Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena -Valencia, Venezuela- se infiltraron en un grupo de WhatsApp de estudiantes que cuestionaban el fraude electoral del 28 de julio y el respaldo del rector de ese centro de estudios a la patraña que montó el CNE y les abrieron un expediente. Para librase de la denuncia ante la Fiscalía que maneja Tarek William Saab, los obligaron a firmar un arrepentimiento público y aceptar la suspensión hasta por dos semestres. Toda una cátedra de coerción.
Una tarde a mediados de agosto pasado, Odreman (nombre ficticio) revisó su teléfono móvil y entre sus mensajes era como cualquier otra para O. Acababa de terminar sus deberes estudiantiles había una notificación de Google que le advertía que la dirección de correo electrónico que usaba como estudiante de la privada Universidad Arturo Michelena presentaba fallas.
Quiso ingresar a la cuenta para resolver el problema, pero su sesión había sido cerrada por una orden de inhabilitación de la propia universidad. Enseguida revisó su usuario en la plataforma que la casa de estudios utiliza para cargar las notas y procesar los pagos de matrículas. Tampoco le permitía la entrada. Estaba bloqueado.
Su caso no era único, decenas de otros estudiantes también tenían el acceso cerrado a su cuenta Google vinculada a la plataforma online de Universidad Arturo Michelena. Los afectados trataron de obtener una explicación de las autoridades universitarias y su solución. No hubo respuesta, ni se trataba de un asunto menor. Mientras tenían cerrado el acceso no podían entregar las asignaciones ni presentar exámenes. Prácticamente tenían cancelados los estudios universitarios.
Te arrepientes o te aplico la ley del odio
Pasados unos días, los estudiantes fueron convocados por la Consultoría Jurídica de la universidad a una reunión en la nueva sede de la universidad en el centro histórico de Valencia, estado Carabobo. Cuando Saúl (nombre ficticio de otro de los estudiantes con el acceso bloqueado a la plataforma online) se presentó ante el «tribunal», uno de los docentes le preguntó si sabía por qué lo habían convocado. Saúl le respondió tajantemente que no.
Pedro Flores, vicerrector académico y consultor jurídico, que encabezaba la inquisición, lo contradijo con «las pruebas en la mano». Sacó una carpeta con cuatro folios con las capturas de pantalla de los comentarios que Saúl había intercambiado a través de WhatsApp con un grupo de estudiantes. Si bien aceptaba que sus comentarios le parecían algo sarcásticos, los directivos universitarios los encontraban ofensivos e instigadores de odio.
Lo instaron a firmar un “acta de apercibimiento”. Lo hizo sin leerla, Cuando recibió la copia se enteró que debía presentar desde sus redes sociales una disculpa pública a la UAM y dejar de emitir críticas o mensajes que sus directivos pudieran calificar como “expresiones ofensivas”. De no cumplir lo estipulado, advertía el documento, habría consecuencias, la peor entre 20 y 30 años de prisión por delitos tipificados en la Ley contra el Odio aprobada por la Asamblea Nacional y refrendada por el presidente Nicolás Maduro Moros.
Una sanción disciplinaria «por tu bien»
El vicerrector académico, Pedro Flores; el director académico de la Facultad de Humanidades, Letras y Artes, Luis Cabrera; y el abogado y docente de la universidad, Fredy Martínez, argumentaron que «la sanción disciplinaria que les imponían era por su bien». Una vez aceptada, tendrían la oportunidad de resolver el conflicto mediante una vía institucional establecida por las autoridades. Lo contrario sería enfrentar el sistema judicial de la República Bolivariana de Venezuela y las investigaciones de la Fiscalía General de la República.
Flores manifestó a los estudiantes que como autoridades de la Universidad Arturo Michelena ellos podían poner en manos de los organismos policiales y judiciales las capturas de pantalla de los mensajes en Whatsapp en las redes sociales de los estudiantes para que se encarguen de la averiguación correspondiente. «Estamos ante un delito, pero la universidad desea resolverlo en el ámbito académico y universitario. Deseamos evitar que las consecuencias sean más graves, lo cual no garantiza que los órganos judiciales o policiales no inicien una averiguación de oficio o por instancias de alguna persona que se sienta afectada”, amenazó.
La Consultoría Jurídica de la UAM tenían cada caso documentado en un expediente como el que habían mostrado a Saúl. Las indagaciones las hizo una comisión designada por la universidad. Su integrante no fueron identificados aduciendo «razones de confidencialidad”.
Los casos fueron clasificados en tres categorías: «Menos grave», «grave» y «gravísimo”. La severidad de las penas se correspondería con esa clasificación. Así, a los “menos graves” y “graves” solo se les exigía la firma del acuerdo de “arrepentimiento”. Los “gravísimos” debían escoger entre retirarse voluntariamente de la casa de estudios por dos semestres consecutivos o sufrir una expulsión de por vida.
No digas nada, estás identificado
Además, advirtieron a los estudiantes que no se molestaran en publicar sus historias o hablar con periodistas, porque tenían documentado caso por caso y, si alguno lo hacía, ellos sabrían de quién se trataba.
Más de sesenta estudiantes recibían en la nueva sede de la Universidad Arturo Michelena una amonestación-castigo sin precedentes en la educación universitaria, violatoria de los derechos humanos, la leyes de la república y la ética universitaria. Combina restricciones a la libertad de expresión con vigilancia electrónica por una comisión encubierta dedicada a monitorear comentarios en chats grupales de mensajería o en redes sociales.
Asimismo, se les acusa de transgredir con esas publicaciones la normativa que cada uno había aceptado por defecto al momento de inscribirse. Algo absurdo e ilegal, nadie está obligado renunciar a su libertad de pensamiento y expresión por ninguna circunstancia, mucho menos para estudiar.
Haber infiltrado y espiado grupos privados de Whatsapp es una seria irregularidad. Es una violación a la privacidad de las comunicaciones, que garantiza el artículo 48 de la Constitución de Venezuela y ninguna norma disciplinaria puede suplantarla.
«Si alguien cuestiona o insulta de manera pública al rector en el recinto universitario, puede ser sancionado, pero no si lo hace en una conversación privada y en la intimidad. Además, las opiniones no estaban relacionadas con un episodio universitario sino con el fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro el 28 de julio», manifestó un abogado.
Analista electoral de la noche a la mañana
Días antes de las elecciones presidenciales un grupo de estudiantes utilizó la plataforma de Whatsapp para comentar y burlarse de las declaraciones que Giovanni Sebastián Nani Lozada, rector de la UAM a los medios de comunicación.
El rector Nani Lozada, ingeniero de profesión, empezó a encarnar en público el rol de un analista político-electoral, una faceta nueva. En una declaración aseguró haber realizado un “análisis predictivo” sobre los resultados de las presidenciales y aseguraba que el candidato a la reelección, Nicolás Maduro, despuntaba como favorito para ganar la contienda con el 53% de los votos. Aseguraba que utilizaba data proveniente de un estudio de opinión del Centro de Medición e Interpretación de Datos Estadísticos (CMIDE 50.1), una encuestadora con muy mala reputación.
Los comentarios en el chat de los estudiantes no eran amables con Nani y escalaron en intensidad y virulencia en las redes sociales. Muchas personas se sumaron al grupo y no todas eran conocidas. Algunos eran infiltrados, espías de las autoridades universitarias.
El rector Giovanni Nani ha utilizado antes las mismas técnicas de infiltración y vigilancia en grupos de WhatsApp en ámbitos distinto del universitario. Nani infiltró un chat denominado Periodismo Activo, que mantienen reporteros y editores del estado Carabobo, y como no le gustó un comentario de la periodista María del Rosario Charito Rojas, intentó demandarla por «difamación continuada». Charito rojas se exilió.
«Todo es mentira, estamos comprometidos con el pluralismo ideológico»
En la página web de la universidad, con fecha 23 de agosto, se publicó un desmentido sobre los rumores de expulsiones:
«La Universidad Arturo Michelena desmiente categóricamente los rumores que han circulado sobre una supuesta expulsión de estudiantes de la institución por expresar su opinión política. Estas afirmaciones son completamente infundadas y carecen de cualquier base en la realidad, además de contradecir los valores y principios fundamentales de nuestra casa de estudios. Reitera su firme compromiso con la libertad de expresión y el pluralismo ideológico.
«Como institución educativa, nos enorgullecemos de ser un espacio abierto al diálogo, donde diversas corrientes de pensamiento conviven en un ambiente de respeto mutuo y tolerancia. La diversidad de opiniones es un pilar esencial en la formación de nuestros estudiantes, y la promoción del debate constructivo sigue siendo una prioridad en nuestra misión académica.
«El Dr. Giovanni Nani Lozada, rector de la Universidad Arturo Michelena, ha reafirmado públicamente que “en las universidades tienen cabida todas las ideologías políticas”. Esta declaración refleja fielmente la postura institucional de la UAM, que siempre ha fomentado el libre intercambio de ideas como parte integral del desarrollo académico de sus estudiantes.
«La Universidad Arturo Michelena hace un llamado a la comunidad universitaria y al público en general a verificar cualquier información antes de difundir rumores que puedan afectar la reputación de nuestra institución. La UAM seguirá siendo un bastión del conocimiento, la libertad y la diversidad de pensamiento».
Con información de Armando.Info
