ambiciosas estrategias comerciales. Flor Muzzio, que gestiona una página de Facebook con más de 7.000 afectados por el fraude financiero del IRPH, explica que grandes despachos se han puesto en contacto con ella para pedirle permiso para insertar publicidad.

“Les hemos dicho que no. Nuestra idea es otra. Hay que buscar la solución a través de uno mismo. En mi caso, dejé de pagar mi hipoteca. Eso es lo que hace negociar al banco”, explica. En línea con lo que defiende la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Muzzio cree que el protagonismo no debe estar ni en las asociaciones, ni en los despachos de abogados, sino en los colectivos sociales organizados para plantar cara a los defraudadores. Lo contrario, a juicio de Flor Muzzio, es un “sálvese quien pueda” que no provocará cambios de fondo.

También se reclama una mayor certidumbre normativa. ¿El motivo? Las macrodemandas implican para las grandes compañías elevados riesgos económicos y de reputación. Si el andamiaje legal es sólido y su recorrido judicial es ágil, como en EEUU, las empresas se inclinan por llegar a acuerdos con los afectados para evitar males mayores. En cambio, en España se sienten más seguras en el ámbito judicial, analiza Jorge Mora, de la OCU. Miguel Ángel Llamas reclama  mayor protagonismo para las iniciativas de la sociedad civil. “Las asociaciones de consumidores deben tener su sitio, pero está comprobado, como en el caso de Ausbanc, que también pueden corromperse”, señala.

En cuanto a los bufetes convencionales, no siempre responden a los anhelos de los estafados. “Yo no quiero pagarle a unos para que se lleven lo que me tengan que devolver los otros”, resume gráficamente Isabel Gil, profesora de Secundaria de 44 años en Ronda (Málaga). “Pero tampoco quiero hacerme socia de ninguna asociación”. Con varios frentes abiertos –su contrato hipotecario debía de ser una mina–, recurrió a Demandamos.es para el 365/360 y a la Plataforma Stop Cláusulas Suelo para quitarse el 3,5 de interés mínimo que hay en su contrato. Aún tiene que decidir por qué vía reclama los gastos de formalización de hipoteca.

“No es por el dinero. A mí por el 365/360 me deben sólo 1.500 euros. Y yo tengo trabajo y puedo pagar mi hipoteca, que es de 256 euros. Para mí es una cuestión de honor, porque la banca hizo a mis padres, siendo analfabetos, firmar como fiadores con todos sus bienes de un préstamos a mi hermano, que se quedó sin empleo. Cuando murió mi madre, en 2012, me dije: ‘Voy a por ellos’”.

Ese “a por ellos” resuena en el ejército de consumidores agraviados. No sólo se trata de dinero. Se busca también un desquite que, en muchas ocasiones, va más allá de la reparación personal del daño económico. Por eso el crowdfunding que organizó el colectivo 15mpaRato para denunciar penalmente y con éxito a la cúpula de Bankia reunió 15.000 euros en 24 horas. El fenómeno tiene un cariz práctico, pero también un aire justiciero. Y si cunde la idea de que es más fácil hallar soluciones a los problemas en la justicia que en la política, es probable que las masas hayan llegado a los juzgados para quedarse.