La cuñada del fiscal Karim Khan, Venkateswari Alagendra, forma parte del equipo de defensa de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional
Países de la región están dando pasos en firme para bloquear el continuismo del régimen en Venezuela. Brasil, se convirtió en uno de los obstáculos para el ingreso del país al BRICS, frustrando las aspiraciones de Nicolás Maduro que viajó confiado a Rusia para asistir a la cumbre y, por otro lado, Argentina insiste en exigir a la Corte Penal Internacional (CPI) que emita una orden de detención en contra del mandatario. ¿Qué pasa con el fiscal Karim Khan?
Argentina es el único país que cuenta con una jurisdicción internacional que le permite investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en otras naciones. En septiembre, la Cámara Federal de Buenos Aires tomó la decisión de ordenar la captura de Maduro, en el marco de una causa abierta a inicios de 2023 por una denuncia en su contra presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), basada en el principio de jurisdicción universal.
La Justicia argentina acusa a Maduro y sus colaboradores de ser responsables de un “plan sistemático” para llevar a cabo una brutal represión, torturas, detenciones arbitrarias, secuestros y ejecuciones en su país, según informaron medios locales.
La World Jurist Association, organización no gubernamental que aglutina a expertos en derecho a nivel internacional, organizó el foro ‘Víctimas, defensores y justicia internacional’ en Madrid. El tema principal del debate ha sido la violación de Derechos Humanos en Venezuela. Se enfatizó en la necesidad de que la CPI, que tiene abierto un expediente del caso venezolano, atienda la recomendación de la justicia argentina y ordene la detención de Maduro.
Piden a la CPI que ordene detención de Maduro
Los abogados argentinos Tomás Farini Duggan y Elisa Trotta, desde el FADD, realizaron una investigación sobre las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela.
El resultado de su investigación, expuesto en el foro de World Jurist Association y reseñado por El Mundo, dio bases jurídicas a la cancillería argentina para instar a la CPI a solicitar una orden de detención contra Maduro. Ante el «agravamiento de la situación» tras las elecciones presidenciales del 28 de julio y los consecuentes hechos «que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad».
Según Farini, el equipo de la FADD pudo probar, entonces, que en Venezuela «hay crímenes de lesa humanidad» y que «no existe un poder judicial independiente que pueda juzgar estos delitos, sino que es un apéndice del Estado». Entretanto, Elisa Trotta, que además de argentina es venezolana, sostuvo que “no basta condenar, hay que actuar».
Consideró que la decisión de la cancillería argentina es «histórica». «Ha marcado un hito y nos ha movilizado, no sólo a los venezolanos, sino a todos los demócratas que apoyamos la búsqueda de justicia y de parar la impunidad que rige en estos casos», dijo la abogada.
Con las investigaciones lideradas por Farini y Trotta, la justicia argentina emitió esa orden de captura. Ahora depende de la CPI. De momento, no lo ha hecho y Farini ha comentado que no entiende el porqué. «No hay una explicación lógica. Existen pruebas sobradas para determinar que existen crímenes de lesa humanidad en Venezuela», indicó el experto.
El Foro Penal Venezolano registra 1.936 presos políticos, 68 de ellos menores de edad. Además, la ONU ha emitido informes que evidencian las torturas y violaciones a los Derechos Humanos que padecen los venezolanos contrarios al régimen.
Terrorismo de Estado en Venezuela
Elisa Trotta durante su intervención se dirigió a los líderes de todos los países del mundo. «En Venezuela el tiempo se mide en víctimas. Llegó el tiempo de la comunidad internacional, y eso se traduce en acciones más allá de la expresión política».
La abogada de la Oficina Pública para la Defensa de las Víctimas de la CPI en Italia, Paolina Massidda, hizo un balance de las investigaciones desde la Corte. Afirmó que está de acuerdo en que el fiscal de la CPI, Karim Khan, debe atender a la recomendación argentina y exigir la orden de detención de Nicolás Maduro.
Carmen Ladrón de Guevara, abogada española y docente experta en terrorismo explicó que «la diferencia entre el terrorismo convencional y el terrorismo de Estado es que el origen de ese terror está en el propio Estado. Y se utiliza como una forma de hacer política». De ahí, adicionó, la importancia de que la justicia en Venezuela llegue desde fuera.
«Cuando el perpetrador de los delitos es el Estado, la justicia internacional juega un papel fundamental. Y es a quien le corresponde ofrecer esa justicia a las víctimas para repararlas, facilitarles el duelo y reconocer lo que ha ocurrido», resaltó.
Esta iniciativa la propuso también en agosto, Amnistía Internacional al hacer pública una Carta Abierta al fiscal de la CPI.
“Los acontecimientos posteriores a las elecciones encajan plenamente en la investigación de su Oficina, iniciados en 2021. Desde que se anunciaron los resultados sin respaldo y los cuales fueron impugnados, las autoridades intensificaron una política de represión de forma generalizada. Incluye detenciones arbitrarias masivas por motivos políticos, desapariciones forzadas y tortura”.
¿Qué pasa con el fiscal Karim Khan?
Amnistía Internacional manifestó a la CPI que “si bien este tipo de hechos no son nuevos en Venezuela, el silencio de su Fiscalía ante los recientes acontecimientos es alarmante. No se puede afirmar con mayor contundencia que el actual aumento, en escala y gravedad, de los actos que se están cometiendo contra las y los venezolanos exige una acción inmediata de su Fiscalía”.
La Fundación Arcadia, una organización no gubernamental con sede en Washington, dirigido por el venezolano Robert Carmona Borjas, sostuvo que el fiscal Karin Khan se encuentra en un conflicto de intereses. Su cuñada Venkateswari Alagendra forma parte del equipo de la defensa de Nicolás Maduro ante el CPI.
La ONG presentó una solicitud formal de recusación ante la CPI contra Khan, argumentando que el vínculo “compromete la imparcialidad del fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial”.
También pidió el nombramiento de un fiscal independiente para asegurar que la investigación y el enjuiciamiento continúen «sin sesgos o apariencia de conflicto de intereses”.
Asimismo, solicitó una investigación sobre violaciones éticas de la CPI para determinar si la no divulgación del conflicto de intereses por el fiscal constituye una violación de sus obligaciones éticas y del Código de Conducta.
Este código obliga a sus miembros abstenerse de cualquier conflicto que pueda derivarse de “un interés personal en el caso. Incluida una relación conyugal, parental u otra relación familiar, personal o profesional estrecha con cualquiera de las partes”
«Esta relación, revelada recientemente por fuentes creíbles y reputadas, como The Washington Post, plantea serias preocupaciones sobre la imparcialidad y transparencia exigidas bajo el Estatuto de Roma. Así como en los marcos jurídicos internacionales más amplios que rigen las operaciones de la CPI», señaló Carmona Borjas
Mala conducta y con un historial controvertido
El Tribunal Penal Internacional anunció la apertura de una investigación sobre el fiscal Karim Khan. El propósito es esclarecer si incurrió en algún tipo de mala praxis tras la reciente publicación de una información que desvela un supuesto acoso sexual a una empleada. El jurista británico ha negado los abusos que se le atribuyen.
La Asamblea de Estados Parte del TPI ha activado el Mecanismo de Supervisión Interno a raíz de “informaciones públicas”, sin aludir directamente a un artículo divulgado por el diario británico Daily Mail el pasado fin de semana y que apunta directamente a Khan.
El citado mecanismo examinará “de manera independiente” las acusaciones de “mala conducta”, según el tribunal. Instancia que ha recalcado en un comunicado su “política de tolerancia cero” hacia situaciones de “acoso. Incluido el acoso sexual, discriminación y abuso de autoridad”.
El historial de Khan en materia que le atañe como fiscal de la CPI es amplia, va más allá del vínculo de su cuñada con Maduro. En sus inicios tuvo entre sus clientes a figuras como Seif al Islam, hijo del que fuera líder libio, Muamar al Gadafi. O Charles Taylor, expresidente de Liberia acusado de crímenes de guerra.
También defendió al entonces vicepresidente de Kenia William Ruto. Acusado de instigar la violencia postelectoral que dejó más de 1.200 muertos en 2007. E incluso consiguió que el tribunal desestimara el caso. El hecho de que Kenia fuera uno de los países que lo impulsaron a la CPI sembró dudas sobre el proceso.
Su visita a Israel tras los ataques de Hamás le valieron críticas de aquellos que veían una inclinación hacia el bando israelí. Mientras que la investigación sobre los sucesos en los territorios palestinos parecía quedar relegada y detenida.
