Comienza la mayor audiencia judicial sobre cambio climático: La Haya determinará las obligaciones de los Estados
Un pequeño grupo de islas del océano Pacífico, ubicadas en la subregión de la Melanesia, están a punto de hacer historia. Se enfrentan con los países grandes y líderes en emisiones de gases. Vanautu, un archipiélago de 320.000 habitantes que podría desaparecer por el cambio climático y el aumento en el nivel del mar, exige en una audiencia sin precedentes justicia climática ante la Corte Internacional de Justicia.
Ralph Regenvanu, enviado especial para el cambio climático y medio ambiente de Vanuatu, ha sido muy claro con la posición de su país frente a los estados que llevan más de un siglo sin controlar las emisiones de gases en sus territorios. «Nos encontramos en primera línea de una crisis que no hemos creado, una crisis que amenaza nuestra propia existencia», señaló este lunes en el Palacio de la Paz en La Haya.
Vanautu lidera la voz de ese concierto insular ante el alto tribunal. Indicó que la responsabilidad de la crisis climática recae directamente en “un puñado de estados fácilmente identificables” que habían producido la gran mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero que eran los que menos tenían que perder por los impactos.
En la lista de la CIJ, más de 100 países y organizaciones civiles serán escuchados en el Palacio de la Paz durante 2 semanas. La mayor vista judicial en materia climática de la historia y en los casi 80 años de trayectoria de la institución.
Vanautu pide justicia climática en la CIJ
Difícil de encontrar en el mapa por su discreto tamaño, Vanuatu es un archipiélago de Melanesia. Con más de 300.000 habitantes en 83 islas que, debido al calentamiento global, están desapareciendo bajo el agua. Sin embargo, este país solo emite el 0,02% de los gases de efecto invernadero.
Las naciones insulares que temen ser arrasadas bajo la subida de las aguas del mar ha presionado por más de tres años. De allí que la Asamblea General de la ONU pidió el año pasado a la Corte Internacional de Justicia un dictamen sobre «las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático».
«Queremos que el tribunal confirme que la conducta que ha llevado a la crisis climática es ilegal», afirmó a Associated Press, Margaretha Wewerinke-Singh, directora del equipo jurídico de la nación insular de Vanuatu.
En esta década hasta 2023, el nivel del mar ha subido una media mundial de unos 4,3 centímetros, y en algunas partes del Pacífico aún más. Además, el planeta se ha calentado 1,3 grados centígrados desde la era preindustrial debido a la quema de combustibles fósiles. Vanuatu forma parte de un grupo de pequeños Estados que abogan por una intervención jurídica internacional en la crisis climática.
«Vivimos en primera línea del impacto del cambio climático. Somos testigos de la destrucción de nuestras tierras, nuestros medios de vida. Nuestra cultura y nuestros derechos humanos», resaltó Regenvanu. Este «puede ser el caso con mayores consecuencias en la historia de la humanidad».
En la COP29, en Azebaiyán, los países llegaron casi que al límite de las negociaciones, a un acuerdo sobre cómo los países ricos pueden ayudar a los pobres a hacer frente a los desastres climáticos.
Testigos de la destrucción de una nación insular
Los países ricos acordaron reunir al menos 280.000 millones de euros al año de aquí a 2035, pero el total es inferior a los 1,2 billones de euros que se necesitan, según los expertos y las naciones amenazadas.
«Para nuestra generación y para las islas del Pacífico, la crisis climática es una amenaza existencial. Es una cuestión de supervivencia, y las mayores economías del mundo no se están tomando en serio esta crisis. Necesitamos que la CIJ proteja los derechos de las personas que están en primera línea, como es el caso de Vanautu», comentó Vishal Prasad, de Estudiantes de las Islas del Pacífico que luchan contra el cambio climático.
Quince jueces de todo el mundo tratarán de responder a dos preguntas. La primera, ¿qué están obligados a hacer los países en virtud del Derecho internacional para proteger el clima y el medio ambiente de las emisiones de gases de efecto invernadero?. Y ¿cuáles son las consecuencias jurídicas para los gobiernos cuando sus actos, o su falta de acción, han perjudicado significativamente el clima?
La segunda pregunta hace referencia a los «pequeños estados insulares en desarrollo» que probablemente sean los más afectados por el cambio climático. Y a los «miembros de las generaciones presentes y futuras afectados por los efectos adversos de la crisis».
Momento crucial para la justicia climática
La audiencia de la CIJ tendrá como resultado una opinión consultiva a lo largo de 2025 sobre Vanautu y el resto de casos. No será una decisión legalmente vinculante. Pero sí que tendrá importantes consecuencias prácticas. Lo que determine la Corte se considerará como la interpretación definitiva de la ley, lo que influirá en cada litigio climático que se dé en el futuro en cualquier país miembro de la ONU, que son prácticamente todos los países del mundo.
Estas audiencias se desarrollarán hasta el próximo 13 de diciembre. Significan la culminación a un camino que iniciaron en 2019 un grupo de estudiantes de la Polinesia. «Hoy es un día histórico para todos. Ha sido un largo camino que empezamos hace cinco años en el Pacífico», asentó desde La Haya Vishal Prasad, uno de los impulsores de la iniciativa.
«Es un momento crucial en la lucha por la justicia climática. Cuando otros sistemas están fallando, incapaces de proporcionar soluciones, tenemos que encontrar mecanismos alternativos», agregó.
Antes de las audiencias, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático informó a los jueces sobre los fundamentos científicos del aumento de la temperatura global, recogió Euronews. El caso de la CIJ se produce después de varias sentencias en el mundo que ordenan a los gobiernos que hagan más para reducir las emisiones de gases tóxicos.
En mayo, un tribunal de derecho marítimo de la ONU declaró que las emisiones de carbono se consideran contaminación marina. Y que los países deben tomar medidas para adaptarse a sus efectos adversos y mitigarlos. Este fallo se produjo un mes después de que el máximo tribunal europeo de derechos humanos declarara que los países deben proteger a su población de las consecuencias del cambio climático.
Decisiones acertadas y desacertadas
Los procesos judiciales para determinar las responsabilidades de países y empresas sobre el cambio climático han visto un crecimiento exponencial en los últimos años, como una nueva vía de afrontar esta crisis.
Estos casos, conocidos como litigios climáticos, se han duplicado entre 2017 y 2023. Actualmente hay 2.540 sumarios abiertos en 54 jurisdicciones de todo el mundo, según datos del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia.
En septiembre, uno de los mayores procesos hasta ahora por su magnitud, culminó con una victoria parcial para el ecologismo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, condenó a Suiza por su inacción climática. Fallando a favor de una asociación de mujeres de la tercera edad. Era la primera vez que esta corte internacional condenaba a un estado por este motivo. Aunque desestimaba la principal demanda en juego, la de seis jóvenes portugueses contra su país y otros 31 estados europeos.
En noviembre, un tribunal neerlandés dio la razón a la multinacional Shell en una causa por su responsabilidad en las emisiones globales. Y dio marcha atrás a una sentencia anterior que obligaba a la petrolera a reducir un 45% sus emisiones. Este revés supuso un golpe para los activistas. Se espera que la decisión de la CIJ aporte claridad y un criterio común a los litigios todavía por decidir en el mundo y en Vanautu, amenazado por el aumento del nivel del mar.
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