La Secretaría de Estado de España abrió un documento de consulta pública para que los ciudadanos puedan realizar aportaciones que se tendrán en cuenta en la redacción final de la Carta de Derechos Digitales, un documento que recoge una lista de derechos relacionados con la vida en el entorno digital.
El anuncio se da cuando la pandemia del coronavirus y las medidas de restricción y confinamiento han mostrado la enorme utilidad de las tecnologías digitales. El teletrabajo, la educación a distancia, el comercio electrónico, así como las plataformas sociales y de entretenimiento se han convertido en herramientas de gran utilidad para acoplarse a la nueva normalidad que impone la situación sanitaria.
Pero en este rápido avance de la tecnología, el marco legal no ha llevado el mismo ritmo. Y existe una gran preocupación por avanzar. La Carta de Derechos Digitales apunta en esa dirección.
“El objetivo es trasladar los derechos que ya tenemos en el mundo analógico al mundo digital y poder añadir algunos nuevos, como los relacionados con el impacto de la inteligencia artificial y de las neurotecnologías”, dijo Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que presentó el documento.
El texto no tiene un carácter normativo directo. Solo pretende definir qué derechos deben tenerse en cuenta al desarrollar las leyes relacionadas con el entorno digital. «Esta carta supone un marco de referencia para expresar qué derechos queremos preservar y cómo los vamos a garantizar, bajo qué marco jurídico», explicó.
Una consulta abierta
En el proceso se ha contado con numerosas contribuciones de la sociedad civil, así como el trabajo de un grupo de expertos de primer nivel. El borrador de la carta se somete ahora a consulta pública hasta el 4 de diciembre.
La elaboración de una Carta de Derechos Digitales tiene como objetivo reconocer los retos que plantea la adaptación de los derechos actuales al entorno virtual, y proponer un marco de referencia para contribuir a su protección en el contexto digital.
La Secretaría de Estado de Digitalización e IA, adjunta al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, puso en marcha una amplia consulta pública y ha impulsado trabajos e investigaciones con expertos en la materia. También con destacados juristas, representantes de usuarios e internautas y consultores de ciberseguridad, entre otros perfiles. Participan los ministerios de Justicia y Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y la Agencia Española de Protección de Datos.
Derechos y protecciones
El documento establece que los entornos digitales han de permitir ‘el acceso en condiciones de seudonimidad’. Esto significa que los usuarios tienen derecho a utilizar un seudónimo, si no quieren dar su nombre y apellidos.
También reconoce el derecho a la herencia de los bienes y derechos en el entorno digital de los que sea titular la persona fallecida. El acceso se hará conforme a las reglas generales del Código Civil y las leyes de las Comunidades Autónomas.
Establece que será responsabilidad de los progenitores o tutores que los menores de edad hagan un uso «equilibrado y responsable de los dispositivos, de los entornos digitales y de los servicios de la sociedad de la información, para garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales».
Libertades de uso
El texto recoge que los poderes públicos deben garantizar el derecho de los usuarios a la neutralidad de Internet. A tales efectos, los proveedores deberán proponer una oferta transparente de servicios. No podrá haber discriminación por motivos técnicos o económicos. La carta asegura a la ciudadanía el derecho a las libertades de expresión e información en entornos digitales, en los términos previstos por la Constitución.
Los responsables de medios de comunicación habrán de garantizar que los usuarios conozcan aquellos casos en los cuales la información:
- Se ha elaborado sin intervención humana mediante procesos automatizados
- Ha sido clasificada o priorizada por el proveedor mediante técnicas de perfilado o equivalentes
- Es patrocinada por un tercero.
También le asiste el derecho a que no se le apliquen «técnicas de análisis» que permitan ofrecer información que afecte a las libertades religiosas, de pensamiento o «creencias». También se garantiza «el ejercicio del derecho a la rectificación».
Derechos laborales
La carta garantiza a los trabajadores y empleados públicos la desconexión digital. También la protección de intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador. Igualmente, frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Además la intimidad ante la utilización de los sistemas de geolocalización.
La ordenación de la prestación laboral se desarrollará con respeto a la dignidad de la persona trabajadora. Garantiza particularmente su derecho a la intimidad, la esfera privada del domicilio, los derechos de las personas que residen en él y el derecho a la conciliación de la vida personal y familiar.
Derechos ante la inteligencia artificial y las neurotecnologías
La carta garantiza el derecho a que ningún ciudadano sea discriminado por distinciones basadas en algoritmos. Defiende que se asegure la transparencia y trazabilidad de las fórmulas de registro. También añade que las personas tienen derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en procesos de decisiones automatizadas. Reconoce el derecho a solicitar una supervisión e intervención humana e impugnar las decisiones automatizadas.
Además, reconoce que se debe informar expresamente a los ciudadanos cuando estén hablando con un sistema de inteligencia artificial y que debe garantizarse la asistencia si la persona interesada lo solicita.
El uso de las neurotecnologías será regulado por la ley con el objetivo de preservar la identidad individual, garantizar la autodeterminación y la libertad en la toma de decisiones, asegurar la confidencialidad y seguridad de los datos cerebrales y asegurarse de que las decisiones basadas en estas tecnologías no están condicionadas por programas informáticos.
También se regulará el empleo de neurotecnologías para el aumento cognitivo o la potenciación de las capacidades mentales ‘para garantizar la dignidad, la igualdad y la no discriminación’ de los ciudadanos.
Una vieja aspiración
La intención de adaptar la legislación española a la sociedad digital no es nueva. De hecho, ya se había avanzado en un grupo, compuesto por 7 expertos, que se creó en 2017 en el gobierno de Mariano Rajoy.
El equipo ya trabajó para abordar cuestiones como la libertad de información y comunicación, la privacidad, la propiedad intelectual, el derecho al olvido, la igualdad y la protección del menor, entre otros.
Otros países como Italia o Francia ya han adaptado sus legislaciones al ámbito digital. En el seno de la Unión Europea se trabaja activamente en esta materia. En los últimos años se ha avanzado en aspectos clave, como la protección de los datos personales a través del Reglamento Europeo de Protección de Datos.
Sin duda, la pandemia y el uso intensivo de la tecnología han sido factores determinantes para acelerar este proceso. La Carta de Derechos Digitales se ha hecho, en estos tiempos, más necesaria que nunca.
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