El Reino de España da un respiro en medio de la larga cadena de reveses que ha sufrido en los tribunales internacionales por los recortes a las renovables. El Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversores del Banco Mundial encontró un conflicto de intereses en el árbitro propuesto por el demandante y anuló un laudo arbitral que condenaba a España a pagar 128 millones de euros al fondo Eiser.
Es el primero de los casi 50 pleitos internacionales mantenidos por España con inversores extranjeros por el recorte retroactivo a las fuentes verdes. En conjunto, reclaman más de 10.000 millones de euros en varios tribunales.
En búsqueda de transparencia
El comité ad hoc de la Corte de Arbitraje del BM, que revisaba el laudo fallado en 2017 a petición de España, dictaminó que el búlgaro Stanimir A. Alexandrov, árbitro propuesto por los demandantes, el fondo británico Eiser Infrastructure Limited y su filial Energia Solar Luxembourg, mantenía relaciones comerciales con el despacho de abogados de los demandantes, Allen & Overy, y con los peritos presentados por ellos.
Se trata de una denuncia que el Gobierno español, defendido por la Abogacía del Estado, había planteado, denegando los pagos y solicitando la anulación del laudo.
El Ciadi considera ahora que «no se puede sostener que un tribunal se ha ‘constituido correctamente’ cuando un árbitro, cuya capacidad de formular un juicio independiente se encuentra en duda, es nombrado para formar parte de o continúe siendo un miembro de un tribunal».
La sentencia destaca que «cierta interacción» entre los árbitros, abogados y peritos que se dedican a arbitrajes de inversión «resulta inevitable». Sin embargo, «a mayor cantidad de ‘vínculos’ entre ellos, a través de casos y, en particular, en distintos roles, mayor será la probabilidad de que estos den origen a conflictos».
«Por consiguiente, en aras de una conducción justa y objetiva de los procedimientos de arbitraje, estos deben declararse y hacerse específicamente del conocimiento de las partes y de los otros árbitros», finaliza
Una larga cadena de reveses
España acumula 52 procedimientos arbitrales en diferentes instancias. La inmensa mayoría de las demandas, un total de 46, tienen su origen en los recortes de la retribución a las energías renovables. Y de estas, casi una docena están en manos del Ciadi.
Hasta la fecha, la corte arbitral del Banco Mundial ha dictado 11 laudos contra el Reino de España por los recortes a las renovables. El más reciente, en enero de este año, condenó a España al pago de más de 80 millones de euros. El monto incluye 77 millones de indemnización y 3,3 millones de costas. A la cifra hay que sumarle los intereses acumulados al fondo de capital riesgo Bridgepoint.
Esta firma, asesorada por el bufete internacional Allen & Overy, elevó el litigio al Ciadi, tras verse perjudicada por los ingresos de 8 plantas eólicas que suman una potencia de 333 MW. Dicha inversión ocurrió en 2011.
La derrota frente a los inversores de Bridgepoint se suma a la de HSBC (reclamaba 92 millones), SolEs Badajoz (41 millones de indemnización), Nextera (290 millones), Antin (101 millones), Masdar (64,5 millones), Eiser (128 millones), Novenergia (53,3 millones), 9REN (41,7 millones), Greentech (39 millones) y Demeter y Cube (33 millones).
Esto significa que la factura acumulada supera los 800 millones de euros. Sin embargo, España se resiste a pagar y está dando la batalla en Estados Unidos. Muchos de estos inversores están tratando de confirmar sus laudos en ese país, para poder ejecutar bienes del Estado español situados en territorio estadounidense.
Los recortes a las renovables
El primer gobierno de Mariano Rajoy ejecutó una durísima reforma energética y asestó un fuerte recorte a las las subvenciones que recibían las energías renovables. El Ministerio de Industria acabó con el sistema de ayudas verdes que existía. Ese programa daba subvenciones en función de la energía que se producía. Fue reconvertido en una garantía de una “rentabilidad razonable” a los proyectos durante toda su vida. El resultado, en la práctica, fue un hachazo de unos 1.700 millones de euros al año a las subvenciones que cobraban las renovables.
El proceso comenzó en el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aplicó una primera ronda de recortes de las ayudas a las energías renovables, cuando se vio desbordado por el boom de plantas, causado por las subvenciones. Pero fue la Legislatura siguiente la que aplicó un verdadero estacazo a los subsidios.
El fuerte recorte desató un alud de demandas en instancias internacionales. Las acciones han sido emprendidas por inversores que contaban con las ayudas que el Estado español les había garantizado durante 25 años.
La respuesta española
El balance es ciertamente negativo. Las condenas suman 821 millones de euros. Aunque la cifra es mucho menor en comparación con los 1.700 millones que pedían los demandantes. Ahora bien, el país aún no ha desembolsado cantidad alguna, los juicios están abiertos todavía.
No obstante, España ganó en 2016 dos laudos en la Cámara de Comercio de Estocolmo por Isolux y Charanne. Más recientemente, a finales de 2019, obtuvo otras dos victorias arbitrales frente a la empresa pública de energía de Múnich, Stadtwerke München, y el fondo BayWa.
Como una forma de acabar con las demandas, el Gobierno aprobó en noviembre pasado el Real Decreto-ley 17/2019. El recurso permite a los demandantes mantener una rentabilidad del 7,4% hasta 2031 si renuncian a sus reclamos. En caso contrario, la rentabilidad será del 7,1% hasta 2025 y después se reducirá hasta un 4,5%.
La decisión que acaba de anunciar el Ciadi no tiene que aplicarse necesariamente a otros laudos que España ha pedido anular. Sin embargo, deja al descubierto los fallos del sistema. La batalla por los recortes de primas a las renovables continúa.
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