Desde el golpe de Estado el 1 de febrero, Birmania es un país convulsionado y que lucha por restaurar la democracia. Más de 54 manifestantes, incluidos 5 menores, han muerto a balazos y cientos de personas han resultado heridas. La represión del régimen es brutal en contra de las mayorías civiles.
En las protestas, la policía y el ejército arremeten sin contemplación con municiones reales y gases lacrimógenos contra las manifestaciones diarias. Además, alrededor de 1.500 personas han sido detenidas y más de 1.200 continúan arrestados. Entre ellos, políticos, activistas, periodistas y monjes. La líder depuesta Aung San Suu Kyi, de 75 años, se encuentra incomunicada. Al igual que parte de su equipo de gobierno legítimamente elegido
La junta militar, encabezada por Min Aung Hlaing, continúa con una campaña de desinformación en los medios oficialistas. Insiste en que hubo fraude electoral en los comicios del pasado noviembre. Aunque estos fueron validados por observadores internacionales, y en la correcta actuación de las fuerzas de seguridad.
Los manifestantes exigen al Ejército que permita la vuelta a la democracia y reconozca los resultados, en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia. Triunfo que había obtenido también en 2015.
Golpe de Estado, represión, censura y redadas nocturnas
La desobediencia civil se ha instalada en las calles de Birmania contra el golpe de Estado. Concentraciones, huelgas y marchas se suceden en forma creciente en las principales ciudades.
Internet y las redes sociales tienen un papel fundamental en las protestas. De información, convocatoria y cohesión en la sociedad civil birmana. En respuesta, la junta militar corta todas las noches el acceso a redes sociales como Facebook y Twitter. Para evitar que los ciudadanos se organicen y compartan vídeos, pero muchos se salta el bloqueo mediante programas VPN.
Mientras tanto, la policía y el Ejército aprovechan la oscuridad y la censura a los medios de comunicación y las redes para multiplicar las redadas nocturnas, allanamientos y detenciones.
Además, se ha alertado sobre la supuesta ocupación de las fuerzas de seguridad de varios hospitales públicos. En ese sentido, el portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, manifestó su «profunda preocupación». Y lo considera «totalmente inaceptable».
Desde Naciones Unidas recuerdan que los hospitales son, y deben seguir siendo, «lugares de refugio y neutralidad inequívoca. Para garantizar la seguridad de los pacientes que reciben atención médica», particularmente importante durante una pandemia mundial.
Reiteró la condena del Secretaría General de la ONU a la violenta represión y al uso de la fuerza letal. «Volvemos a pedir que se respeten los derechos a la libertad de reunión y de expresión del pueblo de Birmania. Mientras se manifiesta pacíficamente y expresa sus esperanzas y deseos para el futuro de su país», dijo Dujarric.
Actuación de la ONU: suspende colaboración ambiental
Con antelación, el 27 de febrero, la junta militar despidió al embajador de su país ante la ONU, Kyaw Moe Tun. La medida se produjo justo un día después de que el diplomático pidiera utilizar “todos los mecanismos necesarios” para recuperar el orden democrático en su país.
Días después, la ONU suspendió proyectos climáticos que requieren trabajar con el gobierno militar. «No han anunciado oficialmente la suspensión, pero no hay más actividades», señaló un experto de Birmania.
«Lo que es seguro es que gran parte del trabajo de adaptación y mitigación realizado con apoyo internacional como el Fondo Verde para el Clima. Así como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial se detendrá», agregó al referirse al golpe de Estado en Birmania.
El vocero regional de la ONU, con sede en Bangkok, David Swanson, señaló que hacen un seguimiento de los acontecimientos. “La organización reafirma su compromiso de apoyar al pueblo de Birmania en su búsqueda de la democracia. La paz, los derechos humanos y el imperio de la ley”, aseguró.
Entretanto, Matthew Baird, abogado medioambiental que ha trabajado en Birmania durante más de siete años, manifestó que la junta no tiene ningún interés en los temas ambientales. «Podría significar la extracción continua de combustibles fósiles, particularmente petróleo y gas natural, y deforestación. A la par, muchas zonas del país agrario luchan contra la escasez de agua”.
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