Aunque los funcionarios deberían ocuparse del mejor funcionamiento del Estado y servir a la sociedad, se convierten en agentes de control y cometen abusos de poder que restringen derechos fundamentales
La burocracia se ha convertido en un fenómeno inquietante. En lugar de ser un sistema que protege a los ciudadanos, se ha transformado en un instrumento de control social. Recientemente, un incidente con la periodista británica Allison Pearson evidenció esta tendencia. Fue investigada por un por un tuit que publicó, un reflejo de cómo las instituciones pueden abusar, y abusan, de su poder. La burocracia, alejada de la moralidad, permite que se produzcan abusos.
No son situaciones aisladas. En lugar de actuar como defensores de la justicia, muchos burócratas se convierten en agentes del control. Un fenómeno que recuerda las advertencias de Frank Kafka sobre el poder despersonalizado y opresivo. En novelas como El proceso y El castillo, Kafka describe sistemas burocráticos opresivos y deshumanizantes que privan a los individuos de su autonomía y dignidad. Una burocracia ineficiente, sin transparencia y con la tendencia a perpetuar el poder sin responsabilizarse de sus actos.
La burocracia debería facilitar el funcionamiento del Estado y servir a la sociedad. Sin embargo, muchas veces se convierte en herramienta de control. En tiempos de crisis, como la pandemia o la reciente DANA en Valencia, sus limitaciones son más evidentes. La rigidez burocrática puede entorpecer respuestas rápidas a problemas urgentes y llevar a una desconexión entre el Estado y sus ciudadanos.
Decisiva en las políticas públicas
La burocracia es determinante en la implementación y aplicación de políticas públicas. Su efectividad depende de la competencia y profesionalismo de los burócratas responsables de ejecutar las decisiones políticas. Cuando está bien estructurada puede facilitar el cumplimiento de objetivos, mientras que una ineficiente obstaculiza el progreso.
La rotación frecuente del personal afecta la continuidad y estabilidad necesarias para instrumentar políticas efectivas y la falta de claridad en los procesos puede llevar a un uso indebido de la discrecionalidad y alterar los resultados esperados. La ausencia de información también limita la evaluación del impacto de las políticas. Una burocracia competente garantiza la ejecución adecuada, la rendición de cuentas y la transparencia..
Cuando se convierte en un instrumento de control, limita derechos ciudadanos. Al establecer normas y procedimientos pueden entorpecer el flujo de información y silenciar las voces críticas Ocurre en contextos en los se invocan razones de seguridad nacional para aplicar restricciones indebidas. Además, la falta de transparencia en las decisiones burocráticas impiden o dificultan el acceso a la información y el ejercicio efectivo de la libertad de expresión.
Una burocracia que actúa sin supervisión e impone sus propias reglas erosionan los derechos democráticos, las libertades y establecen un ambiente de control autoritario. Ocurre cuando se establecen horarios, procedimientos, normativas que tienen como objetivo hacer su trabajo más fácil y cómodo, pero sin importarles las necesidades de la ciudadanía. Si las rutas del transporte colectivo se trazan para beneficiar a los conductores y no para servir las necesidades de los pasajeros, se comete un acto de corrupción.
Tácticas para coartar la libertad de expresión
- Regulaciones excesivas: las leyes y normativas de la burocracia pueden imponer controles y restricciones desproporcionadas al discurso público, como sanciones administrativas por opiniones críticas o disidentes.
- Censura administrativa: se puede aplicar censura previa o controlar el acceso a plataformas de comunicación, para limitar el flujo de información y el debate público.
- Uso indebido de leyes: leyes antiterroristas o de seguridad nacional pueden ser manipuladas para silenciar a periodistas, activistas o ciudadanos que critican al gobierno.
Policía del pensamiento
El caso de la periodista del Telegraph, Allison Pearson captó la atención por las implicaciones para la libertad de expresión. La columnista de 64 años de edad se vio envuelta en una controversia al ser investigada por la policía de Essex por un post que fue eliminado porque supuestamente incitaba al odio racial. La investigación comenzó un año después de haberlo publicado, algo que plantea preguntas sobre la proporcionalidad y la pertinencia de la intervención policial.
La periodista expresó sorpresa y descontento Calificó la actuación policial como «una intrusión excesiva en su vida privada». Afirmó que nunca había publicado contenido racista y criticó el enfoque policial, sugiriendo que deberían centrarse en problemas más urgentes, como el crimen violento. El secretario del Interior de Shadow, Chris Philp, también abogó porque la policía se centre en investigar la criminalidad real.
«Es ridículo que figuras públicas, periodistas y ciudadanía en general estén recibiendo atención policial por expresar opiniones. La policía debe concentrarse en el crimen genuino, no en el pensamiento».
La acción fue rechazada por el propio dueño de la red social X, Elon Musk, quien escribió en su cuenta: “Esto tiene que parar”. El ex primer ministro Boris Johnson la calificó de indignante.
Excesivo despliegue
El caso involucró a tres de las fuerzas policiales más grandes de Gran Bretaña. La Policía Metropolitana recibió inicialmente el informe como una posible violación de la Ley de Comunicaciones Maliciosas. Luego se pasó a la Policía de Sussex, que lo marcó como un posible incidente de odio sin crimen y de comunicación maliciosa, antes de ser transferido a la Policía de Essex, que abrió una investigación formal bajo la sección 17 de la Ley de Orden Público de 1986, relacionada con material supuestamente susceptible de causar odio racial.
Aunque el instrumento legal permite a las autoridades investigar incidentes que puedan «provocar o fomentar odio racial», muchos consideran que hubo un uso desproporcionado de la ley y una amenaza a la libertad de expresión. El comisionado de policía, Roger Hurst, admitió que hay un debate sobre si es apropiado que los agentes inviertan tiempo en investigar publicaciones en redes sociales que no constituyen delitos claros.
En la sociedad se ha suscitado preocupaciones sobre la posibilidad de que se establezca un ambiente de vigilancia sobre el discurso público, en el cual las personas se sientan intimidadas para expresar sus opiniones por miedo a represalias legales.
No es el primer incidente
En 2021, Harry Miller llevó a la policía a la corte y ganó. Lo investigaron por presuntos tuits transfóbicos. También la policía visitó a la escritora feminista Julie Bindel por unos comentarios que publicó en 2019. Y a la fundadora de Sex Matters, Maya Forstater, la sometieron durante 15 meses a una averiguación de Scotland Yard por “crímenes de odio” sobre la base de una publicación en redes sociales.
Incidentes similares se repiten alrededor del mundo. En especial en naciones donde los gobernantes utilizan leyes sobre «incidentes de odio» para silenciar voces críticas. Por ejemplo, en Filipinas, periodistas han enfrentado juicios por difundir opiniones consideradas ofensivas o peligrosas por el gobierno. Igualmente, las autoridades de Turquía han llevado a cabo una represión sistemática contra los medios de comunicación y las redes sociales. A través de leyes vagas y ambiguas, han silenciado a periodistas y opositores políticos.
En los últimos años, a la burocracia ha ejercido un control férreo sobre la ciudadanía y restringido derechos con el pretexto de mantener el orden público o preservar la seguridad nacional. Un ejemplo es que durante la pandemia de COVID-19 un total de 83 naciones ejecutaron medidas que limitaban la libertad de expresión, atacaban a los críticos y cerraron medios de comunicación. Una tendencia preocupante a utilizar la burocracia para limitar el debate público y ejercer control sobre la libertad de expresión.
Un caso relevante es la aprobación de la «Ley Mordaza» en España en 2015, que impone sanciones severas por protestas y limita el uso no autorizado de imágenes de la policía. Muchos ciudadanos y activistas se sienten intimidados si expresan sus opiniones o participar en manifestaciones. Crea un clima de autocensura y debilita el derecho a estar informado a la libertad de expresión.
Caso Venezuela
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado leyes y regulaciones para justificar la detención de periodistas y opositores políticos acusándolos de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria. En este contexto, detenidos enfrentan juicios sin el debido proceso. Un patrón de abuso burocrático. La situación ha empeorado desde las elecciones del 28 de julio. Más de una docena de comunicadores permanecen detenidos. El Sindicato de Trabajadores de la Prensa ha denunciado el uso arbitrario de leyes y normativas para silenciar a los comunicadores. Los juicios han presentado múltiples irregularidades, como la falta de acceso a abogados defensores a los expedientes.
La burocracia ha sido instrumentalizada para crear una clase privilegiada conocida como «boliburguesía». Este término describe a empresarios y funcionarios que se han enriquecido bajo el amparo del régimen chavista, aprovechando contratos estatales y prácticas corruptas. La que se implantó en Venezuela ha facilitado una simbiosis entre el poder político y los intereses empresariales que controlan los medios y restringe las críticas. La burocracia puede ser utilizada para perpetuar un sistema que limita derechos fundamentales a través del miedo y la censura.
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