La modesta pero creciente producción en Perú de hidrocarburos y sus derivados aporta ingresos adicionales a su economía y sociedad. Sin embargo, ese discreto auge ocasiona importantes daños ambientales asociados a los procesos de exploración y explotación de crudo y otros, en mayor medida, a los derrames de petróleo.
La Sociedad Peruana de Hidrocarburos cuantificó una producción de 45.390 barriles por día en mayo de 2022, cantidad superior en 10% respecto al mismo mes del 2021. Precisó que entre los lotes o bloques con mayor producción destaca el Lote 8, en Loreto. Uno de los yacimientos petrolíferos más grandes y antiguos en la Amazonía peruana. También destacó los riesgos de salud inherentes a 50 años de extracción continua de crudo.
Un estudio, impulsado por las federaciones indígenas, financiado por el gobierno pero coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destaca el impacto ambiental y a la sociedad. Recientemente ocurrió la peor emergencia ecológica registrada en la costa peruana, con el vertido de crudo en la terminal portuaria de Ventanilla. El 15 de enero, unos 11.900 barriles de petróleo cayeron al mar a unos 30 kilómetros al norte de Lima. El derrame ocurrió mientras el buque tanque Mare Doricum, de bandera italiana, descargaba crudo de la petrolera española Repsol en la refinería La Pampilla.
Derrames de petróleo Perú, riesgos al ambiente y la salud
El estudio del Lote 8 ofrece un panorama sombrío de contaminantes que se han esparcido a través de los humedales inundados estacionalmente. Describe los derrames de petróleo a lo largo de los ríos Corrientes y Chambira, y en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. La compleja hidrología de la región implica que el agua fluye en diferentes direcciones durante el ciclo de inundación. Posiblemente removiendo sustancias contaminantes que se han sedimentado o permeado la turba en los amplios pantanos de palma de la región, señala la red mundial de la ONU para el desarrollo que se muestra interesada en dar seguimiento a estos vertidos.
Ismael Hernández, químico ambiental, coordinó la parte ambiental del estudio. Una de las mayores sorpresas fue descubrir las distancias que recorrían las sustancias contaminantes, como metales provenientes del agua caliente y salada bombeada de los pozos junto con el petróleo crudo y que durante décadas fueron desechados a ríos y arroyos.
La ecotoxicóloga estadounidense Diana Papoulias encontró peces con petróleo en sus branquias que, al ser destripados y fritos, olían a diésel. Esos peces, capturados en el río Marañón, indican que la filtración de crudo se extiende por los pantanos y que los peces estaban entrando y saliendo de un área contaminada.
El informe señala que la contaminación es tan extendida que el saneamiento del daño puede ser imposible. La prioridad, indicó Hernández a Mongabay, debe ser proteger la salud humana y luego tratar de restaurar los ecosistemas. Supone prohibir en algunas áreas actividades como cazar, pescar y recolectar frutos u otros alimentos. Mientras los ecosistemas se recuperan.
Regiones desatendidas por gobiernos y empresas
El químico ambiental comentó que rescatar esos ecosistemas “tendría que ser bajo un programa de largo plazo”. Los humedales impactados por derrames de petróleo requieren el monitoreo periódico del agua, suelo, sedimentos, peces y otros alimentos,.
Asimismo Papoulias se refirió al alto nivel de contaminación y a que las áreas contaminadas han estado desatendidas o que fueron descontaminadas con técnicas deficientes. Subrayó que tanto las compañías que han operado el lote como las agencias supervisoras del Estado no han protegido ni el medioambiente ni la salud humana.
“Esencialmente, en el Lote 8 nunca se hizo trabajo de descontaminación. La remota ubicación de las áreas contaminadas les ha funcionado a las compañías como “una especie de tarjeta para librarse de ir a la cárcel”, señaló Papoulias.
Patricia Tipian, de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que la exposición a contaminantes provenientes del último medio siglo de operaciones petroleras incrementa la vulnerabilidad de los grupos indígenas que también sufren por la falta de servicios públicos básicos como agua, saneamiento y atención médica. «Se requiere la presencia del Estado, pero también de que las empresas asuman con responsabilidad los impactos que ocasionan. Realizando un actividad hidrocarburífera que solo beneficia a la empresa extractiva, ya sea estatal o privada”, refirió.
Vandalismo y petróleo, el gran impacto
Se han registrado muchos los derrames de petróleo en la comunidad de Nueva Alianza, ubicada sobre el río Marañón, en la región de Loreto en el norte de Perú. Hubo una fuga en el oleoducto que atraviesa la comunidad y los pobladores trataron de sellarla. El derrame provenía del sitio donde se había producido una fuga en enero y a pocos kilómetros de distancia. El oleoducto transporta el crudo desde la Amazonía hasta la costa del Pacífico. Dos miembros de la comunidad se colocaron trajes protectores y vadearon el canal tanteando el ducto. Encontraron una abertura de unos 20 centímetros de largo en un costado de la tubería. «Uno de los hombres dijo que a abertura había sido hecha con una sierra», recogió Mongabay.
Apenas unos días antes, en la comunidad vecina de Monterrico, alguien había hecho 32 cortes en el oleoducto, 26 de los cuales habían perforado el metal de la tubería. En julio, un supervisor del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería acudió a la zona para inspeccionar el daño, acompañado por líderes de la comunidad.
“Nos sentimos muy dolidos por este acto vandálico en nuestra jurisdicción. El canal de flotación desemboca en la quebrada del Patoyacu, y al frente vivimos nosotros”, dijo Segundo Rodríguez Macusi, el apu de la comunidad de Monterrico. Con ambos incidentes, llega a cinco el número de casos de vandalismo este año en el oleoducto en la parte baja del río Marañón. En 2016 hubo una serie de incidentes similares.
Contaminación, más contaminación
Nadie ha sido acusado de los actos de vandalismo reportados. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Sede Nauta, en el Bajo Marañón, indicó que carece de personal y presupuesto para investigar.
Mientras tanto, los líderes de las comunidades aprovechan cada derrame para presionar a las autoridades para reunirse con ellos. Sus demandas por lo general incluyen la provisión de agua potable, asistencia alimentaria, atención de salud, mejoras en la infraestructura educativa, y empleos.
La falta de agua potable resulta especialmente crítica en la mayoría de las comunidades amazónicas, donde ríos y arroyos son la fuente principal de este recurso para consumo humano. Virtualmente todas las fuentes de agua que han sido analizadas resultan inseguras debido a la presencia de contaminantes como metales o bacterias.
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