Por Cambio16
26/01/2018
Los juzgados españoles mantienen su lucha contra los procesados por corrupción. Una batalla que va más allá de los casos más mediáticos. Y que supone una vigilancia constante hacia las administraciones públicas. También hacia los funcionarios. Así como de las empresas que realizan contrataciones con dichas administraciones.
Solo en el tercer trimestre de 2017, los jueces y juezas españoles concluyeron un total de 20 procedimientos por corrupción. En ellos en se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 99 personas. Todas ellas fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. Por tanto, han sido procesados por corrupción.
Son datos del repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial. Se han conocido este viernes. Y se han obtenido tras la incorporación de la información correspondiente al tercer trimestre del año.
Los delitos de los procesados por corrupción
La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública. Es decir, es la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos. Pero también a gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos. Como uno de los elementos del tipo está la afectación de dinero público. Abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Cuando se habla de procesados por corrupción se tienen en cuenta distintos tipos penales. Entre ellos, delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).
Número de sentencias
Así, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, los Juzgados y Tribunales dictaron 21 sentencias en procedimientos por corrupción. De ellas 17 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 80,9% del total. La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad. Así como las parcialmente condenatorias. Tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba. O porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados.
Así, el repositorio permite también conocer el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre. La cifra que recoge la base de datos, y que en este caso corresponde al último trimestre del año pasado, es de 69 personas condenadas. Así figura en el Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia.
Los más repetidos
Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son los siguientes por orden. Primero estarían los de prevaricación administrativa. A los que les siguen los de malversación y prevaricación urbanística. Entre estos delitos se incluyen los perpetrados contra la ordenación del territorio, urbanismo, medioambiente y patrimonio histórico.
Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Un organismo dependiente del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña. Esos datos se refieren a la población reclusa.
La población reclusa
En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario. Bien como penados o bien en situación de prisión preventiva. Así, tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de enero de este año había en España 74 penados. Lo estaban en 40 casos, con el de malversación como delito principal. Y en otros 21 con el de cohecho. Así como 13 preventivos.
El repositorio, que fue presentado el pasado 12 de enero, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es. Y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores. Entre otras, se pueden buscar las personas acusadas y los procesados por corrupción. También se puede acceder a los distintos procedimientos. Se pueden consultar las sentencias dictadas, etc. Todos estos datos se actualizan trimestralmente. Y cada trimestre, las autoridades judiciales las hacen públicas a través de sendas notas de prensa.