POR CAMBIO16
18/09/2017
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que el plan de los independentistas catalanes de celebrar un referéndum independentista el próximo 1 de octubre es «ilegal», por lo que ha advertido que las fuerzas políticas que incurran en ese «delito» tendrán que asumir «responsabilidades penales».
«Un referéndum es un proceso que se basa en una convocatoria, que no existe porque ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, y trae consigo un conjunto de elementos materiales: censo, urnas, papeletas, locales donde votar, tarjeta censal, una administración electoral. Ninguno va a existir en este proceso, por lo tanto no habrá referéndum», dijo Catalá en entrevista al diario La Razón.
El ministro indicó que Madrid está dispuesto a dialogar «de todos los problemas» con las autoridades catalanas, pero negociar «exigiendo que el diálogo forme parte ese referéndum es hacerlo imposible desde el inicio».
Al respecto instó a la Generalitat a no crear tensiones «enfrentando a unos catalanes con otros«, y añadió que el Gobierno español no va a caer «en ninguna trampa de provocación de altercados» de orden público.
Asimismo adelantó que en caso de que se efectúe el referéndum, Madrid utilizará «todos los mecanismos» para garantizar que la ley se cumpla.
«Estamos en presencia de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación (…) Un referéndum contra la Constitución no puede ser democrático. Es un delito y tiene una responsabilidad penal. Y si son 700 -los alcaldes- los que cometen un delito, serán 700 los que los que irán a juicio», advirtió Catalá, explicando que si todos esos regidores son inhabilitados entonces serían sustituidos por sus concejales.
Alcaldes investigados
El sábado, un grupo de alcaldes catalanes que mostraron su apoyo al referéndum de autodeterminación del próximo 1 de octubre, y que están siendo investigados por la Fiscalía General de España, fueron recibidos en el Ayuntamiento de Barcelona y el Palacio de la Generalitat, en un acto que tenía como fin rechazar lo que consideran «la persecución judicial de los ediles» por parte de Madrid.
«Esto no va de independencia, va de defensa de los derechos y las libertades de Cataluña», dijo en su intervención la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para quien las citaciones judiciales que ya han recibido algunos de los regidores catalanes son una «vergüenza».
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