Largo Caballero e Indalecio Prieto son los primeros dirigentes del PSOE a quienes se les aplica la Ley de Memoria Histórica aprobada en el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Fue una propuesta de Santiago Abascal, presidente de Vox, la que logró el efecto búmeran por el cual la iniciativa de los socialistas se vuelve en su contra.
Y es que el Ayuntamiento de Madrid retirará de las calles los nombres de los dirigentes socialistas Francisco Largo Caballero, quien fue presidente de la República entre 1936 y 1937 durante la guerra civil, e Indalecio Prieto. Así se hará. El pleno le dio curso este martes a la petición de Vox que han apoyado PP y Cs.
El retiro de los nombres de estas calles lo solicitó Vox por la resolución del Parlamento Europeo -de septiembre de 2019- sobre memoria histórica. Fue la representación de Ciudadanos la que pidió que la medida se produjese usando la Ley de Memoria Histórica de 2007.
Quedarían así para el olvido los nombres de Francisco Largo Caballero, en la concurrida calle del distrito de Ciudad Lineal, y de Indalecio Prieto, en el bulevar que se encuentra en Vicálvaro. El Ayuntamiento de Madrid insta a que el Gobierno retire las estatuas en su memoria que se hallan en Nuevos Ministerios.
Fascismo, nazismo, comunismo
El concejal socialista Ramón Silva dijo que la proposición era revisionista y que «incitaba al odio». Defendió a Largo Caballero y a Indalecio Prieto por haber sido «demócratas y antifascistas», que «combatieron la sublevación golpista y fascista». A los representantes de Vox les tildó de «criminales ideológicos», que defienden «al nazismo y al fascismo».
El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, señaló: «Personajes siniestros de nuestra historia no deben formar parte de los nombres de las calles y las plazas». Defendió que «no es revisionismo, es acabar con la mentira histórica».
Largo Caballero fue presidente de la República durante la guerra civil entre septiembre de 1936 y mayo de 1937. Indalecio Prieto fue ministro bajo su Presidencia.
Una ley polémica
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007. Partió de un proyecto aprobado por el Consejo de Ministros del 28 de julio de 2006 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
Incluye el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. Sin embargo, no avala la apertura de fosas comunes en las que aún yacen los restos de la víctimas del autodenominado «bando nacional» durante la contienda.
Bajo el gobierno de Mariano Rajoy, la Ley de Memoria Histórica quedó derogada de facto, dado que en los presupuestos generales del Estado para 2013 y 2014 no se le dio dotación presupuestaria para su aplicación.
En enero de este año, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que había llegado el momento de cumplir y aplicar la Ley de Memoria Histórica porque «afortunadamente hay una mayoría parlamentaria y un Gobierno que apoya lo que representa la memoria democrática». «No ha hecho más que empezar a recuperarse», subrayó.
En esa ocasión aseguró que «una nación es poderosa en valores no tanto porque tenga grandes armas a su disposición, sino porque sabe distinguir lo que vale, lo que conforma su historia y lo que no».
Ley de Memoria Histórica, en lugar de Resolución del Parlamento Europeo
La exposición de Vox define a Francisco Largo Caballero como un hombre de «sanguinaria trayectoria política y personal». Su calle «es una ofensa para los madrileños que sufrieron sus crímenes y sus pillajes».
Hace referencia al golpe de Estado que dio Largo Caballero contra la II República en 1934, la llamada Revolución de Asturias. Ese hecho le llevó a la cárcel, aunque la sentencia final le absolvió «por falta de pruebas».
Ciudadanos presentó una enmienda a la proposición de Vox para que se sustituyera la parte en la que se solicita el retiro de las calles «en cumplimiento de la resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019″. En su lugar, pidieron que se hiciese «en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 52/2007 (la Ley de Memoria Histórica), de 26 de diciembre».
El presidente del Pleno, Borja Fanjul, justificó el apoyo a la medida con base en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que permite a las administraciones retirar escudos, placas o menciones conmemorativas «de la exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil o de la represión de la dictadura».
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