La coalición del Gobierno está interesada en aprobar cuanto antes, la Ley de Cambio Climático y espera colocarla para su remisión en el Senado, después de Semana Santa. Para ello, el PSOE y Podemos buscan mayores adhesiones a los fines de que el apoyo sea holgadamente mayoritario. Al proyecto, discutido en Cámara Baja, se le han presentado 757 enmiendas.
El texto legal superó la fase de ponencia del Congreso con el respaldo de las bancadas oficialistas. Así como de ERC, EH Bildu, PNV y Teruel Existe. Mientras el resto de organizaciones se mantiene contraria o con reserva.
Para Más País-Equo la ley nace obsoleta y es insuficiente para hacer frente al reto climático. Íñigo Errejón, portavoz en la Cámara, advirtió al Gobierno de coalición que su posición, de momento, es la de votar en contra.
Entretanto, Cs o PP consideran que el ritmo de actuaciones que plantea la ley puede tener importantes consecuencias para el sector productivo. Y generar desajustes económicos que se deben tener en cuenta.
Diego Gago, del Partido Popular, argumentó que el proyecto aprobado en la ponencia es «pobre» y con una gran falta de «diálogo previo». Refirió que el Gobierno empezó primero con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y, luego con la Ley de Cambio climático. De esta manera, el proyecto ha tenido que «autoenmendar sus objetivos». Manifestó que en un proyecto de 36 artículos ha tenido tantas enmiendas
Vox, por su parte, se fue más allá. No solo es contrario al proyecto sino que presentó una enmienda a la totalidad de ley.
El diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde exaltó las bondades del proyecto, una vez incluidas las modificaciones. «Aunque los apoyos actuales son suficientes para la aprobación de la ley, esperamos y deseamos que de aquí al proceso final se sumen más grupos”.
Modificaciones a la Ley de Cambio Climático
En el periodo de discusiones el proyecto original ha sufrido transformaciones. López de Uralde comentó que el texto ahora es mejor en eficiencia y ambición. Adelantó que uno de los ajustes incorporados, está referido a la importancia de garantizar la armonización y el desarrollo económico de las zonas receptoras de centrales de energías renovables, respetando los valores ambientales del territorio.
El objetivo de reducción de emisiones pasa del 20 al 23% como meta de 2030. Y el de penetración de renovables en el consumo final de energía, del 35 al 42%. Asimismo, se ha elevado del 70 al 74% el input renovable en el conjunto del sistema eléctrico y se ha mejorado el objetivo de eficiencia energética hasta el 39,5%, precisó el diputado.
Sin embargo, indicó que existe «voluntad» de introducir otra modificación referida a que estos objetivos sean revisados en 2023.
Además, confió que el artículo 8 de la Ley de Cambio Climático supondrá el fin de la exploración y explotación futura de hidrocarburos y la minería de uranio a partir de la entrada en vigor de la ley. Con ello se dará por terminado «sin lugar a dudas» el proyecto de mina de uranio en Retortillo (Salamanca), en proceso de tramitación administrativa.
El parlamentario sostuvo que «ya no se darán más permisos de exploración o explotación a materiales con propiedades radiactivas o fisionables. Esto es muy importante para el progresivo final de la energía nuclear y fósil para pasar a una 100% renovable. Que se sume el fin de los proyectos de minería de uranio refuerza el contenido de la ley».
En ese contexto, comentó, que el texto refuerza la prohibición de las explotaciones de hidrocarburos.
Metas e inversiones
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) prevé que la generación eléctrica en España sea 100% renovable en 2050.
Este plan, aprobado con antelación a la Ley de Cambio Climático, supone la necesidad de desplegar un importante esfuerzo en la década que ahora comienza. En vista de que, en 2030, el país deberá reducir en un tercio las emisiones de gases de efecto invernadero,
Asimismo, el sistema eléctrico deberá contar con un 42% de renovables sobre el uso nacional de la energía y un 74% en la generación eléctrica.
Y se deberá movilizar un volumen sustancial de inversiones en el periodo 2020-2030, superior a 200.000 millones de euros. Además, implicará la modernización del sistema productivo, la mejora de la calidad de vida de los españoles y la generación de empleo neto.
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